Perú
02.09.04
Intervenciones urgentes

Perú: excesivo uso de la fuerza contra agricultores en Tacna.

Caso PER 020904
Malos tratos / excesivo uso de la fuerza en medio de desalojo de campesinos


El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Perú.


Descripción de la situación:

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con preocupación informaciones sobre los malos tratos infligidos a cerca de un centenar de campesinos que habían tomado posesión pacífica de un área de terreno erosionado ubicado en el sector de Munipata del Distrito de Sama Las Yaras en la Provincia de Tacna, región del mismo nombre en el Perú.

De acuerdo con las informaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, CNDH, el 29 de agosto de 2004, hacia las 10h30 de la noche, numerosos miembros del ejército peruano rodearon el campamento que cerca de cien campesinos había instalado en Munipata en Sama Las Yaras, procediendo a atacar a los habitantes entre los que se encontraban hombres, mujeres, ancianos y niños, con piedras, palos y disparos al aire, para obligarlos luego a caminar cerca de 7 kilómetros sin permitirles que llevaran la mayor parte de sus pertenencias. Según las informaciones los militares obligaron a caminar a los campesinos como castigo y durante la marcha los arreaban y golpeaban con palos cuando aquellos querían descansar, para al final dejarlos abandonados en la carretera, sin ningún tipo de abrigo.

De acuerdo con las informaciones, a la mañana siguiente, a pesar de que la Policía Nacional del Perú (PNP) en la localidad de Sama no quiso recibirles la denuncia de los hechos, afirmando, en boca del Comandante encargado, de apellido Pinto, que: “no se aceptan denuncias y los que quieran hacerlas vayan a la Fiscalía de Tacna”, se logró que el médico legista hiciera un reconocimiento de 12 de los heridos durante los hechos de la noche anterior, cuyo resultado es el siguiente: Alfonso Adrián Poma Guillermo (de 29 años de edad), presenta desfiguración de rostro con dos cortes en la cara con sutura de 15 puntos cada uno; cabeza rota suturada con 13 puntos, fractura de tobillo, hematomas en las piernas y en los brazos; Alejandrina Poma Guillermo (de 32 años de edad), presenta un corte en el pómulo izquierdo con sutura de 5 puntos y hematomas en la cabeza; Maribel Gutiérrez Ceballos (de 27 años), presenta hematomas en la espalda, cabeza, y extremidades; Quintín Nicolás Villegas Mamani (de 41 años), presenta heridas por aplastamiento de los dedos de la mano derecha y hematomas en todo el cuerpo; además de Leyver Adrián Gutiérrez Mamani (de 26 años); Edwin Hualpa Ccallo (de 21 años); César Perca Condori (de 35 años); Nélida Vicenta Gutiérrez Mamani (de 30 años); Esperanza Poma Guillermo (de 31 años); Victoria Bonifacia Huisa Mamani (de 41 años); Rosendo Luciano Poma Guillermo (de 40 años), y Virgilio Flóres Flóres (de 27 años), todos con cortes y hematomas en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con las informaciones, el ataque de los militares dirigido por el Comandante Jaime Llanos Barrón que se encontraba de civil y según los informes llevaba pasamontañas, fue acompañado con improperios e insultos que hacían referencia al origen étnico de los agricultores. Los informes agregan que la primera agresión física se produjo contra el agricultor Sr. Alfonso Adrián Poma Guillermo, quien recibió una pedrada en la cara lanzada por un Capitán de apellido Romero. Dicha agresión lo derribo al suelo, y estando allí, el mencionado Capitán Romero le asestó una segunda pedrada en la cabeza.

De acuerdo con las informaciones, miembros de la Red Nacional de Jóvenes por los Derechos Humanos, Redh, seccional Tacna, trasladaron a los heridos a la ciudad de Tacna para que sean examinados por el médico legista y para que puedan presentar ante la fiscalía la denuncia correspondiente que no se permitió que presentaran en la Comisaría de Sama.

