Colombia
11.04.05
Intervenciones urgentes
Colombia: Llamado Especial Defensores - Enero / Febrero 2005
LLAMADO ESPECIAL: Situación de los defensores de derechos humanos en Colombia
enero - febrero 2005
CONTEXTO GENERAL
El pasado 18 de enero, la Corte Constitucional colombiana dictó su fallo sobre la acción de Tutela presentada por 22 ONG, en la que se solicitaba del presidente Uribe que se retractara acerca de sus afirmaciones en las que calificó a ciertos defensores de derechos humanos de “politiqueros al servicio del terrorismo”. Si bien el fallo no resolvió a favor de las ONG, la Corte subrayó “el mandato imperioso” de dar protección y garantía a los defensores de derechos humanos por parte del gobierno, al tiempo que trazó un marco sobre lo que puede decir en público el presidente. En concreto, la instancia suprema de la nación asevera en su sentencia que “las alocuciones públicas del Presidente de la República no son absolutamente libres (...) deben respetar estrictos parámetros de objetividad y veracidad (...).”
Los días 3 y 4 de febrero de 2005, tuvo lugar en Cartagena de Indias la segunda reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional (MCCI) para Colombia, con el fin de continuar el diálogo político y de cooperación iniciado en Londres el 10 de julio de 2003. La MCCI es un mecanismo informal de coordinación diplomática de países y organismos multilaterales conocido como G-24, creado por iniciativa del gobierno colombiano y, cuyo propósito es reorientar la cooperación internacional para hacerla más eficaz y articulada al Plan Nacional de Desarrollo. El G-24 está compuesto por: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, México, Noruega y Suiza, los 25 Estados miembros de la Unión Europea y, la Comisión Europea, la ONU y sus agencias, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La nueva estrategia de cooperación presentada por el gobierno colombiano busca que los donantes encaucen su ayuda hacia seis temas: mantenimiento de bosques, reinserción, desarrollo productivo y alternativo, fortalecimiento del estado social de derecho y derechos humanos, programas de desarrollo y paz, desplazamiento y asistencia humanitaria.
En este contexto, un grupo de Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales adoptaron una declaración conjunta sobre la reunión de Cartagena en la que manifiestan sus inquietudes respecto a la participación de los países miembros de la Unión Europea en dicha reunión y el necesario seguimiento de la Declaración de Londres, adoptada en 2003. En su declaración, las ONG manifiestan que la reunión de Cartagena constituye un intento del gobierno colombiano de incluir a la comunidad internacional en su política de seguridad democrática y de militarización del país. Asimismo, deploran el apoyo expresado al gobierno colombiano en el nuevo texto de Conclusiones sobre Colombia, adoptado el pasado 13 de diciembre de 2004, por el Consejo de Europa, ya que lo consideran un “lamentable respaldo al proceso de configuración de un nuevo modelo de Estado autoritario basado en la seguridad.” Por lo tanto, afirman que la presencia de la UE en Cartagena debería servir para activar la cláusula democrática y pedir que se cumplan las recomendaciones internacionales y que se diseñe una política estatal de paz para el país.
Respecto a la declaración final de Cartagena, su contenido ha sido objeto de varias críticas, ya que el mismo es considerado como un texto ambiguo y lleno de omisiones. Es preciso destacar la omisión de los términos “conflicto armado interno” y “crisis humanitaria” y, la utilización, en su lugar, de los términos “situación de violencia interna” y “situación humanitaria”. De acuerdo con esta crítica, este cambio en el lenguaje implica la negación de la existencia del conflicto y le permitiría al Gobierno cubrir los excesos oficiales y la violación de los derechos humanos. Otra de las críticas, se refiere a la ausencia de un llamado a la flagrante violación al cese de hostilidades por parte de los paramilitares y a la no mención del retiro del Enviado Especial para asuntos de Paz de Naciones Unidas. Por otro lado, dentro de los aspectos positivos de la declaración, los círculos no gubernamentales ven con buenos ojos que el G-24 haya ratificado la Declaración de Londres y que haya reiterado su apoyo a las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario en el caso colombiano.
