Honduras
23.07.01
Intervenciones urgentes
Honduras: excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras en Tegucigalpa contra los manifestantes que se oponen a la construcción de dos represas.
DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES
Caso HND 230701. ESCRC
Ginebra, 23 de julio del 2001
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Honduras.
Breve descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT fue informado por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), miembro de la red de la OMCT, así como por otras fuentes confiables, sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras en la capital,Tegucigalpa, el 18 de julio del 2001.
De acuerdo con la información recibida, el 18 de julio del 2001, cerca de 50 miembros de la Policía Nacional llegaron al Palacio de la Legislatura con el fin de expulsar por la fuerza a 300 manifestantes pacíficos.
Se ha informado que las fuerzas de seguridad utilizaron escudos, balas de goma, gas lacrimógeno y bastones de mando (palos de madera) para evacuar del edificio a los manifestantes. Según se ha denunciado, en un principio los manifestantes se habrían opuesto a su desalojo blandiendo (levantando) trozos de madera, pero detuvieron rápidamente su protesta luego de la conminación (exhortación) que les hicieran los dirigentes de la manifestación. Se ha denunciado que la expulsion de los manifestantes por parte de la policía habría tomado unas dos horas en la mañana y que continúo durante la tarde, además la zona circundante al Palacio Legislativo fue totalmente encerrada y controlada por fuerzas anti-motines pesadamente armadas.
Los informes agregan que luego de las operaciones de desalojo realizadas por las fuerzas de la policía durante la mañana y la tarde, 13 personas sufrieron graves lesiones físicas y debieron ser trasportadas al hospital. Además, las siguientes 5 personas fueron arrestadas:
1. Santos Valentín Mejía (sufre graves heridas en la cabeza) ;
2. José Antonio Velásquez (sufre graves heridas en la cabeza) ;
3. Gabriel Pérez ;
4. Silverio Molina Ventura ;
5. José Angel González.
También se informó que al día siguiente, el 19 de Julio del 2001, el Ministro de la Seguridad, Sr. Gautama Fonseca, inculpó a los siguientes defensores de derechos humanos, líderes sindicales, campesinos, indígenas, y líderes indígenas, por, entre otros cargos, desobediencia, irrespeto, y ataque y crímenes contra la administración pública, por el hecho de haberse implicado en las manifestaciones pacíficas.
1. Andrés Pavón, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), organización miembro de la red de la OMCT ;
2. Antonio Velásquez, activista del CODEH ;
3. Santiago Sosa, activista del CODEH ;
4. Henrich Pineda Plateros, activista del CODEH ;
5. Bertha Olivia de Nativi, Coordinador del Comité de Familiares de Desparecidos en Honduras (COFADEH) ;
6. Cándido Martínez, líder del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH) ;
7. Salvador Zungia, líder del COPINH ;
8. Abraham Díaz, activista indígena del Lenca ;
9. Jimena Gonzáles, activista indígena ;
10. Gabriel Perez, activista indígena ;
11. Angel Gonzales, activista indígena ;
12. Santos Valentín Mejía, activista indígena ;
13. Silverio Molina Ventura, activista indígena ;
14. Julian Martinez, activista indígena ;
15. Rafael Alegria, sindicalista ;
16. Carlos H. Reyes, sindicalista ;
17. Alberto Cancelas, habitante de Gualaco ;
18. Edgardo Hernández Guevara, habitante de Gualaco ;
19. Sally O’Neal, cooperante internacional ;
20. Jerónimo Gonzáles, cantante de Honduras .
Información general : La oposición de la población a la construcción de dos Represas
Los eventos del 18 de Julio del 2001 deben ser analizados en relación con la situación socioeconómica de Honduras. De acuerdo con el Informe 2001 del PNUD, las desigualdades están presentes en todo el país, donde un 62 % del ingreso nacional está disponible para tan sólo el 20% de la población. Dentro de este orden de cosas, los campesinos y las poblaciones indígenas deben hacer frente a una gran pobreza, a la marginalización y a la violación sistemática de sus derechos económicos sociales y culturales. Los proyectos de desarrollo no han sido capaces, hasta el momento, de integrar a las personas afectadas por estos proyectos, ni de aportar una respuesta eficaz a los problemas y han llevado a veces, como en el presente caso, a violaciones de los derechos humanos, particularmente los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales.