Según las informaciones, los agricultores habían tomado posesión pacífica de los mencionados terrenos, amparados por el reconocimiento de su posesión otorgado en la resolución 198-2004-MP-FEPD-TACNA (Fiscalía de prevención del delito) en donde se exhorta al Ejército al respeto a los derechos humanos y a los agricultores a respetar el debido proceso para poder ejercer su derecho. En esta ocasión con el afán de evitar cualquier roce con el ejército, los agricultores se habían ubicado a más de 5 kilómetros de donde se encontraba acantonado el mismo y el 27 de agosto de 2004, consecuentemente a dos incursiones militares anteriores, los agricultores habían solicitado al Prefecto, por escrito, que les otorgara garantías.

El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su grave preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de los campesinos afectados por estos malos tratos y por la indefensión de los mismos y por tanto solicita a las autoridades de Perú la debida continuidad de una investigación exhaustiva e imparcial de estos hechos, con el fin de que no queden impunes.


Antecedentes de la situación:

De acuerdo con las informaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, CNDH, los agricultores de las diferentes provincias de Tacna vienen ocupando desde hace dos (02) años un área del terreno en cuestión, ubicado en Munipata, con la finalidad de hacerlo producir, a pesar a la evidente escasez de agua.

Debido a la precariedad de las condiciones de los terrenos que los campesinos vienen ocupando, en la zona no se ha constituido un asentamiento humano, lo que hace que los agricultores, en su mayoría, no pernocten en el lugar sino que levanten chozas de estera de caña en cada uno de sus lotes. Sobre estos terrenos existen diferentes inscripciones de registro de propiedad, una de ellas pertenece a la Municipalidad Provincial de Tacna, otra al Proyecto Especial Tacna y otra al Estado Peruano, y las asociaciones en que se encuentran agrupados los agricultores que ocupan estos terrenos, han venido realizando diferentes trámites para lograr la adjudicación de los mismos, sin que ninguna de estos haya culminado definitivamente.

Según las informaciones se ha podido constatar en los registros públicos de Tacna, que los terrenos que el Ejército reclama como suyos, 55000 (cincuenta y cinco mil) hectáreas, no le pertenecen y que estos se encuentran inscritos a nombre del Estado Peruano con una cláusula que permite al Ministerio de Guerra utilizar tan sólo 640 hectáreas, las cuales se encuentran a más de 40 kilómetros del lugar de los hechos, distancia a la que también se encuentra la instalación militar más cercana.


Hechos recientes:
  • Primera Intervención Militar: De acuerdo con las informaciones, el 18 de agosto de 2004, en horas de la madrugada sorpresivamente apareció un contingente de soldados del ejército peruano al mando del Comandante Jaime Llanos Barrón y sin mediar explicación alguna empezaron a desalojar a la fuerza a los pocos agricultores que pernoctaban en el mencionado lugar, utilizando la fuerza, haciendo tiros al aire e iniciando una acción vandálica que consistió en la quema de las chozas de esteras y la apropiación ilícita de colchones, frazadas, enseres de cocina, alimentos y todo cuanto encontraron en las chozas. A un agricultor que tomaba fotos como testimonio se le retuvo la cámara fotográfica, la misma que no le ha sido devuelta. Las pocas explicaciones que recibieron los agricultores era que el Ejército reclamaba la propiedad de dichos terrenos.

    En horas de la mañana del día 19 de agosto, la Red Nacional de Jóvenes por los Derechos Humanos (Redh en Tacna) pudo constatar los hechos. En esa ocasión, el personal militar con el que dialogó la Redh justificó los hechos afirmando que los terrenos eran de su propiedad y, respecto a la posesión de las pertenencias de los agricultores, afirmó que los agricultores se las habían prestado.