MIEMBROS DE ONG
Amenazas / Hostigamiento / Judicializaciones
Enero: El Observatorio ha sido informado de nuevas presiones y hostigamientos en contra de miembros de la Organización Femenina Popular (OFP), en particular, contra la Sra. Yolanda Becerra, coordinadora general de la OFP y sobre la circulación de un falso rumor que aseguraba que había sido asesinada. De acuerdo con las informaciones, el 27 de enero hacia las 10h50, un paramilitar ingresó en la sede central de la OFP solicitando hablar con la directora; éste fue identificado por el personal de seguridad de la Sra. Yolanda Becerra, y fue sacado de las oficinas. Dicha persona abandonó la sede, pero minutos más tarde, otros dos paramilitares pasaron en bicicleta frente a la misma sede de la OFP en actitud observadora. Por otro lado, según la información recibida, el ° de enero, cuatro hombres armados aparecieron en el barrio de Nuevo Palmira, al tiempo que la Sra. Becerra estaba visitando a su señora madre, en el mencionado barrio.
Según las informaciones, el 24 de enero, entre las 5h30 y 6h00 de la tarde, dos paramilitares se situaron en una de las esquinas del edificio donde se encuentra la sede de la OFP, en Barrancabermeja y, se acercaron a tocar y golpear la puerta, para luego dedicarse a observar hacia adentro a través de las ventanas de la misma. Asimismo, las informaciones indican que, a lo largo del mes de enero, ha habido amenazas e intimidaciones dirigidas contra la Sra. Gloria Amparo Suárez y contra las coordinadoras de proceso de la OFP, en los municipios de Cantagallo y San Pablo.
Enero/febrero: Se cerró el proceso penal por el delito de rebelión, iniciado el 14 de mayo de 2003, en contra de los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CJP), los Sres. Danilo Rueda, Abilio Peña, Enrique Chimonja, la Sra. Ana María Lozano y el religioso, padre Daniel Vázquez (COL 004/0903/OBS046). La Fiscal Segunda Especializada adscrita a la unidad de Derechos Humanos tomó la decisión de abandonar el proceso, luego de un extenso análisis en el que se desvirtuaron las declaraciones de los falsos denunciantes y falsos testigos.
No obstante, el 11 de febrero, fue iniciado un nuevo proceso judicial (en etapa preliminar, hasta el momento) por rebelión en contra de los siguientes miembros de la Comisión Justicia y Paz: la religiosa Hna. Alette La Torre, la Sra. Johana López, los Sres. Wilson Gómez, Oscar Albarracín, Enrique Chimonja, la Sra. María Eugenia Mosquera, los Sres. Santiago Mera, Leonardo Jaimes, Abilio Peña y Danilo Rueda. Además, se pretende vincular a este nuevo proceso a la acompañante internacional, Sra. Tania Halle, de la organización canadiense Proyecto Acompañamiento y Solidaridad con Colombia (PASC).
De acuerdo con las informaciones, la Comisión de Justicia y Paz fue informada de esta nueva denuncia penal luego de varios actos de hostigamiento a miembros de dicha Comisión y de los Consejos Comunitarios, por parte de militares en las cercanías de las Zonas Humanitarias de “Pueblo Nuevo” y “Nueva Esperanza”, así como en el caserío de La Grande. En cuanto a las acusaciones, éstas versan sobre el supuesto acompañamiento En cuanto a las acusaciones, éstas versan sobre el supuesto acompañamiento realizado por los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de la supuesta entrega de ayuda humanitaria en el sitio conocido como Costa de Oro la cual sería destinada a la guerrilla. Las acusaciones son aun más arbitrarias pues este tipo de actividades no hace parte del trabajo que realiza la ONG Justicia y Paz y no hay ninguna prueba de su vínculo con algún grupo armado.
Estos hechos indican una vez más que, las técnicas de represión, destrucción y control, han sido cambiadas por los montajes (procesos) judiciales, cuyo objetivo es la destrucción moral y política del proceso de los retornados al Cacarica como Consejos Comunitarios asociados en las Comunidades de Autodeterminación, Vida, y Dignidad, del Cacarica (CAVIDA).
