Temor por la seguridad de los defensores de derechos humanos en Santa Cruz

Y al Sr. Rubén Costas, Prefecto de Santa Cruz

París-Ginebra, 24 de enero de 2007

Re: Temor por la seguridad de los defensores de los derechos humanos

Estimado Señor Presidente,
Estimado Señor Prefecto de Santa Cruz,

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), desea llamar su atención acerca de la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos en Bolivia.

El Observatorio se encuentra seriamente preocupado por las informaciones recibidas de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPDESC), respecto al deterioro del clima de seguridad en que deben realizar sus labores los defensores de derechos humanos en Bolivia, particularmente en varias provincias del departamento de Santa Cruz, a los ataques contra las sedes de las centrales indígenas Pikoneka de San Javier, las comunidades de Concepción del Pueblo Indígena Chiquitano y Guarayo, y a las amenazas, agresiones y persecuciones contra varios de sus integrantes y dirigentes.

Los actos de hostigamiento de los cuales han sido víctimas la APDH en Santa Cruz, van desde los ataques físicos hasta las amenazas de muerte. Al Observatorio le preocupa que estos hechos gocen de completa impunidad para los responsables. El Observatorio recuerda que desde el 2003 los miembros de la sección de la APDH en Santa Cruz, en particular su presidente Sr. Adalberto Rojas, han sufrido amenazas de muerte y agresiones físicas y verbales (Ver Informe anual 2005 e Informe de misión internacional de investigación, mayo de 2006).

En diciembre de 2006 la situación de los miembros de la sociedad civil en la región de Santa Cruz empeoró, debido principalmente a la insatisfacción del Comité Cívico Pro Santa Cruz por no haber obtenido el sistema de votación de dos tercios en la Constituyente, generándose un incremento en los atentados y amenazas en contra de los integrantes de la APDH y de sus simpatizantes. Estos ataques provienen en su mayoría de miembros del mencionado Comité Cívico, comité ciudadano que reúne a varios terratenientes y que ha tenido manifestaciones racistas, en particular de parte de su brazo defensor, la Unión Juvenil Cruceñista, popularmente conocido como el grupo armado de dicho ente.

En efecto, la Constituyente decidió adoptar el sistema de mayoría absoluta lo cual provocó la realización de una huelga entre noviembre y diciembre de 2006. Las personas y organizaciones que no acompañaron personalmente esta huelga, entre las cuales se encuentra el Sr. Adalberto Rojas, fueron recriminadas y amenazadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Debido al fracaso de la huelga y con el propósito de plantear una propuesta al Gobierno sobre diferentes temas, incluyendo la independencia de Santa Cruz, el Comité Cívico Pro Santa Cruz convocó a un cabildo regional para el 15 de diciembre de 2006.

Entre otros hechos que muestran el hostigamiento de que son víctimas los defensores en Santa Cruz, así como el empeoramiento de la situación de la sociedad civil en el Departamento, se han conocido los siguientes:

- El 6 de diciembre de 2006, un grupo armado de 7 miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, golpeó al Sr. Adalberto Rojas en las afueras de las oficinas de la APDH, e insultó a los otros miembros de la APDH por haberlo ayudado, alegando que lo hacían por no haber apoyado la huelga. La APDH denunció estos hechos ante la policía y fueron designados oficiales de policía para acompañar durante varios días a sus integrantes. Sin embargo, y debido al miedo y al clima hostil que se vive en Santa Cruz, varios miembros de la APDH tuvieron que vivir agrupados en las oficinas de la organización custodiadas por la policía, temiendo que al salir, ellos o sus familiares sufrieran ataques.

- Por otra parte, el 7 de diciembre de 2006, en horas de la noche, la sede de ALAS, ONG que trabaja sobre los derechos de campesinos e indígenas y cuyo ex Presidente es el actual Ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, recibió 22 disparos en su infraestructura.

- El 10 de diciembre de 2006, día internacional de los derechos humanos y del 30 aniversario de la APDH, varias personas involucradas en las agresiones de las que han sido víctimas varios defensores de los derechos humanos, junto con jefes de la Policía, miembros de los cuerpos policiales e incluso aquellos agentes de guardia que custodiaban las oficinas de la APDH, realizaron una fiesta en la calle junto a la sede de la APDH, impidiéndoles a sus miembros salir de las oficinas.

- El 12 de diciembre de 2006, los periodistas Efraín Montero de Canal Estatal y Julio Peñaloza de la red Erbol fueron agredidos por cuestionar y denunciar la actuación de las autoridades cívicas departamentales y Prefectural. El Sr. Montero fue golpeado por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y el Sr. Peñaloza sufrió agresiones, amenazas de muerte, fue perseguido por la plaza central y trataron de derribar las puertas del hotel donde se tuvo que esconder.

- El 15 de diciembre de 2006, debido a que por fuentes seguras se conoció que numerosos indígenas habían sido pagados para participar en dicho cabildo en Santa Cruz, numerosos campesinos realizaron bloqueos en las carreteras en San Julián, durante los cuales se produjeron disturbios violentos. Estos hechos dejaron un saldo de 50 personas heridas provenientes de los dos bandos, la mayoría de ellos campesinos de San Julián.

