Preocupación por seguridad de comunidad indígena Paichil-Antriao en Villa La Angostura

Señora
Cristina Fernández de Kirchner,
Presidenta de la República Argentina
Buenos Aires, ARGENTINA
FAX: + 54 11 4344 3600

Ginebra, 12 de febrero de 2010

Re: violación de los derechos humanos de la comunidad indígena Mapuche Paichil-Antriao[1] de Villa La Angostura[2], Cerro Belvedere, provincia de Neuquén

Estimada señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner,

De manera muy atenta nos dirigimos a usted con el fin de manifestarle nuestra seria preocupación por la seguridad de los miembros de la Comunidad Mapuche Paichil-Antriao de Villa La Angostura (VLA) en Cerro Belvedere, provincia de Neuquén.

En efecto, el Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el cual coordina la red SOS-Tortura, la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, ha conocido sobre hechos violatorios de los derechos humanos de la mencionada comunidad indígena Mapuche Paichil-Antriao en medio de varios hechos ocurridos allí en torno al desalojo de la mencionada comunidad desde hace varias semanas.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 18 de enero de 2010, el juez Federico Sommers, subrogante en Junín de los Andes, rechazó el habeas corpus que acababa de presentar la Comunidad Paichil-Antriao de Villa La Angostura pidiendo por la vida y la integridad de la comunidad, en donde ésta comunidad argumentaba que desde hacía unos 50 días el territorio mapuche permanecía militarizado y que el Sr. William Fisher, inversionista norteamericano, había contratado personal que había desalojado a los comunitarios y destruído rukas el 2 de diciembre de 2009.

Posteriormente la comunidad apeló la decisión, apelación que fue aceptada por la Cámara de Apelaciones de la Provincia en Villa La Angostura, la cual ordenó que se llevara a cabo una audiencia que sin embargo no se ha realizado, según las informaciones, en razón a que el juez ha sido recusado por el hecho de haber participado en otras causas indígenas.

Según las informaciones recibidas, los miembros de la comunidad tuvieron que insistir al fiscal adjunto del juzgado multifueros de la VLA, el Sr. Adrián De Lillo, para que registrara los hechos de violencia que han venido sufriendo. Además, según las denuncias, el juez habría manipulado las declaraciones de los testigos y habría intentado vincular a la comunidad con incidentes en otra causa judicial, posicionándose del lado de la policía y del Sr. Martín Bianchini, otro comerciante que reclama otra fracción del territorio. Por otro lado, el juez tampoco quiso tomar declaración al Sr. Facundo Huala, uno de los indígenas detenidos e incomunicados el 21 de diciembre de 2009 (ver más adelante) y quien posteriormente fue liberado.

En efecto, de acuerdo con las denuncias, el 2 de diciembre de 2009, desde las 8h00 y hasta aproximadamente las 21h00, un dispositivo especial de la policía de Neuquén conformado por tres unidades especializadas, incluido el Departamento Especial de Servicios Policiales – Despo, que actuó bajo las órdenes del juez Jorge Videla, del Juzgado Multifueros[3], realizó por la fuerza el desalojo de una de las fracciones del antiguo lote agrícola-pastoril Nº 9, de 625 hectáreas, en Villa La Angostura, donde vive la mencionada comunidad mapuche desde fines del siglo XIX. Las fuerzas policiales destruyeron rukas de madera (grandes viviendas tradicionales) a machetazos y con motosierras e instalaron un puesto policial con el fin de garantizar que el Sr. Fisher y el personal contratado por él - un grupo de 15 personas encapuchadas, algunos de la vecina ciudad de Bariloche - levantaran rápidamente una casilla y un baño.

Se ha denunciado que además, en la misma ocasión, los policías hicieron gestos obscenos a las mujeres y atemorizaron a los niños con perros. También se ha informado que en medio de los mismos hechos un muchacho de la comunidad Paichil-Antriao y otro del Lof Quintriqueo fueron detenidos en la comisaría 28 durante alrededor de cinco horas. Igualmente se ha informado que alrededor de 40 personas fueron dejados bajo detención domiciliaria y aislados del resto de la comunidad por un cerco de la policía.

Según los informes recibidos, el 3 de diciembre de 2009, desde primeras horas de la mañana y hasta la noche, la policía llevó a cabo persecuciones y tiroteos en la misma comunidad; mientras que la versión oficial mantiene que la comunidad mapuche atacó a la policía con bombas molotov y clavos.

De acuerdo con las mismas informaciones, posteriormente, el 21 de diciembre de 2009, alrededor de las 13h00, un grupo mapuche fue asediado en una zona boscosa por policías del grupo especial GEOP que disparó con armas largas; más tarde, varios indígenas fueron golpeados en el mismo lugar por agentes de policía de la comisaría local. Los agentes detuvieron a tres jóvenes, entre ellos Fausto Huala de 16 años de edad. La policía los golpeó y maltrató, manteniéndolos además incomunicados. Una hora y media más tarde fueron trasladados a la comisaría local. Sobre las 20h00 los jóvenes fueron llevados al hospital local y alrededor de las 22h00 fueron liberados. Los golpes que recibió el joven Fausto Huala le lesionaron el pulmón izquierdo provocándole un preinfarto, razón por la cual está obligado a dormir sentado. En el momento de emisión de esta carta, su estado de salud aún es muy delicado.