Enero/ febrero: El Observatorio ha recibido informaciones sobre los siguientes actos de hostigamiento de los que ha sido objeto, la Dra. Teresa de Jesús Cedeño presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos humanos (CPDH) en Arauca por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): interceptación telefónica (23 de enero); robo intimidatorio de la placa que identifica su oficina (25 de enero) y, seguimiento por un individuo en motocicleta (3 de febrero). Cabe destacar, que con anterioridad, el Observatorio ha recibido informaciones sobre la detención arbitraria y hostigamiento judicial de los que ha sido objeto la Dra. Teresa Cedeño (ver llamado urgente del Observatorio COL 002 / 0803 / OBS 037 de 6 de agosto de 2003; y, llamado especial Observatorio junio/noviembre 2003).
La Dra. Teresa de Jesús Cedeño se beneficia, desde 2002, de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su protección, debido a las constantes amenazas de las ha sido objeto por parte de paramilitares en la región donde trabaja.
MUNDO SINDICAL
Amenazas / Hostigamiento / Malos tratos
10 de febrero: En torno a las 11h00 de la mañana, fue recibida en la sede de la Federación Nacional de Cooperativas Agrarias (FENACOA), ubicada en Bogotá, una amenaza de muerte en contra del Sr. Antonio Guerrero García, Gerente nacional de FENACOA. Asimismo y de acuerdo con las mismas informaciones, en dicha amenaza se declaran como objetivos militares: la Sra. Edilia Mendoza, dirigente Nacional de la Asociación Nacional de Usuarios del Campo - Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR) y los Sres. Eberto Díaz, Presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) y Germán Bedoya, Presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA). A esta amenaza se suman, según los informes, los constantes seguimientos y hostigamientos de que han sido víctimas estos líderes (ver carta Abierta al Presidente de Colombia, Sr. Álvaro Uribe Vélez del 22 de febrero de 2005).
18 de febrero: La Unión Sindical Obrera (USO), recibió información de fuentes fiables, sobre la existencia de planes de asesinato en contra de los dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera (USO), los Sres. Jorge Gamboa Caballero (Presidente), German Osman Mantilla (Fiscal) y Nelson Díaz Vargas (Tesorero). Asimismo, las informaciones recibidas por el Observatorio, señalan que los medios de comunicación han registrado las amenazas por parte del Bloque Capital de los paramilitares, recibidas durante el mes de febrero. De acuerdo con las informaciones, los hechos anteriores forman parte de una acción sistemática que tiene por objetivo aniquilar la organización sindical. En dicha acción, han resultado involucrados tanto paramilitares como miembros de la inteligencia militar. Cabe destacar que, ante la delicada situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó hace tres años, medidas cautelares dirigidas al Estado colombiano, a fin de proteger a los miembros de la USO.
Detenciones Arbitrarias
16 de enero: En el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, fueron detenidos 17 educadores. Entre éstos se encuentran líderes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), a saber, los Sres. Over Dorado Cardona, Iván Castro Reinosa y Francisco Alirio Salazar. De acuerdo con las informaciones, las detenciones se llevaron a cabo en el marco de las manifestaciones realizadas en contra del examen de admisión, abierto a todos los profesionales de diferentes sectores, para ingresar a la Planta Docente de la Educación Pública organizado por el Ministerio de la Educación.
Según los informes, la represión de los educadores en el marco de demostraciones contra el concurso público también se llevó a cabo en otras partes del país.
SOCIEDAD CIVIL
Desaparición forzada
11 de febrero: El Sr. Miguel Caro, de 53 años de edad, miembro de la Oficina de Saneamiento Ambiental del municipio de El Castillo, en el Departamento del Meta, y conocido líder campesino de la región, en donde ha sido Presidente de varias Juntas de Acción Comunal, desapareció ese día en horas de la tarde, cuando salió del casco urbano del corregimiento de Medellín del Ariari luego de visitar el Centro de Salud y una cochera (lugar de crianza) de marranos, en desarrollo de sus funciones de trabajo. Al Sr. Miguel Caro, se le vio salir en su motocicleta, manifestando a algunos de los habitantes del lugar que regresaría hacia las 4h00 de la tarde. Sin embargo el Sr. Miguel Caro no regresó ni ese día ni los días siguientes, ni se conoce nada sobre su paradero ni sobre su integridad personal.
