Honduras: Continúa el juicio a David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres
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Esta semana fue trascendental para las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y la región, donde los elevados índices de impunidad hacen que se juzguen muy pocos asesinatos de personas defensoras del medioambiente y de la tierra y el agua. Ha iniciado el debate oral y público por el asesinato de la reconocida activista Lenca Berta Cáceres, tras un paréntesis de dos semanas para que la Corte de Apelaciones resolviera una recusación presentada por la defensa de David Castillo el segundo dia de juicio, el 8 de abril.
A principios de la semana, continuó la fase de incidentes y el Tribunal de Sentencia se pronunció sobre las pruebas que serían evacuadas, resolviendo permitir dos peritajes socioeconómicos como parte de los medios de prueba que presentará la acusación privada. Este es un precedente muy importante para los casos que involucran a las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente en Honduras, ya que en el país, esta herramienta no se utiliza regularmente para demostrar los factores que contribuyen al delito. Sin embargo, no fue admitido como prueba un documento que demuestra una transferencia bancaria entre Daniel Atala, el director financiero de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA, y el acusado David Castillo, días antes del crimen, que correspondería con datos de telecomunicaciones sobre el pago a los sicarios.
Luego de la fase de incidentes, se leyeron los alegatos de apertura y se formalizó la acusación contra Roberto David Castillo Mejía, acusándole de asesinato con alevosía y con la promesa remuneratoria, por lo cual el Ministerio Público (MP) pidió una pena de 25-30 años. Mientras el MP acusa a David Castillo de “Partícipe” o “Autor por Inducción”, las Acusaciones Privadas califican a Castillo como “Autor” del crimen[1].
Esta es una diferencia importante a destacar. Mientras “inducción” podría entenderse solo como convencer a cometer el asesinato, para la familia de Berta Cáceres, su equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Popular e Indígenas de Honduras (COPINH), David Castillo fue elemento esencial para la comisión del delito como parte activa en el seguimiento y persecución para la planificación y dotación de recursos para ejecutar el asesinato. No lo consideran como autor intelectual, sino coautor y pieza clave de una estructura criminal que llevó a cabo el asesinato. Por esta razón, al principio de la acusación, la Acusación Privada pidió que se acusara a David Castillo de “asociación ilícita” además de “asesinato”, pero hasta la fecha, pero hasta la fecha, el Estado hondureño no ha iniciado una investigación sobre este crimen.
Hasta ahora, el único ejecutivo de la empresa DESA procesado por el asesinato es David Castillo, mientras nadie de la familia Atala Zablah, quienes son accionistas mayoritarios y forman parte del consejo administrativo de la empresa, han sido interrogados sobre el crimen. Daniel Atala Medince, director financiero no imputado, y a Douglas Bustillo, exdirector de seguridad que fue condenado por el asesinato en 2018, serán llamados a testificar por la Acusación Privada más adelante en el juicio.
Durante su alegato inicial, el MP narró cómo la empresa DESA empezó la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en 2013, que se encontró con una importante oposición por parte de las comunidades indígenas Lencas afectadas de Río Blanco por los impactos negativos del proyecto a la economía local y al medio ambiente. Esta oposición provocó grandes pérdidas económicas para los socios de la empresa, que se vio obligada a reubicar el lugar del proyecto.
Según relató el MP, es cuando David Castillo, junto con el ya condenado gerente socioambiental de DESA, Sergio Rodríguez, habrían organizado un plan para comenzar a monitorear las acciones del COPINH y Berta Cáceres en la zona, pagando a informantes y miembros del COPINH por información sobre sus movimientos y acciones de movilización contra el proyecto para coordinar acciones de represalia y debilitar el movimiento.
Según el MP, para finales de octubre de 2015, Sergio Rodriguez, mediante un chat de WhatsApp denominado “Seguridad PHAZ (Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca)” que incluía miembros del Consejo Administrativo de la empresa de la familia Atala Zablah, el jefe de seguridad de DESA, consultores de relaciones públicas y otros empleados de la empresa, escribió: “Es evidente que mientras no llegue Tomas o Berta, el movimiento se debilita. Hay poca convocatoria. Es contra ellos que debemos encaminar acciones.”