  • Segunda Intervención Militar: Nuevamente, en horas de la noche del viernes 20 de agosto de 2004, miembros del ejército, esta vez en mayor número, volvieron a desalojar a la fuerza a los agricultores que se encontraban en la zona, trasladándolos con sus pertenencias a un descampado ubicado a 9 kilómetros del lugar que venían ocupando. Posteriormente, el sábado 21 de agosto en horas de la mañana, los agricultores volvieron a ingresar a sus terrenos, esta vez acompañados por autoridades de la región: el Congresista Sr. Ronnie Jurado Adriazola; el Alcalde del distrito de Sama Las Yaras, Sr. Wilson Betoloto; el Regidor de la municipalidad provincial de Tacna, Sr. Carlos Colque Chipana, y la Gobernadora del distrito de Sama Las Yaras, entre otros. Según las informaciones, la presencia del Congresista obligó a que una hora después, se hiciera presente en el lugar el Comandante Jaime Llanos Barrón. Se tiene información de que durante el diálogo con el Congresista se habría llegado a un acuerdo con el fin de evitar cualquier tipo de enfrentamiento, quedando comprometido el mando militar a mantener su tropa acantonada en su campamento.

    Sin embargo en horas de la tarde del mismo día, después de que se habían retirado las autoridades gubernamentales, varios camiones del ejército, con más de cien miembros armados, se trasladaron a la zona generando un clima de confrontación. Alertadas sobre esta situación las autoridades regresaron y la Policía Nacional, PNP, así como el Fiscal de Prevención del Delito también se hicieron presentes casi al anochecer, con el ánimo de devolver la tranquilidad a la zona. Según las informaciones la presencia del Fiscal y de la PNP permitió levantar un Acta mediante la cual se establecía una situación de status quo hasta la reunión conciliatoria que se realizó el 24 de agosto en el gobierno regional. En esa ocasión, el Comandante Llanos se negó a firmar el acuerdo. Posteriormente la Fiscalía de prevención del delito emitió la resolución 198-2004-MP-FEPD-TACNA arriba mencionada.


Acción solicitada
Favor escribir a las autoridades Peruanas con el fin de urgirlas a:
  • tomar inmediatamente las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los agricultores arriba mencionados y en general de toda la comunidad de agricultores de las diferentes provincias de Tacna;

  • llevar a cabo una investigación independiente e imparcial en torno a los graves hechos arriba mencionados con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

  • tomar inmediatamente las medidas necesarias para garantizar el respeto de los acuerdos que permiten el derecho de los agricultores a permanecer en las tierras que trabajan hasta que se logren unos acuerdos más apropiados y justos para todos;

  • garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura.


Direcciones:
  • Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Ginebra. 71, Avenue Louis Casaï, 1216 Ginebra. FAX : + 41.22.791.77.28; TEL.:+ 41.22.791.77.25, E-mail: mission.peru@ties.itu.int

  • Dr. Alejandro Toledo, Presidente de la República, Calle Palacio de Gobierno – Plaza mayor s/n – Cercado de Lima – Lima – Perú. Fax. + 51.1.311.39.17 / + 51.1.426.67.70.
    E-mail: oginf@presidencia.gob.pe

  • Dra. Nelly Calderón Navarro, Fiscal de la Nación del Ministério Público de Perú, Av. Abancay Cdra, 5 – Lima – Perú. Fax: + 51.1.426 .28.00 E-mail: webmaster@mpfn.gob.pe

  • Dr. Gino Costa Santolalla, Ministro del Interior, Plaza 30 de Agosto, 160, San Isidro, Lima Perú. Fax: + 51.1.225.45.37 / + 51.1.475.29.95 E-mail: ofitel@mininter.gob.pe

  • Dr. Fausto Humberto Alvarado, Ministro de la Justicia, JR. Scipión Llona, 350 – Miraflores – Lima, Perú, Fax: + 51.1.422 35 77 / + 51.1.255 98 56. E-mail: webmaster@minjus.gob.pe

  • Dr. Walter Albán Peralta, Defensor del Pueblo, JR Ucayali, 388, Lima, Perú. Tel. : + 51.1.426.78.00 / + 51.1.426 66 57. Fax: + 51.1.426.78.89, E-mail :defensor@ombudsman.gob.pe

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas del Perú en sus respectivos países.


Ginebra, 2 de septiembre de 2004 - Sírvanse informarnos de cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.