De acuerdo con las informaciones, el Sr. Miguel Caro había manifestado su preocupación sobre el hecho de que los paramilitares tomaran represalias contra él y contra otras personas, que el 11 de noviembre de 2004 instauraron una demanda contra varios funcionarios públicos entre ellos el alcalde Sr. Arvey Martínez, por delitos de corrupción.
Asesinatos
26 de enero: En medio de un operativo militar de la Brigada XVII, fue asesinado el líder campesino Sr. Pedro Murillo, habitante del Territorio Colectivo del Jiguamiandó, en el Departamento del Chocó. Niños y mujeres fueron testigos y víctimas de las acciones graves cometidas por el ejército en dicho operativo. Se les obligó así mismo a firmar documentos en los que declaran que han recibido un buen trato por parte de las Fuerzas Militares.
19 de febrero: Hacia las 6h30 de ese día fue asesinado el Sr. Rafael Enrique Prins Velásquez, Edil de la Comuna No. 1 de la ciudad de Manague, Departamento de Bolívar, por un civil armado y encapuchado, mientras conversaba con varios pobladores cerca del “Parque de Energía”.
De acuerdo a las informaciones, cabe destacar que días antes de su homicidio, el Sr. Rafael Enrique Prins Velásquez, publicó en el diario “APOCALIPSIS” (el cual es de su propiedad) fuertes críticas contra el mal manejo administrativo en el Fondo Municipal de Tránsito y Transporte. Así también, a través de la publicación de una hoja volante, denunció las irregularidades en la contratación y ejecución del Plan de Atención Básica en Salud (PAB), dirigido por la Secretaría de Salud.
21 de febrero: Según fuentes fidedignas, ese día fueron torturados y ejecutados extrajudicialmente el Sr. Luis Eduardo Guerra Guerra, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Departamento de Antioquia, por miembros de la Brigada XI del Ejército. Durante los hechos ocurridos en cercanías de la vereda “La Resbalosa” también fueron ejecutados su compañera Bellanira Areiza Guzmán, y su hijo, Deiner Andrés Guerra, de 11 años de edad, al igual que el Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos, su esposa y sus dos hijos de 6 y 2 años de edad (ver llamado urgente COL 002/ 0205/ OBS 017).
Amenazas/ Hostigamiento
26 de febrero: La casa del Sr. Manuel Denis Blandón, representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Jiguamiandó fue rodeada por un grupo de 10 hombres armados con insignias de la AUC y de los batallones Botijeros y Bejarano de la Brigada XVII del Ejército. De acuerdo con las informaciones recibidas, los hombres armados se retiraron del lugar, luego de recibir señales de otro grupo armado (no se ha informado de qué procedencia) compuesto por más de 30 elementos que se unieron y formaron un solo grupo, los hombre armados cruzaron el río Jiguamiandó y permanecieron vigilando la zona unas cuantas horas.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas amenazadas, que luchan tanto por la defensa de los derechos humanos como por la defensa de los derechos de los trabajadores, y en general de todos los defensores de derechos humanos y de sus familias en Colombia;
ii. poner fin al hostigamiento de que son víctimas los defensores de derechos humanos en Colombia, sobretodo por parte de las autoridades, como en el caso de acusaciones verbales y legales en represalia a la defensa de los derechos de su comunidad;
iii. ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas, atentados, asesinatos y demás violaciones de los derechos humanos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
v. garantizar el respeto de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1998;
vi. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Direcciones :
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra-París, 11 de abril de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y fax: FIDH : + 33 (0) 1 43 55 20 11 / + 33 (0) 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29 - E-mail:
observatoire@iprolink.ch
enero - febrero 2005
CONTEXTO GENERAL
El pasado 18 de enero, la Corte Constitucional colombiana dictó su fallo sobre la acción de Tutela presentada por 22 ONG, en la que se solicitaba del presidente Uribe que se retractara acerca de sus afirmaciones en las que calificó a ciertos defensores de derechos humanos de “politiqueros al servicio del terrorismo”. Si bien el fallo no resolvió a favor de las ONG, la Corte subrayó “el mandato imperioso” de dar protección y garantía a los defensores de derechos humanos por parte del gobierno, al tiempo que trazó un marco sobre lo que puede decir en público el presidente. En concreto, la instancia suprema de la nación asevera en su sentencia que “las alocuciones públicas del Presidente de la República no son absolutamente libres (...) deben respetar estrictos parámetros de objetividad y veracidad (...).”
