Amenazas de muerte_Temor por seguridad e integridad personal de indígenas Embera Chami en Risaralda.

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con seria preocupación informaciones del Comité Permanente por la Defensa de los derechos Humanos (CPDH), organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre las amenazas de muerte contra los Sres. Martín Siagama, Jorge Vélez, Jorge Arce, Alberto Wazorna, Solany Zapata, Germán Diosdado Guapacha y Jesús Nacabera, miembros del Consejo Regional Indígena del Departamento de Risaralda (CRIR) y contra sus familias, en hechos ocurridos el Resguardo indígena Pueblo Rico[1] en el mencionado Departamento.

De acuerdo con las informaciones, el 1 de octubre de 2009, hacia las 6:24 de la mañana, los Sres. Martín Siagama, Jorge Vélez, Jorge Arce, Alberto Wazorna, Solany Zapata, Germán Diosdado Guapacha, y Jesús Nacabera recibieron una amenaza de muerte dirigida contra ellos y contra sus familias, la cual llegó a través de un mensaje de texto que fue enviado al teléfono celular de un consejero del CRIR y al Secretario del Resguardo Pueblo Rico. En el mensaje se les dice: “señores junta directiva de la organización indígena, tienen 5 días de plazo para que renuncien (a sus cargos como consejeros) por corruptos y si no corren el riesgo que los asesinen a ustedes y a sus familias, atentamente Bloque Sur”.

Se ha informado que el Consejo presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía regional de Risaralda, pero que hasta el momento de emitir este llamado no se ha realizado ninguna acción de protección ni se ha informado si se ha abierto alguna investigación sobre los hechos.

Según las informaciones, el día anterior, 30 de septiembre de 2009, en medio de una audiencia realizada en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de Pereira y convocada por las comunidades indígenas de Risaralda, encabezadas por el CRIR, para entre otras cosas, socializar los resultados de las comisiones humanitarias que se han realizado en el transcurso de éste año, el Secretario de Gobierno del Departamento de Risaralda informó durante su intervención que había solicitado una investigación por el supuesto mal manejo de los dineros correspondientes a la ley del Sistema General de Participaciones por parte de las comunidades indígenas de Risaralda, confirmando declaraciones que en ocasiones anteriores había dado en medios de comunicación en contra de las Autoridades Indígenas, en donde, según las denuncias, abiertamente manifestó que “los indígenas eran corruptos y mujeriegos”.

Según las informaciones la mencionada audiencia también tenía el propósito de buscar compromisos por parte de las autoridades civiles y militares del departamento, respecto al abandono en que se encuentran las comunidades indígenas, la judicialización en contra de muchos pobladores de los resguardos, las amenazas inusitadas a varios líderes indígenas y el asesinato sistemático de líderes como sus propias autoridades (Consejo), sino además de los Jaibanás (líderes espirituales). En ella estuvieron presentes las autoridades civiles encabezadas por el Secretario de Gobierno y por representantes de distintas entidades como el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, e igualmente se encontraban autoridades militares encabezadas por el Comandante del Batallón San Mateo Coronel Lizarazo, así como miembros de la policía departamental, el DAS Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional (SIJIN), entre otras.

El Secretariado Internacional de la OMCT vuelve a manifestar su seria preocupación por las continuas y graves violaciones de derechos humanos contra los indígenas de las diversas comunidades existentes en Colombia, quienes vienen siendo víctimas de asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, reclutamiento forzado, agresiones sexuales y presiones, por parte de todos los actores armados del conflicto, ya sean guerrilla, grupos paramilitares, e incluso el ejército regular y la policía, presentes en cada una de las regiones en donde ellos habitan.

En efecto, la OMCT señala su preocupación por la ausencia de la debida diligencia de parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales para proteger debidamente a los miembros de las mencionadas comunidades, en particular en este caso contra la comunidad Embera Chami, la cual tiene medidas cautelares de protección de parte de la CIDH, para investigar los hechos denunciados y para castigar a los culpables, de acuerdo con la ley.

