Amenazas y actos de difamación y de desinformación contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Colombia

7 de enero de 2010

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), ha recibido nuevas informaciones y solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.

Nuevas informaciones:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre las amenazas y actos de difamación y de desinformación en varios medios de comunicación contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en particular contra el Sacerdote Javier Giraldo S.J. y los Sres. Abilio Peña y Danilo Rueda.

Según las informaciones recibidas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha sido acusada, a través de varios artículos, videos y programas radiales, de ser responsable del asesinato de los Sres. Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo, ocurrido el 18 de diciembre de 2009.

El 18 de diciembre de 2009, a las 8:41 hs. fue publicado, en el sitio web Facebook, perteneciente al usuario “El palenque se mueve” (e-mail comunidades_negras_curvarado@hotmail.com), por el usuario identificado como Eduardo Reyes el siguiente texto: “...nos asesinaron a tres líderes de las negritudes del curbara do, (sic) Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo, el frente 34 de las FARC, los secuestró, asesinó y descuartizó, (sic) después de haberse movilizado en Bogotá frente al minis ... terio (sic) del interior en contra de Teresa Huertas y la ONG de justicia y paz [...] necesitamos movilizarnos, empezaron a matarnos […] la defensa activa es ahora. Dónde esta el cura Giraldo el verdugo de los negros???(sic)”. Al día siguiente a las 10:02 hs., el mismo mensaje fue publicado en Facebook del “Movimiento Vanguardia Nacional” por el usuario Oscar Eduardo Herrera Salazar.

Además, el 19 de diciembre de 2009, la oficina de prensa del Senador Víctor Velázquez Reyes, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, emitió un comunicado titulado: “Es un execrable crimen de lesa humanidad, dice el presidente de la comisión de dd.hh del Senado”. En el comunicado, el senador que había convocado al seminario sobre desplazamiento forzado el 2 de diciembre, afirmó: “... que los líderes, Manuel Moya y Graciano Blandón [...] denunciaron el desplazamiento forzado del que fueron víctimas sus comunidades de la cuenca del Atrato en 1.997 por las FARC al parecer en contubernio con la Organización No Gubernamental Justicia y Paz...”.

Al mismo tiempo, el columnista Raúl E. Tamayo publicó en el periódico de Medellín, “El Colombiano”, un artículo titulado “Audífonos para el gobierno”, en el cual afirma la posible responsabilidad de la Comisión de Justicia y Paz en el triple asesinato. El artículo expresaba “...En los últimos días de noviembre, las Comunidades de Curvaradó, lideradas por don Manuel Moya, hicieron manifestaciones ante las oficinas del Ministerio del Interior, con pancartas, pidiéndoles a las autoridades que sacaran a las ONG y sus Comunidades de Paz de la región de Urabá. Con pancartas que decían: "El territorio colectivo es de los negros, no de las ONG Justicia y Paz", "Zonas Humanitarias son Refugio de las FARC." [...] El 2 de diciembre habló ante el Senado Manuel Moya y acusó a las ONG de ser victimarios de los negros. Ayer, las FARC asesinaron a Manuel Moya, al Negro Graciano y a su hijo. ¿Qué pueden decir las ONG que fueron señaladas por estos dirigentes? ¿Existen nexos entre estas ONG y las FARC? ...”

El 21 de diciembre de 2009, en el noticiero “La Hora de la Verdad”, de la emisora Radio Super, el ex Ministro del Interior Fernando Londoño Hoyos, entrevistó a los Sres. Jaime Beitar y Adan Quito y los introdujo diciendo: “Don Jaime Beitar, con quien habíamos hablado en varias ocasiones sobre la manera como su comunidad negra viene siendo atropellada por las autoridades nacionales, empujadas por la Comisión Intereclesial y específicamente por quienes comanda el padre Javier Giraldo”. Además, a lo largo de la entrevista, se responsabilizó a la Comisión de Justicia y Paz, en particular a los Sres. Abilio Peña y Danilo Rueda de haber realizado amenazas de muerte, se relacionó directamente a la Comisión con las FARC con el crimen de los Sres. Manuel Moya, Graciano Blandón y su hijo. Además, se advirtió que si el gobierno “no le para bolas al asunto (sic) y no sacan a esas ONG de allá, nosotros las vamos a sacar así sea a los tiros”[1].

Ese mismo día en la pagina web “Debate Nacional” el abogado Fernando Vargas, en nombre del “Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla Comité Vida Colombia”, publicó “Carta abierta al Procurador General de la Nación” en la que acusó a Peace Brigades International (PBI) y a la Comisión de Justicia y Paz de estar relacionadas con las FARC y de ser responsables de los asesinatos anteriormente mencionados.

Además, a través de Facebook, fue convocada una concentración en contra de la Comisión de Justicia y Paz bajo el título CONCENTRACIÓN RELÁMPAGO. El texto expresaba: “Javier Giraldo mercader de la muerte. Manuel Moya y Graciano Blandón “víctimas” [...] “las ONG de justicia y paz” movilizan sus aliados a los territorios de las negritudes, ya se alistan los agentes del terrorismo para esclavizar el último grito de resistencia de una comunidad mártir, no podemos permitirlo, cada avanzada del terrorismo disfrazado de ONG es un muerto más...”.

Por otra parte, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha recibido numerosas amenazas, entre ellas, el 20 de diciembre, conoció por medio de una fuente fidedigna, que paramilitares al mando de los hermanos Usuga, uno de ellos conocido como “Giovanni”, que operan desde San Pedro de Urabá, declararon objetivo militar a los miembros la Comisión. Según la fuente, esta decisión fue tomada a finales del mes de noviembre y están elaborando el plan para ejecutarla.

