Estados Unidos de América
07.05.03
Intervenciones urgentes
USA: La ejecución y el encarcelamiento continuo de delincuentes juveniles trunca toda esperanza de justicia
Ginebra, 7 de Mayo de 2003
Menores de edad en Estados Unidos:
La ejecución y el encarcelamiento continuo de delincuentes juveniles trunca toda esperanza de justicia
El Secretariado Internacional de la OMCT muestra una gran preocupación por el deplorable estado del sistema de justicia juvenil estadounidense, concretamente en lo que respecta a la aplicación de la pena de muerte y de la cadena perpetua, así como por los procedimientos propios de adultos a delincuentes que han cometido sus delitos durante la minoría de edad. En la ultima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que acaba de terminar, Estados Unidos trató nuevamente de evitar cualquier alusión a la pena de muerte en la resolución sobre los derechos de los niños, lo que provocó la disconformidad de toda la Comunidad Internacional.
La ejecución de niños en conflicto con la ley persiste
Scott Hain fue ejecutado el 3 de abril de 2003 mediante inyección letal declarándose su fallecimiento a las 8:39 p.m., después de que el Tribunal Supremo estadounidense revocara la suspensión de la ejecución de la pena dictaminada el día anterior por el Tribunal Federal de Apelación del distrito 10 de Denver. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma denegó asimismo la petición de gracia de Scott. Cuando su abogado -Steven Presson- acudió con él a la vista, alegó que no podía exponer una motivación jurídica creíble para una petición de gracia por falta de fondos. En mayo de 1998 Scott -de 17 años- fue condenado por un tribunal de Tulsa por haber asesinado a Michael William Houghton y a Laura Lee Saunders en esa misma localidad en 1987. Aunque en 1993 consiguió que revocaran la sentencia basándose en un error de instrucciones al jurado, las autoridades estadounidenses le condenaron a la pena de muerte un año después.
El Secretariado Internacional de la OMCT condena esta ejecución y considera que incumple las Normas Internacionales sobre los derechos del niño. El Secretariado muestra asimismo una gran preocupación por los otros 79 delincuentes juveniles que se hallan en Estados Unidos a la espera de ser ejecutados.
La OMCT defiende los principios dictaminados por la Convención sobre los Derechos del Niño, concretamente el artículo 37 (a) que prohíbe la aplicación de la “pena capital (…) por delitos cometidos por menores de 18 años de edad (…)”. Aunque Estados Unidos no forme parte de la Convención, la OMCT considera que, de todas formas, se halla vinculado a esta prohibición. Como señala la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, “ya había surgido una norma de Derecho Internacional Consuetudinario que prohibía la ejecución de delincuentes menores de 18 años en el momento de cometer el delito.(…)” y “(…) ésta ha sido reconocida como una norma de carácter suficientemente inalienable como para constituir una norma de jus cogens (…)” .
La cadena perpetua se aplica sin piedad
El el 9 de marzo de 2001 Lionel Tate, de 14 años de edad, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Fue declarado culpable del asesinato de Tiffany Eunick, una niña de 6 años de edad. Tiffany falleció el 28 de julio de 1999 en el domicilio de Lionel, después de que éste la golpease a la edad de 12 años. El 11 de Agosto de 1999, el Gran Jurado de Estados Unidos procesó a Lionel y le acusó -como si de un adulto se tratara- de asesinato en primer grado. El juicio comenzó el 16 de enero de 2001 y el 9 de marzo de 2001 el juez le condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Actualmente, Lionel se encuentra en el Centro Penitenciario para Delincuentes Juveniles de Okeechobee donde permanecerá hasta los 16 años, edad en la que será trasladado a un centro penitenciario de adultos para seguir cumpliendo la sentencia (cabe señalar que el gobernador del Estado tiene autorización para conmutarla).
En abril de 1999 Rebecca Falcon –de 15 años de edad- fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Fue procesada como si de un adulto se tratara y condenada por la justicia de Florida por el homicidio del taxista Richard Phillips. La noche del 19 de noviembre de 1997 Rebecca salió con un antiguo amigo del colegio y con su primo de 18 años de edad, Clifton Gilchrist. Tomaron un taxi todos juntos. Clifton –que solía ir armado – llevaba consigo una pistola. El taxista recibió un disparo, muriendo seis días más tarde. Antes de ser procesada, Rebecca fue enviada a un reformatorio para ser trasladada después a una celda aislada en la prisión de Bay County. Actualmente, se encuentra en la cárcel de mujeres de Lowell.
La OMCT considera que estos dos casos de encarcelamiento de delincuentes juveniles (así como otros no mencionados) suponen una violación de las normas internacionales de los derechos del niño, concretamente del artículo 37(a) de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual prohíbe la aplicación de la “prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación(…) por delitos cometidos por menores de 18 años”. Asimismo, el artículo 37(b) de dicha Convención solicita a los Estados que apliquen penas de cárcel a un niño o individuo de edad inferior a los 18 años (art.1), "tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda".
La OMCT cree que el encarcelamiento en el corredor de la muerte así como la cadena perpetua sin posibilidad de liberación supone tortura o tratamiento cruel, inhumano y degradante, algo que prohíben las Tratados Internacionales ratificados por Estados Unidos cuando se trata de individuos particularmente vulnerables como los niños (que se hallan en una etapa crítica de su desarrollo). Los niños condenados a la pena de muerte o a cadena perpetua están sujetos a trastornos psicológicos graves y su desarrollo emocional suele verse profundamente afectado.