El MP aseguró que fue por estas fechas cuando David Castillo habría contactado con el ya condenado Douglas Bustillo, un ex gerente de seguridad de DESA, formado en inteligencia en las Fuerzas Armadas, para empezar a planificar el asesinato. Bustillo habría contactado a Mariano Díaz, un mayor activo que ingresó a las fuerzas armadas el mismo día que Bustillo. A su vez, Díaz se habría acercado a Henry Hernández, un ex francotirador que estuvo bajo su mando en el 15º batallón de las Fuerzas Armadas en la unidad especial "Xatruch" en el Bajo Aguán, y los planes para el asesinato habrían comenzado a desarrollarse, primero con acciones de vigilancia. Según el MP, Bustillo habría pedido el 50% del pago para llevar a cabo el asesinato de Cáceres en enero de 2016 y le habría indicado que “en cualquier momento puede ocurrir.”
Según la acusación presentada por el MP, el 5 y 6 de febrero de 2016, Hernández se habría presentado a la casa de Berta Cáceres en La Esperanza Intibucá para asesinarla, pero el plan fue abortado. En las semanas después, Bustillo, Díaz y Hernández habrían acelerado su plan y Hernández se habría puesto en contacto con un grupo de sicarios para que llevaran a cabo el asesinato la noche del 2 de marzo de 2016 después de haber recibido la logística necesaria.
Estos hechos fueron confirmados en una sentencia anterior donde se condenó a Rodríguez, Bustillo, Díaz, Hernández y tres sicarios por el asesinato. En el juicio actual, el MP y las Acusaciones Privadas procuran demostrar la participación activa de David Castillo con este grupo para planificar y proveer la logística para llevar a cabo el asesinato.
Por su parte, en sus alegatos iniciales, las acusaciones privadas narraron el contexto de ataques y violencia causados por el otorgamiento ilegal de la concesión del Rio Gualcarque y la construcción inconsulta del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca en territorio Lenca, que llevaron al asesinato de la lideresa indígena.
Durante su declaración inicial, los abogados de Salvador Zúniga, hijo de Berta Cáceres, recordaron que, “lo que sucedió el 2 de marzo de 2016 tuvo su origen en el año 2010 cuando se otorgó la concesión del río Gualcarque a DESA, una empresa que fue empleada como instrumento para cometer actos de corrupción y atacar al pueblo Lenca, y que actualmente está siendo investigada por delitos de corrupción bajo el denominado caso “Fraude sobre el Gualcarque[2]”, y en el cual David Castillo está siendo procesado.”
Por su parte, el equipo legal de las hijas y madre de Berta Cáceres señaló que David Castillo, “fue pieza clave fungiendo como enlace entre la estructura sicarial operativa/ejecutiva y la estructura directiva/política de la empresa DESA que consintió el asesinato.”
La defensa de David Castillo refutó la acusación diciendo que el MP había apresurado la investigación y había cometido errores al hacerlo para complacer a la comunidad internacional y nacional que exigía justicia por el asesinato de Berta Cáceres. Apostaron por la inocencia de Castillo y afirmaron que demostrarían a lo largo del juicio cómo la familia había sido engañada, o una "doble víctima" en su lucha por la justicia debido a las acciones de la investigación.
Tras la formalización de la acusación y la contestación, la Acusación Privada pidió que el Tribunal aclarara la presencia de las víctimas en la sala de audiencias durante el juicio. El Observatorio destaca que el papel de las víctimas, las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres, ha sido fundamental desde el momento del crimen para exigir una investigación transparente y seria, presionando para que se incluyan los factores coadyuvantes en el proceso judicial. En 2018, fueron excluidos del proceso judicial como acusación privada quitándoles el derecho a acceder a la verdad y a la justicia como víctimas mientras que, en el caso “Fraude Sobre el Gualcarque”, COPINH ha sido excluido de participar como acusación privada en representación del pueblo Lenca, afectado por una serie de acciones fraudulentas, entre ellas la concesión de la licencia del proyecto y la negociación del acuerdo de compra de energía.
En un inicio del actual juicio, la participación de las víctimas había sido limitada de acuerdo a los protocolos de bioseguridad impuestos por el Tribunal. La Acusación Privada pidió al Tribunal reconsiderar su decisión, recordándole que en el momento del asesinato, Berta Cáceres era beneficiara de medidas cautelares por la CIDH, y que el Estado de Honduras tiene una deuda con la familia por no cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y vida de Berta Cáceres. Además, subrayó que la participación de las víctimas sería una pequeña forma en que el Estado puede atender la necesidad de una reparación digna en este caso. Finalmente, el Tribunal cedió la observación presencial del juicio de Laura Zúniga, hija de Berta Cáceres, en representación de su familia, y también a la madre de David Castillo. Al mismo tiempo, el Tribunal declaró que no iba dejar entrar a nadie más en la sala, imposibilitando la observación presencial del proceso penal a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y a la Misión de Observación Calificada del proceso penal.