Los días 3 y 4 de febrero de 2005, tuvo lugar en Cartagena de Indias la segunda reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional (MCCI) para Colombia, con el fin de continuar el diálogo político y de cooperación iniciado en Londres el 10 de julio de 2003. La MCCI es un mecanismo informal de coordinación diplomática de países y organismos multilaterales conocido como G-24, creado por iniciativa del gobierno colombiano y, cuyo propósito es reorientar la cooperación internacional para hacerla más eficaz y articulada al Plan Nacional de Desarrollo. El G-24 está compuesto por: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, México, Noruega y Suiza, los 25 Estados miembros de la Unión Europea y, la Comisión Europea, la ONU y sus agencias, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La nueva estrategia de cooperación presentada por el gobierno colombiano busca que los donantes encaucen su ayuda hacia seis temas: mantenimiento de bosques, reinserción, desarrollo productivo y alternativo, fortalecimiento del estado social de derecho y derechos humanos, programas de desarrollo y paz, desplazamiento y asistencia humanitaria.
En este contexto, un grupo de Organizaciones No Gubernamentales nacionales e internacionales adoptaron una declaración conjunta sobre la reunión de Cartagena en la que manifiestan sus inquietudes respecto a la participación de los países miembros de la Unión Europea en dicha reunión y el necesario seguimiento de la Declaración de Londres, adoptada en 2003. En su declaración, las ONG manifiestan que la reunión de Cartagena constituye un intento del gobierno colombiano de incluir a la comunidad internacional en su política de seguridad democrática y de militarización del país. Asimismo, deploran el apoyo expresado al gobierno colombiano en el nuevo texto de Conclusiones sobre Colombia, adoptado el pasado 13 de diciembre de 2004, por el Consejo de Europa, ya que lo consideran un “lamentable respaldo al proceso de configuración de un nuevo modelo de Estado autoritario basado en la seguridad.” Por lo tanto, afirman que la presencia de la UE en Cartagena debería servir para activar la cláusula democrática y pedir que se cumplan las recomendaciones internacionales y que se diseñe una política estatal de paz para el país.
Respecto a la declaración final de Cartagena, su contenido ha sido objeto de varias críticas, ya que el mismo es considerado como un texto ambiguo y lleno de omisiones. Es preciso destacar la omisión de los términos “conflicto armado interno” y “crisis humanitaria” y, la utilización, en su lugar, de los términos “situación de violencia interna” y “situación humanitaria”. De acuerdo con esta crítica, este cambio en el lenguaje implica la negación de la existencia del conflicto y le permitiría al Gobierno cubrir los excesos oficiales y la violación de los derechos humanos. Otra de las críticas, se refiere a la ausencia de un llamado a la flagrante violación al cese de hostilidades por parte de los paramilitares y a la no mención del retiro del Enviado Especial para asuntos de Paz de Naciones Unidas. Por otro lado, dentro de los aspectos positivos de la declaración, los círculos no gubernamentales ven con buenos ojos que el G-24 haya ratificado la Declaración de Londres y que haya reiterado su apoyo a las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario en el caso colombiano.
MIEMBROS DE ONG
Amenazas / Hostigamiento / Judicializaciones
Enero: El Observatorio ha sido informado de nuevas presiones y hostigamientos en contra de miembros de la Organización Femenina Popular (OFP), en particular, contra la Sra. Yolanda Becerra, coordinadora general de la OFP y sobre la circulación de un falso rumor que aseguraba que había sido asesinada. De acuerdo con las informaciones, el 27 de enero hacia las 10h50, un paramilitar ingresó en la sede central de la OFP solicitando hablar con la directora; éste fue identificado por el personal de seguridad de la Sra. Yolanda Becerra, y fue sacado de las oficinas. Dicha persona abandonó la sede, pero minutos más tarde, otros dos paramilitares pasaron en bicicleta frente a la misma sede de la OFP en actitud observadora. Por otro lado, según la información recibida, el ° de enero, cuatro hombres armados aparecieron en el barrio de Nuevo Palmira, al tiempo que la Sra. Becerra estaba visitando a su señora madre, en el mencionado barrio.
