Honduras: Primera semana del juicio a David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres

23 de abril de 2021

Para obtener más información, consulte los informes preliminares de la Misión de Observación Calificada aquí.

El martes 6 de abril de 2021, después de más de tres años de retrasos en audiencias preliminares, el juicio contra el ex oficial de inteligencia militar David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres finalmente comenzó en Honduras. El juicio es la continuación de un proceso anterior, celebrado en 2018, que condujo a la condena de siete hombres por el asesinato de la lideresa lenca el 2 de marzo de 2016. Entre ellos había cuatro sicarios, un empleado y un ex empleado de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y un mayor activo en las fuerzas armadas hondureñas. En el momento del asesinato, Berta, y la comunidad indígena de Río Blanco, organizada en el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH) -organización que Berta cofundó y dirigía en el momento de su asesinato - luchaban por reivindicar sus derechos territoriales ancestrales y detener el proyecto hidroeléctrico, “Agua Zarca”, impulsado por DESA.

David Castillo sería uno de los directivos de DESA que se coordinó con los asesinos ya condenados para llevar a cabo el crimen. En la sentencia previa, el tribunal afirmó que más de un ejecutivo de DESA conocía y consintió el asesinato de Berta, pero Castillo, quien fungía como gerente general y presidente del consejo administrativo de la empresa al momento del crimen, es el único que se enfrenta a un proceso judicial hasta la fecha.

El primer día del juicio contra David Castillo, la familia de Berta y el COPINH convocaron una conferencia de prensa. En ella, afirmaron que “el juicio contra David Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen.” Sostienen que David Castillo no es autor intelectual del crimen, sino que desempeñó un papel subordinado a otros ejecutivos de DESA para llevar a cabo el asesinato.

Terminaron haciendo un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir fortaleciendo las alianzas para la lucha por un sistema de justicia independiente en Honduras y que, “la Causa Berta Cáceres sea un precedente de verdad y reparación para los pueblos.”

Horas más tarde, al comenzar la audiencia, el Tribunal denegó la entrada a la sala a Laura Zúniga, la hija menor de Berta Cáceres, diciendo que ella tiene la posibilidad de escuchar el proceso virtualmente y que el Tribunal tenía que controlar la sala debido a la emergencia sanitaria por Covid-19. Dada la vulneración de su derecho de participación efectiva y acceso a la justicia como familiar y también como víctima y acusación privada, al día siguiente, Laura Zúniga se dirigió al Tribunal a través de una carta, solicitando garantías para los derechos de la familia como víctimas a participar en el proceso judicial con al menos un miembro presencialmente en la sala, respetando los protocolos de bioseguridad.

"Entendemos que estamos en medio de una pandemia que ha creado limitaciones objetivas para el desarrollo de audiencias seguras, pero esta situación no puede servir para profundizar el sufrimiento de las víctimas y negar el lugar que nos corresponde en este proceso que debe ser reparador de la pérdida que nos ha causado este vil crimen. "

En el mismo sentido, el Tribunal tampoco permitió el ingreso de observadores nacionales e internacionales a la sala, haciendo referencia a una decisión que se tomó en una audiencia anterior de prohibir la entrada a la sala debido a los protocolos de bioseguridad relacionados con la pandemia. La OACNUDH lamentó la decisión, que "limita el ejercicio efectivo de la supervisión y la asistencia técnica a las instituciones nacionales", según su mandato. A la Misión de Observación Calificada y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) también se les restringió la entrada a la sala de audiencias, a pesar de haber monitoreado presencialmente las audiencias previas al juicio. El juicio fue transmitido a través de las páginas de redes sociales del Poder Judicial con audio y visual que eran en momentos difíciles de escuchar y entender.

Es importante señalar que durante el juicio de 2018, las víctimas – las hijas, el hijo y la madre de Berta – fueron expulsadas de participar como acusación privada a través de su representación legal. Mientras tanto, hasta la fecha, el COPINH también ha sido excluido de participar en el caso "Fraude Sobre el Gualcarque", un caso separado, pero relacionado que examina las causas de fondo de los motivos del asesinato de Berta, en el que también está procesado David Castillo junto con otros funcionarios. La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC) alega que Castillo fungía como empleado del Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y al mismo tiempo el presidente de facto del DESA usando información privilegiada para obtener los permisos necesarios para que DESA explotara el proyecto hidroeléctrico y negociara acuerdos de compra de energía fraudulento entre DESA y el Estado. Debido a las acciones legales emprendidas por la defensa, este caso está paralizado aunque debería llegar a juicio en el primer semestre de este año. El no permitir la participación de las víctimas es profundamente preocupante y restringe su acceso a la verdad y su derecho a la justicia reparadora y a la no repetición.

En el primer día del juicio de David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, la defensa solicitó al tribunal la suspensión de la audiencia argumentando que las acciones legales que ha presentado aún no han sido resueltas definitivamente por los tribunales superiores correspondientes. También alegó que sus peritos no habían podido terminar sus informes a tiempo para el juicio por diversas razones. El Tribunal se pronunció en contra de la suspensión de la audiencia, razonando que no había recibido instrucciones ni de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ni de la Corte de Apelación para suspender y señaló, al mismo tiempo, que la defensa ha tenido la información necesaria durante suficiente tiempo como para realizar los peritajes.

En el segundo día, durante la fase de incidentes, el Ministerio Público y los abogados privados que representan a la familia, propusieron nuevas pruebas e hicieron aclaraciones que consideran relevantes para el desarrollo del juicio. Según las pruebas ya propuestas por el Ministerio Público, Castillo desempeñó un papel clave en la coordinación del plan de asesinato -y de las acciones de vigilancia, hostigamiento e intimidaciones que lo precedieron- con el ahora condenado ex gerente de seguridad de DESA, Douglas Bustillo. Nuevas pruebas propuestas por la acusación privada el segundo día del juicio apuntan a una supuesta coordinación entre Castillo con el Jefe de Finanzas de DESA, Daniel Atala Midence, para asegurar los pagos para el grupo sicarial para llevar a cabo el asesinato.

Cuando le tocaba participar en la fase de incidentes, la defensa notificó que había presentado una recusación contra el Tribunal por tener supuestamente una enemistad manifiesta con David Castillo, lo que llevó a la inmediata suspensión de la audiencia para que la Corte de Apelaciones la resolviera. Según el COPINH, esta es la cuarta recusación presentada por la defensa contra este Tribunal.

Días después, la Corte de Apelaciones resolvió sin lugar a la recusación y la reposición presentada por la defensa y se espera que el juicio se reanude en los próximos días. Una vez reanudado el juicio, el Tribunal dictará una resolución definitiva sobre qué medios de prueba se utilizarán durante el mismo.

Como parte de la Misión de Observación Calificada, hacemos un llamado a poner fin a las reiteradas demoras en el caso, dado que impiden el acceso a la justicia y la búsqueda efectiva de la verdad para las víctimas. El Estado de Honduras debe garantizar la aplicación de los estándares internacionales y la normativa nacional para la consecución de verdad, justicia integral y reparación en un caso de interés mundial. La publicidad del juicio, así como los derechos de participación de la familia de Berta Cáceres son fundamentales, en su condición de víctimas.