El Tribunal procedió a evacuar las pruebas del MP para establecer el motivo del asesinato de Berta Cáceres, primero, a raíz de un informe presentado por un investigador de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que estableció que la línea de investigación indica que el asesinato tiene como causa el trabajo de Berta Cáceres para detener la implementación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en territorio indígena Lenca. Es decir, su trabajo como defensora del derecho a la tierra, al medio ambiente y de los derechos de la comunidad indígena Lenca.
La ATIC apuntó, asimismo, que una primera línea de investigación por parte de la Policía Nacional señalaba que el asesinato de Berta Cáceres era un “crimen pasional”, hipótesis que se utiliza a menudo en Honduras en los crímenes cometidos contra las mujeres, lo cual la familia descalificó desde el principio como un intento de desviar la investigación.
Durante la audiencia, se escuchó el importante testimonio de Rosalina Domínguez, miembro del Consejo Indígena Lenca de Río Blanco, quien conoció a Berta Cáceres en 2013 cuando las autoridades indígenas Lencas de la comunidad se acercaron al COPINH para pedirle acompañamiento. Habló de la organización comunitaria para detener el proyecto energético que no contaba con el consentimiento de los afectados, de la violencia física a la que se enfrentó la comunidad y también de los daños causados a sus cultivos y medios de vida, así como de las amenazas que recibió Berta por su papel de liderazgo. El testimonio de Rosalina complementa otras pruebas que demuestran que el asesinato de Berta no fue un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón bien documentado de amenazas e intimidaciones durante años.
Según el testimonio de Domínguez, con el apoyo de Berta y el COPINH, las comunidades afectadas se organizaron para reivindicar sus derechos ancestrales contra la imposición del proyecto a partir de abril de 2013 con la "Toma del Roble", un campamento permanente y pacífico instalado en la comunidad para rechazar el proyecto hidroeléctrico. Domínguez, recordó haber visto a David Castillo en la toma.
El Observatorio subraya que el caso de Berta Cáceres no es diferente a muchos otros en Honduras, donde quienes reivindican sus derechos frente a proyectos extractivos en sus territorios sin consentimiento son vigilados, monitoreados, víctimas de campañas de difamación, criminalización y en última instancia de amenazas, violencia y asesinatos. Sin embargo, lo excepcional de la Causa de Berta Cáceres y su paso por los tribunales nacionales, gracias al trabajo incansable de su familia, el COPINH y los movimientos sociales que han exigido justicia, es que los documentos oficiales están confirmando el papel importante que tienen quienes promueven los grandes intereses económicos en la creación de estructuras ilícitas para promover proyectos industriales que generan altos niveles de conflictividad.
El carácter público del juicio, con transmisión en vivo, es un gran paso para hacer visibles los ataques y amenazas contra las personas y comunidades defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente frente a la imposición de proyectos extractivos sin consentimiento en sus territorios. Asimismo, posibilita que este juicio adquiera gran relevancia para demostrar patrones similares de violencia contra las personas defensoras en todo el país y la región, como el señalado por la testigo Rosalina Domínguez en cuanto la violencia de la empresa y redes de poder a nivel local y también las negligencias del Estado al no actuar al momento de responder a estos actos.
“Para nosotros el quitarnos a Berta fue un vacío que nos ha dejado en la comunidad, su legado fue muy grande, fue una mujer muy decente, despertando a las comunidades y a las mujeres para que valoremos nuestros derechos,” dijo la testigo Domínguez.
[1] Código Procesal Penal de Honduras:
Artículo 25. AUTOR - El autor que realiza la conducta punible, en todo o en parte, por sí mismo o sirviéndose de otro u otros como instrumentos, sean o no penalmente responsables, así como quienes lo realizan conjuntamente.
Artículo 26. PARTÍCIPES – Son partícipes los inductores y los cómplices. Son inductores quienes dolosamente y por cualquier medio, determinan a otro a realizar un hecho delictivo. Son cómplices quienes no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
[2] El 4 de marzo de 2019, la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC, ahora UFERCO) presentó un requerimiento fiscal contra 16 ex-funcionarios del estado por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado.
Delitos denunciados por el COPINH y relacionados al otorgamiento de licencias para operar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el sagrado río Gualcarque en territorio Lenca, sin el consentimiento libre, previo e informado. Estos delitos constituyen crímenes que forman la base de las violaciones de los derechos humanos, fundamentalmente contra la vida del Pueblo Lenca, y que llevaron a la persecución en curso y al asesinato de activistas de los derechos de los Lencas, incluida Berta Cáceres, en la región afectada. Leer más detalles: https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/honduras-mision-calificada-advierte-contra-exclusion-de-copinh-como