La suspensión del Juez Baltasar Garzón constituye un retroceso en la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales

En un nuevo capítulo de la persecución penal contra el Juez Baltasar Garzón, el CGPJ acordó, por unanimidad de los vocales presentes, suspender provisionalmente al Juez de sus funciones el pasado 14 de mayo de 2010. Esta decisión en contra del único juez que se ha atrevido a intentar satisfacer y tutelar las demandas de las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen franquista lanza un mensaje inequívoco a las víctimas del régimen, particularmente a las más de 100.000 víctimas de desaparición forzada que, condenadas al olvido, enfrentan aún más obstáculos en su batalla por la memoria y su búsqueda de justicia, verdad y reparación.

Este nuevo episodio del proceso contra el Juez Garzón es un recordatorio del incumplimiento por parte del Estado español de sus obligaciones internacionales, y en concreto de la recomendación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el 31 de octubre de 2008 instó al Estado español a derogar la Ley de Amnistía de 1977, al considerar que impide investigar crímenes internacionales y que, por tanto, es una ley de impunidad. Esta suspensión pone de manifiesto -después de que el Estado español haya utilizado el espacio del Examen Periódico Universal para presentar sus grandes avances en derechos humanos- que España tiene una importante asignatura pendiente en esta materia: sacar del olvido los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Francisco Franco.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación internacional de ligas de Derechos Humanos (FIDH), que realizó a finales de marzo de 2010 - en cooperación con la Asociación Pro Derechos Humanos de España- una misión internacional de solidaridad en apoyo al Juez Garzón, subrayó que a los jueces no se les puede perseguir por interpretar la ley de una manera distinta a la lectura que pueden tener otros jueces y constató que ésta y las otras dos querellas abiertas contra el Juez, carecen de precedentes en España, lo que indica que se desarrolla una abierta persecución en su contra, que va más allá de los intereses de la justicia. En el escrito de conclusiones provisionales de 17 de mayo, la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha posicionado claramente a favor del Juez Baltasar Garzón pidiendo su libre absolución, al considerar que declararse competente para investigar los crímenes del franquismo no constituye delito de prevaricación, ni delito alguno.

A la espera de la resolución de los diferentes recursos pendientes, el Observatorio lamenta profundamente el desarrollo de la ofensiva jurídica contra el Juez Garzón e insta a que la democracia española salde su deuda histórica y cumpla con sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

Para más informaciones ponerse en contacto con:

• OMCT: Eric Sottas: + 41 22 809 49 39
• FIDH: Karine Appy: + 33 1 43 55 25 18