Conclusiones preliminares de misión internacional de investigación - No hay paz para las personas defensoras de derechos humanos

Laactividad de las personas defensoras de derechos humanos sigue siendo unaactividad de alto riesgo en Colombia. El número de asesinatos de personasdefensoras de derechos humanos en 2016 oscila entre 59 y 134 según la fuente[1].Más allá de la diferencia entre cifras, escandalosas en ambos extremos, esimportante resaltar que las distintas instituciones nacionales del Estado,organismos internacionales y de la sociedad civil colombiana que recogen estasestadísticas coinciden en señalar un importante incremento en el número deasesinatos de personas defensoras de derechos humanos en comparación con añosprevios. Además, según la información recogida por la misión las personasdefensoras que ejercen liderazgo a nivel local, particularmente aquellas quedefienden derechos relacionados con la tierra y el medio ambiente en zonasrurales, constituyen el grupo más vulnerable en un escenario de constantesamenazas.

ElObservatorio ha identificado cuatro causas estructurales que explican lasituación actual.

En primerlugar, la principal fuente de agresiones contra personas defensoras se da en elcontexto de la permanencia de estructuras paramilitares en el país,identificadas como el principal victimario. La misión ha podido documentarvarios casos de colusión y/o connivencia entre funcionarios del Estado y gruposparamilitares en distintas partes del país como Norte de Santander o Antioquiaen un contexto en el que las autoridades siguen negando la existencia de estefenómeno.

“En palabras de un defensorcolombiano: -No puede combatirse lo que no existe-. Por ello, el gobiernodebería reconocer públicamente la permanencia de estructuras paramilitares enColombia y hacer frente a este fenómeno mediante la aplicación efectiva ydecidida de las medidas incluidas a tal efecto en el acuerdo de paz”,declaró Miguel Martín Zumalacárregui, Director de la oficina en Bruselas de laOMCT y delegado de la misión del Observatorio en Colombia.

En segundolugar, según los hallazgos del Observatorio, las autoridades públicas tienden amostrar un mayor reconocimiento a la legitimidad de la labor de las personasdefensoras. Sin embargo, todavía se mantienen señalamientos y ejemplos deestigmatización contra personas defensoras. Por ejemplo en el Sur de Bolívar, Bucaramanga yBarrancabermeja, donde en un caso, una de las cinco personas defensoras dederechos humanos detenidas, fue vinculada por la fiscal con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)por su papel de liderazgo en la organización de marchas.

Lacriminalización en casos de protesta social sigue siendo preocupante. La misiónha recibido diversas informaciones sobre el empleo de un enfoque represivo parael manejo de las protestas pacíficas en Colombia, incluyendo numerosos ejemplosde uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Se tuvo conocimiento devarios casos que incluyen a personas defensoras en el departamento del Cauca yen el marco del paro cívico en la ciudad de Buenaventura.

En tercerlugar, el Observatorio ha podido constatar la persistencia de elevados nivelesde impunidad que refuerzan la vulnerabilidad de todas la personas defensoras dederechos humanos en el país. Según la información recibida, solo habríasentencia condenatoria en cinco casos de asesinatos de personas defensoras a lolargo del último año. Además, en mayo de 2017 se produjo la primera condena enla historia de Colombia por amenazas a una persona defensora de derechoshumanos en la que un escolta fue condenado por las amenazas a su personaprotegida pero no se investigaron posibles autores intelectuales.

“Nos preocupa particularmente lapoca prioridad que reciben los casos de amenazas por parte de la fiscalía.Además, hay una tendencia en todas las investigaciones de ataques contrapersonas defensoras a que, en los pocos casos en los que la investigación llevaa una condena, no se indaga sobre los autores intelectuales, limitándose a losautores materiales”, afirmó Vincent Vallies, Expertointernacional y delegado de la misión.

Finalmente,en cuarto lugar, el Observatorio ha podido constatar que a pesar del amplio entramadoinstitucional dedicado a la protección de defensores y defensoras en Colombiala respuesta institucional sigue siendo débil por los siguientes motivos: lainsuficiencia de medidas que hagan frente a las causas estructurales que lesponen en riesgo, la falta de implementación a nivel local de las directrices yplanes nacionales, así como las escasas garantías para ejercer su trabajo dedefensa de derechos, como medidas con enfoque diferencial según la edad, laetnia, el género y su nivel socio económico.

Contexto:

ElObservatorio celebró una misión internacional de investigación en distintospuntos de Colombia (Bogotá, Norte de Santander, Antioquia y Valle del Cauca)entre el 11 y el 19 de julio de 2017. La delegación estuvo compuesta porVincent Vallies (experto internacional de nacionalidad francesa) y MiguelMartín Zumalacárregui (Director de la oficina en Bruselas de la OMCT yConsejero de Derechos Humanos para el Observatorio en la OMCT, de nacionalidadespañola), y fue acompañada por Jahel Quiroga (Directora de la CorporaciónReiniciar y miembro del Consejo Ejecutivo de la OMCT), y Ana María Rodríguez(Representante ante Naciones Unidas de la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ).

ElObservatorio publicará en los próximos meses un informe con los hallazgos yrecomendaciones específicas sobre la situación de las personas defensoras dederechos humanos en Colombia, en el que se incluirán las conclusiones sobreeste tema. Además, como parte de una estrategia de reforzamiento del trabajosobre Colombia por parte del Observatorio, en los próximos meses se publicarátambién un informe documentando varios casos de agresiones contra personasdefensoras de derechos humanos en el contexto de la defensa de los derechos ala tierra y al medio ambiente en el contexto de megaproyectos.

El Observatorio para la Protección de los Defensoresde Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por laOrganización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivointervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contralos defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son miembrosde ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europeapara Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civilinternacional.

Para obtener más información, por favor contactencon:

· OMCT:Miguel Martín Zumalacárregui / Delphine Reculeau: (+41) 22 809 49 39

· FIDH:Samuel Hanryon / Audrey Couprie: (+ 33) 1 43 55 25 18

Para más información y para entrevistas con losintegrantes de la misión en Bogotá:

· SilviaOjeda (Comunicaciones CCJ): lasilviojeda@coljuristas.org / Cel: +57 322 943 3896

[1] La cifra de 59 es de la Oficina en Colombia del AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Programa SomosDefensores ha empleado la cifra de 80. La cifra de 135 corresponde a datos dela Defensoría del Pueblo. @font-face { font-family: "Arial";}@font-face { font-family: "Cambria Math";}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText { margin: 0cm 0cm 0.0001pt 14.15pt; text-indent: -14.15pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: rgb(149, 79, 114); text-decoration: underline; }span.Caractresdenotedebasdepage { vertical-align: super; }span.FootnoteAnchor { vertical-align: super; }span.NotedebasdepageCar { }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { }ol { margin-bottom: 0cm; }ul { margin-bottom: 0cm; }