Los manifestantes provenientes de la Comunidad de Gualaco (departamento de Olancho, al este de Honduras), viajaron a Tegucigalpa desde el 4 de julio del 2001, con el fin de pedir que se ponga término a las actividades de la Empresa « Energisa » y con el fin de protestar contra los métodos brutales e ilegales empleados por esta compañía para vencer la oposición de la población local a la construcción de una represa de 4,4 megavatios en el Parque Nacional de la Sierra de Agalta, proyecto en donde una parte de la financiación está asegurada por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Se ha informado que el gobierno dió a la compañía « Energisa » un permiso para construir la represa dentro del Parque Nacional de la Sierra de Agalta sin consultar a las comunidades afectadas y sin evaluar los efectos de este proyecto sobre el medio ambiente.
A este respecto, la puesta en marcha de este proyecto hidroeléctrico dejará principalmente a 11 comunidades, sin acceso al agua. A este respecto, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro de sus recomendaciones hechas en 2001 sobre Honduras, presionó a las autoridades para hacer aplicar las medidas legislativas y administrativas existentes con el fin de evitar las violaciones de las leyes sobre la protección del medio ambiente, así como las violaciones al derecho del trabajo por parte de las compañías transnacionales.
Desde el mes de enero del 2001, las personas implicadas en la oposición a la construcción de la represa en Gualaco, regularmente han sido objeto de amenazas y de hostigamiento de parte de algunos de los guardias de seguridad de « Energisa ». El 30 de junio del 2001, el jefe comunal, Sr. Carlos Roberto Flóres, fuertemente comprometido en la lucha contra la realización del proyecto hidroeléctrico de la compañía « Energisa », según las informaciones, fue abatido, delante de su familia, por seis guardias de seguridad de la compañía.
Los informes agregan que el 18 de julio del 2001, los manifestantes pacíficos de la Comunidad de Gualaco se reunieron con 1000 (mil) campesinos provenientes del oeste de Honduras (departamentos de La Paz, Intibuca y Lempira) y con miembros de la organización indígena Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras, COPIN, para protestar contra la posible construcción de la represa 'El Tigre', la cual significaría el desplazamiento forzado de 20.000 (veinte mil) personas de sus hogares y de sus comunidades.
A este respecto, la OMCT recuerda la Declaración del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual controla la aplicación del Pacto relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Honduras, el que a su vez recuerda que el marco normativo de los derechos humanos incluye los derechos de las personas afectadas por decisiones claves, a participar en los procesos decisorios en cuestión.
Acción solicitada :
Favor escribir a las autoridades de Honduras solicitándoles:
i. tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar la integridad física y psicológica de las personas arrestadas arriba mencionadas y ordenar su libertad inmediata en ausencia de cargos legales válidos o, si dichos cargos existen, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
ii. ordenar el abandono inmediato de todo proceso penal contra las 20 personas arriba mencionadas, y ordenar su libertad inmediata en ausencia de cargos legales válidos o, si dichos cargos existen, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
iii. realizar de manera inmediata una investigación independiente e imparcial sobre las circunstancias del asesinato del Sr. Carlos Roberto Flóres, identificar a los responsables, llevarlos a juicio ante un tribunal civil competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
iv. realizar de manera inmediata una investigación independiente e imparcial sobre las circunstancias en las que las fuerzas de seguridad de Honduras han hecho el uso exagerado de la fuerza, identificar a los responsables, llevarlos a juicio ante un tribunal civil competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
v. garantizar que las actividades de la Compañía « Energisa » y la realización de actividades de desarrollo no impidan el disfrute de los derechos humanos, inclusive los Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como los derechos civiles y políticos;
vi. garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales a través de todo el país;
vii. garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y con las normas internacionales de derechos humanos tales como la Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de la OIT, art. N° 169.
Direcciones:
· Ingeniero CARLOS FLORES FACUSSE, Presidente de la República, República de Honduras, Casa Presidencial, Tegucigalpa, Honduras, Fax: (+50 4) 235 69 49.
· Profesor RAFAEL PINEDA PONCE, Presidente del Congreso Nacional, Palacio Legislativo, Tegucigalpa, Honduras, Fax: (+ 50 4) 238 60 48
· Doctor MIGUEL ANGEL RIVERA PORTILLO, Presidente Corte Suprema de Justicia, Palacio Judicial, Fax: (+50 4) 233 79 21
· Doctor ROY EDMUNDO MEDINA, Fiscal General de la República, Edificio Las Lomas, Tel: (+50 4) 239 42 36 / 37
· Doctor LEO VALLADARES LANZA, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Edificio Galerías La Paz, Fax: (+50 4) 221 05 36
Ginebra, 23 de julio del 2001
Favor infornarnos de toda acción emprendida citando el código del presente llamado en su respuesta.