De acuerdo con las informaciones, posteriormente, desde el 8 de enero de 2010 se intensificó el hostigamiento contra el domicilio de la Sra. René Vallejos Escobar, de 47 años de edad y miembro de la comunidad mapuche Paichil-Antriao, en la calle Barbagela No. 711, y del Sr. Luis Aurelio Vega Hernández, de 48 años y Presidente de la Junta Vecinal del Barrio Margaritas, en la calle Barbagelata No. 705 del barrio Margaritas de Villa La Angostura. El hostigamiento estuvo a cargo de miembros de la policía y de desconocidos con el rostro medio cubierto que circulan en actitud amenazante en vehículos con vidrios polarizados. Tanto la Sra. Vallejos Escobar como el Sr. Vega Hernández trabajan activamente en favor de los derechos de la comunidad mapuche Paichil-Antriao de Villa La Angostura.

Según las informaciones, la persecución por parte de la policía y para-policía bajo las órdenes del Sr. William Fisher continuó varios días, y se extendió a los barrios El Mallín y Margaritas de VLA.

Señora Presidenta, aunque, al momento de enviar esta carta el cerco policial llevado a cabo contra la comunidad ya fue levantado y la policía no realiza actualmente ningún operativo contra la misma, la OMCT considera muy importante que se lleve a cabo una investigación inmediata, rápida, independiente, completa, efectiva e imparcial, sobre el desalojo del lote agrícola-pastoril No. 9 en Villa La Angostura, las persecuciones y tiroteos, las amenazas, las detenciones arbitrarias y los tratos inhumanos y degradantes que sufrieron los miembros de la comunidad mapuche Paichil-Antriao y que las conclusiones de esta investigación se hagan públicas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.

Al mismo tiempo la OMCT manifiesta su seria preocupación por la grave situación en la que se encuentran las Sras. René Vallejos Escobar, Ester Pascal, la Sra. María Huala y su hija, y los Sres. Luis Aurelio Vega Hernández, Facundo Huala, Fausto Huala, Nicolás Huala y Martín Chabol, y en general todos los miembros de la comunidad indígena Paichil-Antriao en Villa La Angostura, y teme por la seguridad y por la integridad física y psicológica de todos sus miembros, por lo que solicita a las altas autoridades argentinas que tomen de manera urgente las medidas necesarias para garantizar las mismas.

La OMCT recuerda que Argentina es Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben la tortura y los malos tratos.

Así mismo, de acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU: "Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido (...). Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate." (Artículo 26).

Señora Presidenta, finalmente la OMCT urge a las altas autoridades a que garanticen la no-militarización del territorio de la comunidad Paichil-Antriao y a que apliquen el artículo 75 de la Constitución Argentina, el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, así como la ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas y solicita un estudio territorial para determinar las parcelas correspondientes a las comunidades indígenas.

Señora Presidenta, confiando en su apego por los derechos humanos y la espera de que usted tenga en cuenta nuestra solicitud, le saluda atentamente,

Eric Sottas,
Secretario General
Organización Mundial Contra la Tortura
OMCT

Copias:

• Sr. Anibal Florencio Randazzo, Ministro del Interior, 25 de Mayo 101/145 (1002) Ciudad Autónoma de Buenos Aires TEL.: + 54 11 4339 0800. E-mail: info@mininterior.gov.ar
• Dr. Julio César Alak, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Sarmiento 329 (1041) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. FAX: + 54 11 4328 6148. TEL.: + 54 11 4328 3015 al + 54 11 4328 3019; + 54 11 4344 3800 + 54 11 4344 3845 + 54 114344 3847
• Dr. Eduardo Duhalde, Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. TEL.: +54 11.5167-6500
• Sr. Embajador Alberto J. Dumont, Misión Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Route de l’Aéroport 10, Case postale 536, 1215 Ginebra 15, Suiza, Fax: + 41 22 798 59 95 / + 41 22 798 19 92 E-mail: mission.argentina@ties.itu.int;
• Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, Av. Callao 970. (C1023AAP) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. TEL. : + 54 11 4814 8400 Email: mesaentradas@mpd.gov.ar
• Dr. Esteban Righi Procurador General de la Nación, Guido 1577 1° piso (1016) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. TEL.: + 54 11 4819 4512/13. Email: web@mpf.gov.ar
• Sr. Jorge Remes-Lenikov, Embajador de Argentina en Bruselas, Louisalaan 225, bus 3, 1050 Brussel. TEL.: + 32 (0) 2 647 78 12, + 32 (0) 2 647 90 02 FAX: + 32 (0) 2 647 93 19

[1] La comunidad Paichil-Antriao está formada por alrededor de 30 familias, cuya mayoría se encuentra asentada en el cerro Belvedere y sobre las costas del lago Correntoso, zona que atrae el interés de empresas de negocios inmobiliarios y proyectos turísticos.

[2] Originariamente, Villa La Angostura fue una parcela de la Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia. En 1902, el gobierno argentino entregó a los pobladores mapuches José María Paichil e Ignacio Antriao el lote número 9 de dicho territorio. En esa misma parcela se encuentra hoy el casco urbano de Villa La Angosta, zona exclusiva y muy turística.

[3] La orden de desalojo a favor del Sr. William Fisher, conseguida en 2007, ha favorecido la militarización del área del cerro Belvedere, donde viven numerosas familias mapuche. Los operativos armados son constantes, al igual que las detenciones sin orden judicial y los casos de malos tratos. Además, la realización de cercos policiales ha impedido a los comunitarios desplazarse a sus lugares de trabajo temiendo ser perseguidos por la policía. El Estado de Neuquén a través de la policía ha desplegado en varias ocasiones dispositivos represivos a favor del desalojo de los mapuches.