México
03.02.05
Intervenciones urgentes

México: Carta abierta: Temor por la seguridad de la Sra Lydia Cacho del CIAM Cancun

CARTA ABIERTA

A los Sres. Vicente Fox, Presidente de los Estados Unidos de México, y,
Joaquín Hendricks Díaz, Gobernador del Estado de Quintana Roo



Ginebra-París, 3 de febrero de 2005.

Re: Temor por la seguridad de defensores de derechos de las mujeres en Quintana Roo


Estimados Señores,

El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), desea atraer su atención acerca de la situación de seguridad de los defensores de los derechos humanos de las mujeres en México y en particular de la Sra. Lydia Cacho Ribero, Presidenta del Centro de Crisis para Víctimas – Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) en Cancún, Estado de Quintana Roo.

Desde hace 18 años, la Sra. Lydia Cacho Ribero brinda directamente asistencia jurídica y médica y protección a las mujeres y niñas de Cancún, Quintana Roo, en particular recibiéndolas en un refugio en el caso que sean amenazadas o que sus vidas corran peligro. Por su labor la Sra. Lydia Cacho ha sido constantemente objeto de amenazas y hostigamiento por parte de los agresores de las mujeres y niñas a quienes ayuda.

En particular, el CIAM ha dado protección a la esposa de un ex agente del cuerpo especial antisecuestros de Torreón, Coahuila, de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Sr. José Ramón Hernández Castillón. Su esposa logró fugarse con sus dos hijos y una hija, quienes han sufrido actos de agresión por parte del Sr. José Ramón Hernández. Como reacción a la asistencia y protección brindada por el CIAM, él se presentó armado en varios refugios de la red de CIAM en las ciudades de Saltillo, Monterrey y San Luis Potosí, amenazando de muerte al personal que trabaja en estos refugios. Tras los hechos, la esposa del Sr. Ramón fue transferida al refugio de Cancún y la Sra. Lydia Cacho ha estado desde entonces amenazada de muerte si no la entrega. Al informar al delegado de la Procuraduría General de la República sobre estos actos, la Sra. Cacho recibió la recomendación de que “no se meta[iera] con él” [el marido], ya que él estaba “muy protegido por sus jefes”.
Además, el Observatorio ha sido informado que el 16 de noviembre de 2004, se presentó en las oficinas del CEAM-Cancún el Sr. José Alfredo Jiménez Potenciano, al parecer un conocido narcotraficante en el sur del Estado de Quintana Roo, cuya esposa e hijo de 3 años de edad han recibido protección por parte de la instituición, tras las amenazas de muerte proferidas contra ella por su marido. El Sr. Potenciano se presentó en las oficinas con armas de alto calibre y amenazó de muerte al equipo, en particular a la Sra. Lydia Cacho Ribero, si no devolvían a su mujer y su hijo.

Una abogada, en representación del CIAM, informó de inmediato al Subprocurador de Justicia del Estado, Licenciado Alfonso Chi Paredes, pidiendo apoyo policíaco por lo ocurrido. Luego se supo que el Sr. Potenciano había visitado al Subprocurador 30 minutos antes de ir a las oficinas del CIAM. Consecuentemente a que la Sra. Lydia Cacho Ribero, ante la aparente falta de atención de los agentes del Estado, llamara al Sr. Gobernador, la Procuradora de Justicia del Estado Sra. Celia Pérez Gordillo envió a su equipo a “detener el agresor” pero, hasta el momento, la policía judicial no ha ejecutado el orden.

El Sr. Potenciano comenzó a amenazar al equipo del CIAM que protege a su esposa tras la primera entrevista anónima dada por ella en el marco de las investigaciones sobre acciones delictivas imputadas a él por parte del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional). Asimismo, en otro hecho de hostigamiento, la hermana de la esposa agredida por el Sr. Potenciano presentó una denuncia penal contra la defensora Sra. Lydia Cacho Ribero por secuestro, la cual está siendo averiguada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo.

Más recientemente, a partir de diciembre y hasta la fecha el CIAM Cancún ha recibido amenazas por haber denunciado actos de abuso sexual de niños y niñas por parte del empresario Sr. Jean Succar Kuri, quien se encuentra detenido en Chandler, Arizona (Estados Unidos) esperando su extradición, acusado de abusos y prostitución infantil. Con relación a su participación en el caso, han recibido amenazas por teléfono y por medio de una lista enviada a la policía de seguridad pública local, en la cual aparece el nombre de la Sra. Lydia Cacho como una de las personas a quienes el Sr. Succar manda asesinar. Sin embargo, los miembros del CIAM Cancún siguen sin protección policíaca ninguna a pesar de las reiteradas denuncias y solicitaciones hechas a la policía municipal, al Secretario Estatal de Seguridad Pública y a la Policía Federal Preventiva, la cual necesita una orden expresa del Sr. Gobernador.

El Observatorio, seriamente preocupado por esta grave situación de la defensora de derechos humanos Sra. Lydia Cacho Ribero y de todo el equipo del CIAM, y con el fin de contribuir a mejorar su situación, les urge a que se tomen todas las providencias oportunas para garantizar su seguridad y su integridad física y psicológica, otorgándoles las medidas de protección necesarias para el ejercicio de su trabajo – y para la seguridad de las mujeres, niños y niñas que se encuentran bajo su protección –, así como en general la de todos los defensores y defensoras de derechos humanos que luchan contra la violencia hacia las mujeres en el Estado de Quintana Roo.

Del mismo modo, el Observatorio insiste en la necesidad de llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados en contra de la Sra. Lydia Cacho Ribero y de sus colaboradores, con el fin de llevar a juicio los responsables de las amenazas y agresiones y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley.
De manera general, el Observatorio recuerda que México, de acuerdo con la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, tiene el deber de proteger el Derecho de toda persona «individual o colectivo, promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos» (Art.1), y de garantizar «la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración» (Art.12.2). Tales obligaciones del Estado se encuentran igualmente proclamadas por la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas [AG/RES. 1671 (XXIX-O/99)], adoptada por la Organización de los Estados Americanos el 7 de junio de 1999.
Confiando en su apego en los derechos humanos y esperando que adopten de inmediato las medidas más oportunas, muy respetuosamente, nos suscribimos ante ustedes,


Sidiki KABA
Presidente de la FIDH

Eric SOTTAS
Director de la OMCT