Antecedentes y contexto de la situación

El pueblo Embera-Chamí que habita en el Departamento de Risaralda ha venido sufriendo de manera sistemática amenazas, homicidios selectivos y persecución tanto de sus líderes como de sus comunitarios, así como críticas y señalamientos de parte de miembros del gobierno, una situación que también ha sido común en otros resguardos indígenas, esta vez del vecino Departamento de Caldas, lo que llevó al reconocimiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[2] para los indígenas de la Comunidad Embera Chami del Resguardo de Escopetera Pirza, jurisdicción del municipio de Riosucio, Caldas y del Resguardo Cañamomo-Lomaprieta, también en jurisdicción de Riosucio, Caldas, entre otros.

De otra parte, la Corte Constitucional, en auto 004 del 26 de febrero de 2009, ordenó al Estado Colombiano realizar todas las acciones necesarias para proteger a pueblos indígenas que se encuentran en vía de extinción debido a diferentes factores de violencia como el conflicto armado, y la violencia física y cultural. Se ha informado que dentro de las recomendaciones de la Corte está la formulación de un plan de salvaguarda inicialmente para 19 pueblos indígenas, dentro de los que se encuentra el pueblo Embera-Chamí.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades de Colombia para urgirlas a:

1. tomar de manera urgente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Martín Siagama, Jorge Vélez, Jorge Arce, Alberto Wazorna, Solany Zapata, Germán Diosdado Guapacha y Jesús Nacabera, de todos los demás miembros del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) y de sus respectivas familias, y en general de todos los miembros de la comunidad Embera Chamí del Departamento de Risaralda;
2. llevar a cabo una investigación inmediata, completa, independiente, efectiva e imparcial en torno a las amenazas de muerte contra los miembros del Consejo Regional Indígena del Departamento de Risaralda (CRIR) y en general contra los miembros de la comunidad Embera Chamí y que las conclusiones de esta investigación sean publicadas, con el fin de identificar a los responsables llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
3. de manera general, garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificada por Colombia.

Direcciones

• S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: + 571 566 2071
• Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra. 17-19, Chemin du Champ d’Anier, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41 22 791 0787; E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
• Sr. Carlos Holmes Trujillo, Embajador, Sr. José Renato Salazar Acosta, Ministro Plenipotenciario, Misión Diplomática en Bruselas, E-mail: rsalazar@emcolbru.org ; E-mail: colombia@emcolbru.org ; FAX: +322 646 5491
• Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Tel.: + 571 334 4507, + 573772 0130 E-mail: fsantos@presidencia.gov.co ; buzon1@presidencia.gov.co; ppdh@presidencia.gov.co
• Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 571 640 0491 E-mail: agenda@agenda.gov.co
• Sr. Guillermo Mendoza Diago (encargado), Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: + 571 570 2000 + 571 414 9000 Extensión 1113 E-mail: contacto@fiscalia.gov.co
• Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación, Cra. 5 # 15-80, Bogotá. Fax: + 571 342 97 23 ; + 571 284 7949. E-mail: cap@procuraduria.gov.co ; quejas@procuraduria.gov.co ; webmaster@procuraduria.gov.co ;
• Sr. Gabriel Silva Luján, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: + 571 222 1874. E-mail: siden@mindefensa.gov.co; infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
• Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
• Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: + 571 336 0311 FAX: + 571 337 4667 E-mail: fibarra@presidencia.gov.co

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

Ginebra, 9 de octubre de 2009

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

[1] Según las informaciones, el Resguardo indígena Puerto Rico está ubicado a una distancia aproximada de unas dos horas en automotor desde la ciudad de Pereira, capital del Departamento de Risaralda.

[2] Según información de la Fundación Indígena Hemera, pese a que el 15 de marzo de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó: “Medidas Cautelares a favor de 40 indígenas Embera Chamí de los resguardos y asentamientos de Cañamomo-Lomaprieta, San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Escopetera-Pirza, Totumal, La Trina, La Albania, Cerro Tacón, La Soledad, y miembros del CRIDEC”, entre el año 2002 y junio de 2004 fueron asesinados 38 Embera Chamíes; se produjeron dos desapariciones forzadas; ocho lesiones personales; una amenaza directa y una amenaza colectiva que involucró a por lo menos 13 mil indígenas del resguardo Cañamomo - Lomaprieta. Por otra parte la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha denunciado que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008 fueron asesinados en Colombia cerca de 1200 indígenas y que los pueblos más afectados son los nasa, kankuamo, wiwas, embera chami, y awa.