Caso HND 230701. ESCRC
Ginebra, 23 de julio del 2001
El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención urgente en la siguiente situación en Honduras.
Breve descripción de la situación:
El Secretariado Internacional de la OMCT fue informado por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), miembro de la red de la OMCT, así como por otras fuentes confiables, sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras en la capital,Tegucigalpa, el 18 de julio del 2001.
De acuerdo con la información recibida, el 18 de julio del 2001, cerca de 50 miembros de la Policía Nacional llegaron al Palacio de la Legislatura con el fin de expulsar por la fuerza a 300 manifestantes pacíficos.
Se ha informado que las fuerzas de seguridad utilizaron escudos, balas de goma, gas lacrimógeno y bastones de mando (palos de madera) para evacuar del edificio a los manifestantes. Según se ha denunciado, en un principio los manifestantes se habrían opuesto a su desalojo blandiendo (levantando) trozos de madera, pero detuvieron rápidamente su protesta luego de la conminación (exhortación) que les hicieran los dirigentes de la manifestación. Se ha denunciado que la expulsion de los manifestantes por parte de la policía habría tomado unas dos horas en la mañana y que continúo durante la tarde, además la zona circundante al Palacio Legislativo fue totalmente encerrada y controlada por fuerzas anti-motines pesadamente armadas.
Los informes agregan que luego de las operaciones de desalojo realizadas por las fuerzas de la policía durante la mañana y la tarde, 13 personas sufrieron graves lesiones físicas y debieron ser trasportadas al hospital. Además, las siguientes 5 personas fueron arrestadas:
1. Santos Valentín Mejía (sufre graves heridas en la cabeza) ;
2. José Antonio Velásquez (sufre graves heridas en la cabeza) ;
3. Gabriel Pérez ;
4. Silverio Molina Ventura ;
5. José Angel González.
También se informó que al día siguiente, el 19 de Julio del 2001, el Ministro de la Seguridad, Sr. Gautama Fonseca, inculpó a los siguientes defensores de derechos humanos, líderes sindicales, campesinos, indígenas, y líderes indígenas, por, entre otros cargos, desobediencia, irrespeto, y ataque y crímenes contra la administración pública, por el hecho de haberse implicado en las manifestaciones pacíficas.
1. Andrés Pavón, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), organización miembro de la red de la OMCT ;
2. Antonio Velásquez, activista del CODEH ;
3. Santiago Sosa, activista del CODEH ;
4. Henrich Pineda Plateros, activista del CODEH ;
5. Bertha Olivia de Nativi, Coordinador del Comité de Familiares de Desparecidos en Honduras (COFADEH) ;
6. Cándido Martínez, líder del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH) ;
7. Salvador Zungia, líder del COPINH ;
8. Abraham Díaz, activista indígena del Lenca ;
9. Jimena Gonzáles, activista indígena ;
10. Gabriel Perez, activista indígena ;
11. Angel Gonzales, activista indígena ;
12. Santos Valentín Mejía, activista indígena ;
13. Silverio Molina Ventura, activista indígena ;
14. Julian Martinez, activista indígena ;
15. Rafael Alegria, sindicalista ;
16. Carlos H. Reyes, sindicalista ;
17. Alberto Cancelas, habitante de Gualaco ;
18. Edgardo Hernández Guevara, habitante de Gualaco ;
19. Sally O’Neal, cooperante internacional ;
20. Jerónimo Gonzáles, cantante de Honduras .
Información general : La oposición de la población a la construcción de dos Represas
Los eventos del 18 de Julio del 2001 deben ser analizados en relación con la situación socioeconómica de Honduras. De acuerdo con el Informe 2001 del PNUD, las desigualdades están presentes en todo el país, donde un 62 % del ingreso nacional está disponible para tan sólo el 20% de la población. Dentro de este orden de cosas, los campesinos y las poblaciones indígenas deben hacer frente a una gran pobreza, a la marginalización y a la violación sistemática de sus derechos económicos sociales y culturales. Los proyectos de desarrollo no han sido capaces, hasta el momento, de integrar a las personas afectadas por estos proyectos, ni de aportar una respuesta eficaz a los problemas y han llevado a veces, como en el presente caso, a violaciones de los derechos humanos, particularmente los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales.