Al parecer en represalia, varias personas que habían sido agredidas durante los bloqueos, al regresar a sus lugares de origen protagonizaron actos de vandalismo discriminatorios y racistas contra varias organizaciones de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas. Estas personas fueron lideradas por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y acompañados por los Sub Prefectos de San Ramón, San Javier, Concepción, San Ignacio de Velasco, Ascención de Guarayos.

- Entre el 15 y 16 de diciembre de 2006, más de 100 personas, entre los cuales fueron identificados el Sr. Nataniel Castedo Trujillo, Subprefecto de la Provincia de Ñuflo de Chávez, su chofer el Sr. Lucio Rivero y el hermano del Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Sr. Juan Antelo Román, asaltaron violentamente las oficinas de la Central Indígena Paikoneka de San Javier (CPI-SJ) destruyendo casi la totalidad de sus bienes e incendiando las oficinas e información histórica recopilada desde hace más de 20 años.

Después de estos hechos, el mismo día amenazaron a los dirigentes, obligándoles a refugiarse en comunidades cercanas a San Javier. Más tarde en Concepción, otra localidad de Santa Cruz, destrozaron e incendiaron información y el interior de las oficinas de Central Indígena de las Comunidades de Concepción (CICC) y destruyeron la casa de dos comunitarios indígenas pertenecientes al CICC.

- El 17 de diciembre de 2006 se trasladaron a San Ignacio de Velasco, donde quemaron la casa del dirigente indígena Gillermo Ortiz de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV) y los puestos del mercado, aduciendo que era una “venganza” por el bloqueo de San Julián.

- De forma paralela, otro grupo llegó a Ascención de Guarayos proclamando que no debería haber más “collas”[1] en la localidad y que estos serían expulsados. Acto seguido amenazaron a la familia de un ex dirigente indígena, cuyo nombre no se ha informado (hermano de la actual presidenta de la Central guaraya - COPNAG), agredieron a varias personas a quienes identificaban como “collas” y desmantelaron los mercados del pueblo.

Dentro de los agresores se identificó al Alcalde Municipal de Ascención de Guarayos Sr. Roberto Schock, al Subprefecto de la Provincia de Guarayos Sr. Daniel Aeguazu, al Presidente del Comité Cívico Ascención de Guarayos Sr. Jaime Cuñanchiro, al dirigente de la organización campesina paralela de Ascensión de Guarayos Sr. Ascencio Lavadenz, al Alcalde municipal de Urbichá Sr. Edgar Rojas y al ex alcalde municipal de Urubichá Sr. José Urañavi.

- El 7 de enero de 2007, debido a imposibilidades financieras de continuar garantizando la protección policial, los miembros de la APDH tuvieron que salir de las oficinas, en donde se resguardaban de los ataques y desde ese momento permanecen escondidos, obligados a llevar una vida clandestina, de exiliados dentro de su propia ciudad. El Observatorio considera que todos los miembros de la APDH, obligados a vivir en la clandestinidad, corren un grave peligro.

- El Sr. Adalberto Rojas, intentando proseguir con su trabajo de abogado defensor de los derechos humanos, se dirigió, el 16 de enero de 2007, al Palacio de Justicia de Santa Cruz y en ese mismo recinto sufrió amenazas y agresiones verbales. Él y otros miembros de la APDH han sufrido campañas de difamación ante los ciudadanos, , su trabajo y sus propias familias, tratándolos como traidores al desarrollo de Santa Cruz, cuando precisamente la labor de la APDH se concentra en la denuncia de las violaciones de derechos humanos ocurridas en la región.

- El 21 de enero de 2007, la secretaria de la APDH en Santa Cruz, Fabiana Aguilar, fue insultada y amenazada verbalmente por miembros del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quienes fueron a las oficinas de la APDH y le dijeron que vendrían a abalear la sede de la organización; este acto fue denunciado ante la fiscalía.

El Observatorio, seriamente preocupado por esta grave situación sufrida por los defensores de los derechos humanos en Bolivia, particularmente en este caso en el departamento de Santa Cruz y con el fin de contribuir a mejorar su situación, urge a sus excelencias, Sr. Presidente de la República y Sr. Prefecto del Departamento de Santa Cruz y ex Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, a que tomen todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los mismos, otorgándoles las medidas de protección necesarias para el libre ejercicio de su trabajo.

El Observatorio insiste además en la necesidad de que sea llevada a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de llevar a juicio a los responsables de las amenazas y agresiones contra los defensores de derechos humanos, particularmente en este caso en el Departamento de Santa Cruz, y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley.

De manera general, el Observatorio recuerda que Bolivia, de acuerdo con la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, tiene el deber de proteger el Derecho de toda persona “individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1), y de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2.) Tales obligaciones del Estado se encuentran igualmente proclamadas por la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)], adoptada por la OEA el 7 de junio de 1999.

Estimados señores, confiando en su apego en los derechos humanos y esperando que adopten de inmediato las medidas más oportunas, muy respetuosamente, nos suscribimos ante ustedes,

Sidiki KABA Eric SOTTAS
Presidente de la FIDH Director de la OMCT

[1] Colla o Aimara es el nombre que recibe la población indígena del altiplano andino, utilizado (erróneamente) de manera peyorativa para distinguirse de la nación Camba del oriente boliviano.