Los defensores y defensoras de derechos humanos entre la espada y la pared - Publicación del informe de misión de investigación
COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO
Publicación delinforme de misión de investigación
Ciudad de Panamá-Ginebra-Paris-Tegucigalpa, 1 de diciembre de 2016 - Asesinatos, amenazas y criminalización es la realidad cotidiana para las personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Las autoridades hondureñas deben mostrar una real voluntad política para hacer frente a esta crisis, según denunciaron hoy el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH), CEHPRODEC, CIPRODEH, COFADEH y la Plataforma Internacional contra la Impunidad. El lanzamiento se realiza en el marco de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, en la Ciudad de Panamá.
La difícil situaciónde los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Honduras harecibido una gran atención internacional durante el año 2016, como consecuenciadel asesinato de la emblemática defensora indígena lenca Berta Cáceres.Este crimen es sólo la punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles deviolencia contra las personas defensoras en el país centroamericano, que se haconvertido en uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de losderechos humanos.
Desde 2001, 17personas defensoras han sido asesinadas siendo beneficiarias de medidascautelares de la CIDH, en promedio una por año. Desde mayo del 2015 hasta laactualidad, el observatorio ha podido documentar 16 asesinatos de defensores,prácticamente uno por mes, lo que demuestra el agravamiento de la situación.
Las agresiones encontra de los defensores y defensoras están en la impunidad, en gran parte porla ineficacia de la administración de justicia, entre otros factoresestructurales. En contraste, destacan los numerosos casos de criminalización depersonas defensoras y el nivel de diligencia que el sistema judicial empleapara que los procesos en su contra avancen. Según datos de la CIDH, desde 2010se habrían producido en el país 3064 casos de criminalización para amedrentar adefensores y defensoras de derechos humanos.
El informe concluyeque urge contar con un marco nacional más claro y protector que reconozcaplenamente los derechos humanos de la población campesina, los pueblosindígenas y el colectivo LGTBI. Esto mejoraría el entorno de trabajo de losdefensores y defensoras que trabajan por estos derechos y aumentaría sulegitimidad y su visibilidad, especialmente en los contextos en los queprevalecen los conflictos en torno a la tierra y los estereotipos hetero-patriarcalesrespectivamente.
“Hasta que no se solucionen las causas estructurales quegeneran riesgo para quienes defienden derechos, medidas en la buena direccióncomo la Ley de Protección no serán eficaces. Las políticas discriminatoriascontra la población LGTBI así como la violación de los derechos relacionadoscon la tierra, incluyendo la obligación de consultar a las comunidadesafectadas por proyectos de desarrollo, contribuyen a exacerbar los conflictos ya reforzar estereotipos, dejando a los defensores y defensoras entre la espaday la pared”, denunciaron las organizaciones.
Particularmente, enun contexto en el que se dan 837 proyectos mineros potenciales que implicaríanel 35 % del territorio nacional, un marco legislativo claro y respetuoso de losestándares internacionales en materia de derechos humanos relacionados con latierra contribuiría a canalizar los posibles conflictos a través de canalesinstitucionales de diálogo en lugar de generar violencia y conflictividadsocial. Es por ello que nuestras organizaciones abogan por la apertura de unproceso participativo de debate sobre el modelo de desarrollo con laparticipación efectiva de la sociedad civil y, particularmente, de los pueblosindígenas y garífunas.
El informe concluyeasimismo que factores estructurales como la militarización del Estado, la faltade independencia de la judicatura, la sistemática estigmatización de losdefensores y defensoras y las carencias en la institucionalidad del Estado enmateria de derechos humanos son una muestra de la ausencia de voluntad real delEstado para proteger a los defensores de derechos humanos.
Un ejemplo reciente y preocupante son lasúltimas declaraciones del Presidente Juan Orlando Hernández, en las que criminaliza de forma irresponsable aorganizaciones de derechos humanos vinculándolas con grupos pandilleros, lo quecontribuye a elevar aún más el riesgo de agresiones en contra de las personasdefensoras.
Para ello el informepropone recomendaciones específicas sobre las reformas estructurales necesariasque nuestras organizaciones han identificado a partir de su análisis.
Elinforme completo está disponible para descarga:
- En español aquí.
- En inglés aquí.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos(el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización MundialContra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir paraprevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores ydefensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea paraDefensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