Los manifestantes provenientes de la Comunidad de Gualaco (departamento de Olancho, al este de Honduras), viajaron a Tegucigalpa desde el 4 de julio del 2001, con el fin de pedir que se ponga término a las actividades de la Empresa « Energisa » y con el fin de protestar contra los métodos brutales e ilegales empleados por esta compañía para vencer la oposición de la población local a la construcción de una represa de 4,4 megavatios en el Parque Nacional de la Sierra de Agalta, proyecto en donde una parte de la financiación está asegurada por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Se ha informado que el gobierno dió a la compañía « Energisa » un permiso para construir la represa dentro del Parque Nacional de la Sierra de Agalta sin consultar a las comunidades afectadas y sin evaluar los efectos de este proyecto sobre el medio ambiente.
A este respecto, la puesta en marcha de este proyecto hidroeléctrico dejará principalmente a 11 comunidades, sin acceso al agua. A este respecto, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro de sus recomendaciones hechas en 2001 sobre Honduras, presionó a las autoridades para hacer aplicar las medidas legislativas y administrativas existentes con el fin de evitar las violaciones de las leyes sobre la protección del medio ambiente, así como las violaciones al derecho del trabajo por parte de las compañías transnacionales.
Desde el mes de enero del 2001, las personas implicadas en la oposición a la construcción de la represa en Gualaco, regularmente han sido objeto de amenazas y de hostigamiento de parte de algunos de los guardias de seguridad de « Energisa ». El 30 de junio del 2001, el jefe comunal, Sr. Carlos Roberto Flóres, fuertemente comprometido en la lucha contra la realización del proyecto hidroeléctrico de la compañía « Energisa », según las informaciones, fue abatido, delante de su familia, por seis guardias de seguridad de la compañía.
Los informes agregan que el 18 de julio del 2001, los manifestantes pacíficos de la Comunidad de Gualaco se reunieron con 1000 (mil) campesinos provenientes del oeste de Honduras (departamentos de La Paz, Intibuca y Lempira) y con miembros de la organización indígena Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras, COPIN, para protestar contra la posible construcción de la represa 'El Tigre', la cual significaría el desplazamiento forzado de 20.000 (veinte mil) personas de sus hogares y de sus comunidades.
A este respecto, la OMCT recuerda la Declaración del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual controla la aplicación del Pacto relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Honduras, el que a su vez recuerda que el marco normativo de los derechos humanos incluye los derechos de las personas afectadas por decisiones claves, a participar en los procesos decisorios en cuestión.
Acción solicitada :
Favor escribir a las autoridades de Honduras solicitándoles:
i. tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar la integridad física y psicológica de las personas arrestadas arriba mencionadas y ordenar su libertad inmediata en ausencia de cargos legales válidos o, si dichos cargos existen, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
ii. ordenar el abandono inmediato de todo proceso penal contra las 20 personas arriba mencionadas, y ordenar su libertad inmediata en ausencia de cargos legales válidos o, si dichos cargos existen, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
iii. realizar de manera inmediata una investigación independiente e imparcial sobre las circunstancias del asesinato del Sr. Carlos Roberto Flóres, identificar a los responsables, llevarlos a juicio ante un tribunal civil competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
iv. realizar de manera inmediata una investigación independiente e imparcial sobre las circunstancias en las que las fuerzas de seguridad de Honduras han hecho el uso exagerado de la fuerza, identificar a los responsables, llevarlos a juicio ante un tribunal civil competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
v. garantizar que las actividades de la Compañía « Energisa » y la realización de actividades de desarrollo no impidan el disfrute de los derechos humanos, inclusive los Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como los derechos civiles y políticos;
vi. garantizar el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales a través de todo el país;
vii. garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y con las normas internacionales de derechos humanos tales como la Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de la OIT, art. N° 169.
Direcciones:
· Ingeniero CARLOS FLORES FACUSSE, Presidente de la República, República de Honduras, Casa Presidencial, Tegucigalpa, Honduras, Fax: (+50 4) 235 69 49.
· Profesor RAFAEL PINEDA PONCE, Presidente del Congreso Nacional, Palacio Legislativo, Tegucigalpa, Honduras, Fax: (+ 50 4) 238 60 48
· Doctor MIGUEL ANGEL RIVERA PORTILLO, Presidente Corte Suprema de Justicia, Palacio Judicial, Fax: (+50 4) 233 79 21
· Doctor ROY EDMUNDO MEDINA, Fiscal General de la República, Edificio Las Lomas, Tel: (+50 4) 239 42 36 / 37
· Doctor LEO VALLADARES LANZA, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Edificio Galerías La Paz, Fax: (+50 4) 221 05 36
Ginebra, 23 de julio del 2001
Favor infornarnos de toda acción emprendida citando el código del presente llamado en su respuesta.