Según las informaciones, el 24 de enero, entre las 5h30 y 6h00 de la tarde, dos paramilitares se situaron en una de las esquinas del edificio donde se encuentra la sede de la OFP, en Barrancabermeja y, se acercaron a tocar y golpear la puerta, para luego dedicarse a observar hacia adentro a través de las ventanas de la misma. Asimismo, las informaciones indican que, a lo largo del mes de enero, ha habido amenazas e intimidaciones dirigidas contra la Sra. Gloria Amparo Suárez y contra las coordinadoras de proceso de la OFP, en los municipios de Cantagallo y San Pablo.
Enero/febrero: Se cerró el proceso penal por el delito de rebelión, iniciado el 14 de mayo de 2003, en contra de los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CJP), los Sres. Danilo Rueda, Abilio Peña, Enrique Chimonja, la Sra. Ana María Lozano y el religioso, padre Daniel Vázquez (COL 004/0903/OBS046). La Fiscal Segunda Especializada adscrita a la unidad de Derechos Humanos tomó la decisión de abandonar el proceso, luego de un extenso análisis en el que se desvirtuaron las declaraciones de los falsos denunciantes y falsos testigos.
No obstante, el 11 de febrero, fue iniciado un nuevo proceso judicial (en etapa preliminar, hasta el momento) por rebelión en contra de los siguientes miembros de la Comisión Justicia y Paz: la religiosa Hna. Alette La Torre, la Sra. Johana López, los Sres. Wilson Gómez, Oscar Albarracín, Enrique Chimonja, la Sra. María Eugenia Mosquera, los Sres. Santiago Mera, Leonardo Jaimes, Abilio Peña y Danilo Rueda. Además, se pretende vincular a este nuevo proceso a la acompañante internacional, Sra. Tania Halle, de la organización canadiense Proyecto Acompañamiento y Solidaridad con Colombia (PASC).
De acuerdo con las informaciones, la Comisión de Justicia y Paz fue informada de esta nueva denuncia penal luego de varios actos de hostigamiento a miembros de dicha Comisión y de los Consejos Comunitarios, por parte de militares en las cercanías de las Zonas Humanitarias de “Pueblo Nuevo” y “Nueva Esperanza”, así como en el caserío de La Grande. En cuanto a las acusaciones, éstas versan sobre el supuesto acompañamiento En cuanto a las acusaciones, éstas versan sobre el supuesto acompañamiento realizado por los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de la supuesta entrega de ayuda humanitaria en el sitio conocido como Costa de Oro la cual sería destinada a la guerrilla. Las acusaciones son aun más arbitrarias pues este tipo de actividades no hace parte del trabajo que realiza la ONG Justicia y Paz y no hay ninguna prueba de su vínculo con algún grupo armado.
Estos hechos indican una vez más que, las técnicas de represión, destrucción y control, han sido cambiadas por los montajes (procesos) judiciales, cuyo objetivo es la destrucción moral y política del proceso de los retornados al Cacarica como Consejos Comunitarios asociados en las Comunidades de Autodeterminación, Vida, y Dignidad, del Cacarica (CAVIDA).
Enero/ febrero: El Observatorio ha recibido informaciones sobre los siguientes actos de hostigamiento de los que ha sido objeto, la Dra. Teresa de Jesús Cedeño presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos humanos (CPDH) en Arauca por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): interceptación telefónica (23 de enero); robo intimidatorio de la placa que identifica su oficina (25 de enero) y, seguimiento por un individuo en motocicleta (3 de febrero). Cabe destacar, que con anterioridad, el Observatorio ha recibido informaciones sobre la detención arbitraria y hostigamiento judicial de los que ha sido objeto la Dra. Teresa Cedeño (ver llamado urgente del Observatorio COL 002 / 0803 / OBS 037 de 6 de agosto de 2003; y, llamado especial Observatorio junio/noviembre 2003).
La Dra. Teresa de Jesús Cedeño se beneficia, desde 2002, de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su protección, debido a las constantes amenazas de las ha sido objeto por parte de paramilitares en la región donde trabaja.