El Observatorio condena rotundamente la campaña de grave difamación emprendida contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y contra sus líderes, la cual parece estar motivada por sus actividades en defensa de los derechos humanos; de hecho, el trabajo de Justicia y Paz ha demostrado la consumación de crímenes de lesa humanidad en el Departamento de Putumayo, así como el uso de la violencia armada en los territorios donde se proyectan negocios agrícolas como el cultivo de la palma de aceite o las extracciones de recursos energéticos donde habitan pueblos indígenas y colonos mestizos.

Además, el Observatorio recuerda que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha sufrido numerosos actos de hostigamiento y amenazas desde hace varios años. Según las informaciones, en menos de dos años, unos seis defensores de la región del bajo Atrato se vieron obligados a abandonar la zona; mientras que otros tres defensores tuvieron que abandonar el bajo Naya. Según las informaciones, la Fiscalía General de la Nación no ha iniciado ninguna investigación para identificar a los responsables.

El Observatorio vuelve a manifestar su preocupación por el hecho que la negativa gubernamental a comprender y resaltar la labor legítima de las y los defensores de derechos humanos dentro de la democracia, cuestionada por altos representantes del gobierno incluso por el Señor Presidente Alvaro Uribe Vélez, ha otorgado bases a la descalificación existente desde el año 2003 contra la Comisión Intereclesial y teme que se condene injustamente a sus miembros a riesgos de prisión e incluso de su vida.

El Observatorio señala su profunda preocupación por la grave situación de inseguridad de los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, en particular, y de los defensores de derechos humanos en Colombia y solicita a las autoridades colombianas que tomen de manera urgente las medidas más apropiadas para garantizar su integridad física y psicológica.

Antecedentes[2]:

Los Sres. Nubia Patricia Acosta y Jhon Jairo Betancour quienes trabajan en Puerto Asís y Puerto Guzmán y el Valle de Guamez, Putumayo, acompañando a las comunidades rurales en la construcción de iniciativas en el marco del derecho internacional y de los DESC para reconstruir el Estado de Derecho, recibieron amenazas el 27 de noviembre y el 29 de noviembre de 2009.

La Sra. Marcela Montoya y el Sr. Rodrigo Montoya, éstos dos miembros de la Comunidad de Vida y de Trabajo de la Balsita, la Comisión Intereclesial y en particular varios de sus líderes e integrantes como los Sres. Abilio Peña y Danilo Rueda y el Sacerdote Javier Giraldo S.J., Justicia y Paz y las Brigadas Internacionales de Paz, también fueron víctimas de actos de hostigamiento y campanas de desprestigio.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:

1. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en particular del Sacerdote Javier Giraldo S.J. y de los Sres. Abilio Peña y Danilo Rueda y de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;
2. realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
3. velar por que se ponga fin a todo tipo de agresión, hostigamiento y violencia contra los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y en general contra los defensores de los derechos humanos en Colombia;
4. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);
5. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.

Direcciones:

• S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: +57.1.566.20.71 E-mail: auribe@presidencia.gov.co
• Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Téls.: +571334.45.07, +573.7720130, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co; buzon1@presidencia.gov.co
• Programa DDHH de Vicepresidencia: ppdh@presidencia.gov.co
• Observatorio DDHH de Vicepresidencia: obserdh@presidencia.gov.co
• Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor Nacional del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 57.1.640.04.91 E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co
• Sr. Guillermo Mendoza Diago, Fiscal General de la Nación (encargado), Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +57.1.570.20.00; +57.1.414.90.00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co
• Dr. Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57.1.342.97.23; + 571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23; E-mail: cap@procuraduria.gov.co; quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co; reygon@procuraduria.gov.co ; anticorrupcion@presidencia.gov.co
• Dr. Gabriel Silva Luján, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: infprotocol@mindefensa.gov.co; mdn@cable.net.co
• Sr. Fabio Valencia Cossio, Ministro de Interior, Carrera 9. No. 14-10, Capital District - Bogotá (Colombia). Tel: 57 (1) 444 31 00.
• Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
• Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57.1.336.03.11, FAX: +57.1.337.46.67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
• Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41.22.791.07.87; E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
• Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91, E-mail: colombia@emcolbru.be

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

Ginebra-Paris, 7 de enero de 2010.

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible. Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998.

Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org
• Tel. y fax OMCT: + 41 22 809.49.39 / 809.49.29
• Tel. y fax FIDH: (+33 1) 43 55.25.18 / 4355.18.80

[1] El 22 de diciembre de 2009 el Sr. Fernando Londoño Hoyos, en la “Hora de la Verdad”, afirmó que las comunidades acompañadas por la Comisión de Justicia y Paz "vienen auspiciadas y empujadas por las FARC". Ese mismo día, José Obdulio Gaviria, en su columna semanal del diario nacional “El Tiempo” titulada “Manuel Moya y Graciano Blandón”, afirmó la tesis del crimen anunciado y culpó de la ambientación a las Zonas Humanitarias, a las que llama Comunidades de Paz, al PASC de Canadá y a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a las que vincula, con las FARC.

El 23 de diciembre de 2009, el Sr. Fernando Londoño Hoyos, en la “Hora de la Verdad”, entrevistó al abogado Fernando Vargas, quien alegó en contra de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad y de la Comisión de Justicia y Paz. El mismo día, José Obdulio Gaviria, en su columna semanal de el diario nacional El Tiempo titulada “Manuel Moya y Graciano Blandón”, afirma la misma tesis del crimen anunciado y culpa de la ambientación a las Zonas Humanitarias, a las que llama Comunidades de Paz, al PASC del Canadá y a nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a las que vincula, también, con las FARC.

[2] Para más información sobre los antecedentes de este caso, ver Llamado Urgente OBS 021/1209/OBS 188.