La tortura debe dejar de ser un tema tabú
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COMUNICADO CONJUNTO
ESPAÑA: La tortura debe dejar de ser un tema tabú
Bruselas-Madrid,23 de junio de 2016 – Cinco organizaciones nacionales e internacionales de defensade los derechos humanos rechazan enérgicamente la posibilidad de cualquier tipode sanción contra el Magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Pradapor haber dicho públicamente que la tortura todavía existe en España. Lasautoridades deben abandonar el negacionismo y mostrar voluntad política paracumplir las numerosas sentencias y recomendaciones de mecanismosinternacionales.
El próximo24 de junio el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional[1](AN) decidirá sobre la petición de recusación contra el Magistrado José Ricardode Prada por haber manifestado en una mesa redonda organizada por la asociacióncultural “Foro por la Convivencia” celebrada el 14 de abril en Tolosa, que enEspaña sin ser generalizada se habían producido episodios de tortura de maneraclara y que profesionalmente había conocido casos con sospecha fuerte detortura que no habían sido suficientemente investigados por los tribunales loque había dado lugar a múltiples sentencias de condena por el Tribunal Europeode Derechos Humanos. Resulta destacable que el 15 de junio la Sala II delTribunal Supremo anuló una sentencia de la AN, que contó con el voto particularen contra del Magistrado de Prada, por no haber admitido una prueba pericialpsicológica de acuerdo con el Protocolo de Estambul para determinar si sehabían producido actos de tortura contra Iñigo Zapirain Romano.
El pasado30 de mayo la AN admitió a trámite dos incidentes de recusación en contra del Magistradode Prada presentadas por una asociación de víctimas del terrorismo invocandoeste motivo y el 7 de junio se supo que la Fiscalía de la AN se había sumado alas recusaciones y había añadido nuevas acusaciones a los escritos derecusación, lo cual además dejará al Magistrado en situación de indefensiónpuesto que el procedimiento no prevé que pueda pronunciarse sobre estas nuevasacusaciones antes de que se decida sobre la recusación. La admisión de larecusación podría implicar que el Magistrado de Prada, quedara apartado dejuzgar en lo sucesivo asuntos relacionados con el terrorismo, lo que vendría aconstituir una forma de grave sanción profesional por sus manifestaciones sobrela tortura.
Además, el24 de abril, el Ministro del Interior español afirmó que las palabras delMagistrado son "indignas" de un juez y ofensivas para las fuerzas ycuerpos de seguridad del Estado, recordando que la legislación españolatipifica los delitos de humillación a las víctimas o de apología del terrorismoinstó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a tomar medidas contra elMagistrado. El CGPJ ha iniciado diligencias informativas que podrían acarrearalgún tipo de sanción disciplinaria para el Magistrado de Prada.
En 2003,el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la cuestión de la Tortura y otros tratos o penas crueles,inhumanos o degradantes, Theo Van Boven, mostró su preocupación por la“reticencia a discutir la incidencia y la extensión de la práctica de latortura en España, en la medida en que la tortura se ha convertido en unproblema de elevado contenido político”. Las organizaciones que suscriben estecomunicado lamentan que 13 años después la situación no haya cambiado en eseaspecto y la tortura siga siendo un tema tabú en el Estado español.
Si bien latortura y los malos tratos no son prácticas sistemáticas, las numerosassentencias, opiniones y recomendaciones a nivel internacional evidencian laexistencia del problema y que el debate debería centrarse en la implementaciónde medidas para la erradicación de la tortura y las causas que la facilitan y noen la existencia o no de la misma.
Así, el 31de mayo de 2016 se produjo la séptima sentencia condenatoria a España por partedel Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) por casos detortura, la séptima desde 2010, en la que se concluía que la denuncia detortura presentada por Xabier Beortegui Martínez tras ser detenido en 2011 nofue objeto de una investigación judicial efectiva. El TEDH instó a España amejorar la calidad de las investigaciones forenses y a establecer un código deconducta para los agentes policiales responsables de la custodia de las personasarrestadas en régimen de incomunicación, tal y como ha reclamado también ennumerosas ocasiones el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo deEuropa (CPT).
Además, el29 de mayo de 2015 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresósu honda y seria preocupación sobre varios aspectos como la falta de regulacióndebida del delito de tortura, el uso excesivo de la fuerza por los agentes delorden, así como la impunidad y la ausencia de investigaciones exhaustivas yeficaces sobre las denuncias de torturas y malos tratos cometidos por losagentes del orden. Además, tanto el Comité Contra la Tortura como el Comité deDerechos Humanos de Naciones Unidas han solicitado repetidamente la abolicióndel régimen de incomunicación tanto en sus observaciones finales como en casosindividuales como el de Achabal Puertasc. España.
Por todolo anteriormente expuesto las cinco organizaciones nacionales e internacionalesde defensa de los derechos humanos que suscriben el comunicado instan a lasautoridades españolas a garantizar que el Magistrado José Ricardo de Pradapueda seguir desarrollando su función jurisdiccional en la Audiencia Nacional,con normalidad, sin intimidación ni represalias por sus afirmaciones en tornoal fenómeno de la tortura en España y su falta de investigación judicial eficaz.
Asimismo, lasorganizaciones firmantes reclamamos la apertura de un debate público paradiseñar un Segundo Plan de Derechos Humanos dotado de recursos humanos ymateriales suficientes para su efectiva implementación. Este plan debería priorizar la erradicación dela tortura y mostrar una voluntad política decidida para garantizar elcumplimiento de las sentencias y recomendaciones de mecanismos internacionalescomo el TEDH y el Comité contra la Tortura
Para másinformación, por favor, contacten con:
· OrganizaciónMundial Contra la Tortura (OMCT): Miguel Martín Zumalacárregui (Bruselas, +322 218 37 19) / Lori Brumat (Ginebra, +41 22 809 49 39)
· Rights International Spain (RIS): Patricia Goicoechea(Madrid, +34 649 98 83 98)
· Asociación ProDerechos Humanos de España (APDHE): Nuría García (Madrid, +34 637 253 869)
[1] La Audiencia Nacional es untribunal encargado, entre otros, de juzgar delitos de crimen organizado comoterrorismo o narcotráfico, así como delitos cometidos fuera del territorionacional.