MUNDO SINDICAL
Amenazas / Hostigamiento / Malos tratos
10 de febrero: En torno a las 11h00 de la mañana, fue recibida en la sede de la Federación Nacional de Cooperativas Agrarias (FENACOA), ubicada en Bogotá, una amenaza de muerte en contra del Sr. Antonio Guerrero García, Gerente nacional de FENACOA. Asimismo y de acuerdo con las mismas informaciones, en dicha amenaza se declaran como objetivos militares: la Sra. Edilia Mendoza, dirigente Nacional de la Asociación Nacional de Usuarios del Campo - Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR) y los Sres. Eberto Díaz, Presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) y Germán Bedoya, Presidente del Coordinador Nacional Agrario (CNA). A esta amenaza se suman, según los informes, los constantes seguimientos y hostigamientos de que han sido víctimas estos líderes (ver carta Abierta al Presidente de Colombia, Sr. Álvaro Uribe Vélez del 22 de febrero de 2005).
18 de febrero: La Unión Sindical Obrera (USO), recibió información de fuentes fiables, sobre la existencia de planes de asesinato en contra de los dirigentes sindicales de la Unión Sindical Obrera (USO), los Sres. Jorge Gamboa Caballero (Presidente), German Osman Mantilla (Fiscal) y Nelson Díaz Vargas (Tesorero). Asimismo, las informaciones recibidas por el Observatorio, señalan que los medios de comunicación han registrado las amenazas por parte del Bloque Capital de los paramilitares, recibidas durante el mes de febrero. De acuerdo con las informaciones, los hechos anteriores forman parte de una acción sistemática que tiene por objetivo aniquilar la organización sindical. En dicha acción, han resultado involucrados tanto paramilitares como miembros de la inteligencia militar. Cabe destacar que, ante la delicada situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó hace tres años, medidas cautelares dirigidas al Estado colombiano, a fin de proteger a los miembros de la USO.
Detenciones Arbitrarias
16 de enero: En el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, fueron detenidos 17 educadores. Entre éstos se encuentran líderes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), a saber, los Sres. Over Dorado Cardona, Iván Castro Reinosa y Francisco Alirio Salazar. De acuerdo con las informaciones, las detenciones se llevaron a cabo en el marco de las manifestaciones realizadas en contra del examen de admisión, abierto a todos los profesionales de diferentes sectores, para ingresar a la Planta Docente de la Educación Pública organizado por el Ministerio de la Educación.
Según los informes, la represión de los educadores en el marco de demostraciones contra el concurso público también se llevó a cabo en otras partes del país.
SOCIEDAD CIVIL
Desaparición forzada
11 de febrero: El Sr. Miguel Caro, de 53 años de edad, miembro de la Oficina de Saneamiento Ambiental del municipio de El Castillo, en el Departamento del Meta, y conocido líder campesino de la región, en donde ha sido Presidente de varias Juntas de Acción Comunal, desapareció ese día en horas de la tarde, cuando salió del casco urbano del corregimiento de Medellín del Ariari luego de visitar el Centro de Salud y una cochera (lugar de crianza) de marranos, en desarrollo de sus funciones de trabajo. Al Sr. Miguel Caro, se le vio salir en su motocicleta, manifestando a algunos de los habitantes del lugar que regresaría hacia las 4h00 de la tarde. Sin embargo el Sr. Miguel Caro no regresó ni ese día ni los días siguientes, ni se conoce nada sobre su paradero ni sobre su integridad personal.
De acuerdo con las informaciones, el Sr. Miguel Caro había manifestado su preocupación sobre el hecho de que los paramilitares tomaran represalias contra él y contra otras personas, que el 11 de noviembre de 2004 instauraron una demanda contra varios funcionarios públicos entre ellos el alcalde Sr. Arvey Martínez, por delitos de corrupción.
Asesinatos
26 de enero: En medio de un operativo militar de la Brigada XVII, fue asesinado el líder campesino Sr. Pedro Murillo, habitante del Territorio Colectivo del Jiguamiandó, en el Departamento del Chocó. Niños y mujeres fueron testigos y víctimas de las acciones graves cometidas por el ejército en dicho operativo. Se les obligó así mismo a firmar documentos en los que declaran que han recibido un buen trato por parte de las Fuerzas Militares.
