Plan de asesinato contra el Sr. Enrique Petro y señalamiento a organizaciones nacionales e internacionales
Ginebra-Paris, 12 de mayo de 2010. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), muestra su preocupación por la existencia de un plan de asesinato del Sr. Enrique Petro Hernández, líder campesino, integrante del Consejo Comunitario de Curvaradó, y por señalamientos contra ONG nacionales e internacionales, incluyendo la OMCT y la FIDH.
De acuerdo a la información recibida, el 9 de mayo de 2010, fue puesto en conocimiento de la fuente de manera directa que jefes paramilitares de la región, vinculados a empresarios del cultivo de palma, ganadería extensiva y banano han aportado 30 millones de pesos (US$ 15.000) para asesinar al Sr. Enrique Petro Hernández. El plan contemplaría el asesinato con arma blanca o revolver de fácil uso y sería justificado acusando al Sr. Petro de pertenecer al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo (FARC-EP). Además, el Sr. Petro sería considerado como responsable de haber llevado organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, concretamente a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Peace Brigades International (PBI) y del Proyecto Acompañamiento Solidaridad Colombia (PASC), a la zona.
Se conoció también que se planean acciones en contra de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Bogotá y que varios de sus miembros, que acompañan los procesos de defensa de la vida y del territorio de comunidades desplazadas forzadamente y que se han organizado en Zonas Humanitarias y de Biodiversidad en la región del Bajo Atrato, han sido objeto de seguimiento a sus movimientos y actividades, por ser considerados como sospechosos de brindar una “formación ideológica” a las comunidades que acompañan y de formar parte de la estrategia terrorista como “guerrilleros de civil que han dañado muchos negocios”. Los informes conocidos por la fuente mencionan que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz recibe apoyo de “MOVICE y de Colombianas por la Paz y de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Front Line, Fidh y OMCT que apoyan a los narcoterroristas, y tienen una emisora contra el gobierno, donde hablan contra el desarrollo, y hablan de CAJAR, los Colombianos Juristas, y organizaciones contra el gobierno”.
El Sr. Petro ha denunciado desde 2003 la situación de desplazamiento forzado, despojo de tierras, la ocupación del territorio por parte de grupos paramilitares, la instalación de empresas de palma aceitera y de ganadería extensiva en su territorio, los vínculos de algunas empresas con el accionar paramilitar y la financiación pública de los proyectos de palma aceitera. A raíz de estas denuncias el Sr. Petro, beneficiario de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido objeto de varias amenazas de muerte y se han revelado dos planes de asesinato en su contra.
Este plan de asesinato del Sr. Petro se suma a la campaña de desprestigio contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en particular contra los Sres. Danilo Rueda, Abilio Peña, el Padre Alberto Franco, CSsR. y el Padre Javier Giraldo, S.J. y organizaciones de acompañamiento internacional. Las continuas amenazas, incluso de muerte, proferidas contra ellos hacen referencia al trabajo de acompañamiento a los procesos de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en el Bajo Atrato han sido objeto de preocupación del Observatorio, cuyas dos organizaciones parte aparecen ahora señaladas de apoyar el “narcoterrorismo”.
El Observatorio condena rotundamente este plan de asesinato contra el Sr. Enrique Petro Hernández, el cual parece estar motivado por sus actividades en defensa de los derechos humanos y solicita a las autoridades colombianas que tomen de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar su integridad física y psicológica.
Además, el Observatorio insta a las autoridades colombianas a velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia y que se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, así como por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.
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