19 de febrero: Hacia las 6h30 de ese día fue asesinado el Sr. Rafael Enrique Prins Velásquez, Edil de la Comuna No. 1 de la ciudad de Manague, Departamento de Bolívar, por un civil armado y encapuchado, mientras conversaba con varios pobladores cerca del “Parque de Energía”.
De acuerdo a las informaciones, cabe destacar que días antes de su homicidio, el Sr. Rafael Enrique Prins Velásquez, publicó en el diario “APOCALIPSIS” (el cual es de su propiedad) fuertes críticas contra el mal manejo administrativo en el Fondo Municipal de Tránsito y Transporte. Así también, a través de la publicación de una hoja volante, denunció las irregularidades en la contratación y ejecución del Plan de Atención Básica en Salud (PAB), dirigido por la Secretaría de Salud.
21 de febrero: Según fuentes fidedignas, ese día fueron torturados y ejecutados extrajudicialmente el Sr. Luis Eduardo Guerra Guerra, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Departamento de Antioquia, por miembros de la Brigada XI del Ejército. Durante los hechos ocurridos en cercanías de la vereda “La Resbalosa” también fueron ejecutados su compañera Bellanira Areiza Guzmán, y su hijo, Deiner Andrés Guerra, de 11 años de edad, al igual que el Sr. Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos, su esposa y sus dos hijos de 6 y 2 años de edad (ver llamado urgente COL 002/ 0205/ OBS 017).
Amenazas/ Hostigamiento
26 de febrero: La casa del Sr. Manuel Denis Blandón, representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Jiguamiandó fue rodeada por un grupo de 10 hombres armados con insignias de la AUC y de los batallones Botijeros y Bejarano de la Brigada XVII del Ejército. De acuerdo con las informaciones recibidas, los hombres armados se retiraron del lugar, luego de recibir señales de otro grupo armado (no se ha informado de qué procedencia) compuesto por más de 30 elementos que se unieron y formaron un solo grupo, los hombre armados cruzaron el río Jiguamiandó y permanecieron vigilando la zona unas cuantas horas.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. tomar inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas amenazadas, que luchan tanto por la defensa de los derechos humanos como por la defensa de los derechos de los trabajadores, y en general de todos los defensores de derechos humanos y de sus familias en Colombia;
ii. poner fin al hostigamiento de que son víctimas los defensores de derechos humanos en Colombia, sobretodo por parte de las autoridades, como en el caso de acusaciones verbales y legales en represalia a la defensa de los derechos de su comunidad;
iii. ordenar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas, atentados, asesinatos y demás violaciones de los derechos humanos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
iv. dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
v. garantizar el respeto de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1998;
vi. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
Direcciones :
- Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d'Anier 17-19, 1209 Ginebra. FAX : + 41.22.791.07.87; TEL.:+ 41.22.798.45.55.
E-mail: mission.colombia@ties.itu.int - S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Cra. 8 n°.7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 566.20.71 e-mail: auribe@presidencia.gov.co ; Vicepresidente: E-mail: fsantos@presidencia.gov.co
- Dr. Jorge Alberto Uribe, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Cra. 52 CAN, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1)222.18.74; E-mail : siden@mindefensa.gov.co ; infprotocol@mindefensa.gov.co ; mdn@cable.net.co
- Doctor Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Carrera 5 No. 15-80, Santa Fe de Bogotá. Fax: (+57 1)342.97.23; E-mail : reygon@procuraduria.gov.co; anticorrupcion@presidencia.gov.co
- Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. E-mail : cefranco@presidencia.gov.co
- Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Tel.: (+57 1) 336.03.11 Fax : (+57 1) 337.46.67. E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
- Doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22 B n°. 52-01, Santa fe de Bogotá. Fax: (+57 1) 570 20 00 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
- Doctor Volmar Antonio Pérez Ortiz. Defensor del Pueblo, Calle 55 n°. 10-32 Santa Fe de Bogotá. Fax: (+ 57 1) 640 04 91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
Ginebra-París, 11 de abril de 2005
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible.
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
Tel. y fax: FIDH : + 33 (0) 1 43 55 20 11 / + 33 (0) 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT : (+ 41 22) 809 49 39 / 809 49 29 - E-mail:
observatoire@iprolink.ch