Aplicación de procedimientos propios de adultos a delincuentes juveniles
Lee Boyd Malvo y John Allen Muhammad fueron detenidos el 24 de octubre de 2002 en un área de descanso. Son sospechosos de los varios disparos producidos en Washington y que acabaron con la vida de 10 personas e hirieron a otras tres el pasado octubre. Malvo fue llevado ante un tribunal ordinario y así, el 22 de enero de 2003, fue procesado por las autoridades de Virginia por 3 cargos, como si de un adulto se tratara. Dichos cargos incluían el asesinato de más de una persona en un intervalo de tres años, el asesinato como acto terrorista y el uso de armas durante la perpetración del delito. Este auto de procesamiento muestra que reúne los requisitos legales para ser condenado a la pena de muerte, pues el estado de Virginia no fija una edad mínima a partir de la cual pueden aplicarse este tipo de penas a los delincuentes juveniles.
Cada vez son más los niños a los que se les juzga como adultos en Estados Unidos por cometer un delito grave. De hecho, se cree que algunos delitos son tan graves que ni siquiera entran dentro de la jurisdicción juvenil, encargada de promover la reintegración de los niños y su participación constructiva en la sociedad.
La OMCT muestra una gran preocupación por esta tendencia de uso reciente. Señala, además, que los niños a los que se les juzga como adultos están sujetos a castigos que no buscan su reinserción, como la pena de muerte o la cadena perpetua.
Según el artículo 40(3) de la Convención sobre los Derechos del Niño, “los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes(…)”.
Como consecuencia, la OMCT exige a las autoridades estadounidenses la abolición de la pena de muerte y la cadena perpetua en el caso de delitos cometidos por individuos de edad inferior a los 18 años, además, la derogación de las normas que permiten que los niños sean juzgados como adultos.
La OMCT solicita en concreto que las autoridades estadounidenses conmuten las sentencias aplicadas a Lionel Tate, a Rebecca Falcon y a otros jóvenes a los que se les ha condenado a cadena perpetua sin libertad condicional además de las sentencias aplicadas a 79 delincuentes juveniles que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte. La OMCT solicita asimismo que Estados Unidos se comprometa a que Lee Boyd Malvo y todos los otros menores de edad que hayan cometido un delito grave sean juzgados como niños y no como adultos.
Menores de edad en Estados Unidos:
La ejecución y el encarcelamiento continuo de delincuentes juveniles trunca toda esperanza de justicia
El Secretariado Internacional de la OMCT muestra una gran preocupación por el deplorable estado del sistema de justicia juvenil estadounidense, concretamente en lo que respecta a la aplicación de la pena de muerte y de la cadena perpetua, así como por los procedimientos propios de adultos a delincuentes que han cometido sus delitos durante la minoría de edad. En la ultima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que acaba de terminar, Estados Unidos trató nuevamente de evitar cualquier alusión a la pena de muerte en la resolución sobre los derechos de los niños, lo que provocó la disconformidad de toda la Comunidad Internacional.
La ejecución de niños en conflicto con la ley persiste
Scott Hain fue ejecutado el 3 de abril de 2003 mediante inyección letal declarándose su fallecimiento a las 8:39 p.m., después de que el Tribunal Supremo estadounidense revocara la suspensión de la ejecución de la pena dictaminada el día anterior por el Tribunal Federal de Apelación del distrito 10 de Denver. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Oklahoma denegó asimismo la petición de gracia de Scott. Cuando su abogado -Steven Presson- acudió con él a la vista, alegó que no podía exponer una motivación jurídica creíble para una petición de gracia por falta de fondos. En mayo de 1998 Scott -de 17 años- fue condenado por un tribunal de Tulsa por haber asesinado a Michael William Houghton y a Laura Lee Saunders en esa misma localidad en 1987. Aunque en 1993 consiguió que revocaran la sentencia basándose en un error de instrucciones al jurado, las autoridades estadounidenses le condenaron a la pena de muerte un año después.
El Secretariado Internacional de la OMCT condena esta ejecución y considera que incumple las Normas Internacionales sobre los derechos del niño. El Secretariado muestra asimismo una gran preocupación por los otros 79 delincuentes juveniles que se hallan en Estados Unidos a la espera de ser ejecutados.
La OMCT defiende los principios dictaminados por la Convención sobre los Derechos del Niño, concretamente el artículo 37 (a) que prohíbe la aplicación de la “pena capital (…) por delitos cometidos por menores de 18 años de edad (…)”. Aunque Estados Unidos no forme parte de la Convención, la OMCT considera que, de todas formas, se halla vinculado a esta prohibición. Como señala la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, “ya había surgido una norma de Derecho Internacional Consuetudinario que prohibía la ejecución de delincuentes menores de 18 años en el momento de cometer el delito.(…)” y “(…) ésta ha sido reconocida como una norma de carácter suficientemente inalienable como para constituir una norma de jus cogens (…)” .
La cadena perpetua se aplica sin piedad
El el 9 de marzo de 2001 Lionel Tate, de 14 años de edad, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Fue declarado culpable del asesinato de Tiffany Eunick, una niña de 6 años de edad. Tiffany falleció el 28 de julio de 1999 en el domicilio de Lionel, después de que éste la golpease a la edad de 12 años. El 11 de Agosto de 1999, el Gran Jurado de Estados Unidos procesó a Lionel y le acusó -como si de un adulto se tratara- de asesinato en primer grado. El juicio comenzó el 16 de enero de 2001 y el 9 de marzo de 2001 el juez le condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Actualmente, Lionel se encuentra en el Centro Penitenciario para Delincuentes Juveniles de Okeechobee donde permanecerá hasta los 16 años, edad en la que será trasladado a un centro penitenciario de adultos para seguir cumpliendo la sentencia (cabe señalar que el gobernador del Estado tiene autorización para conmutarla).
En abril de 1999 Rebecca Falcon –de 15 años de edad- fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Fue procesada como si de un adulto se tratara y condenada por la justicia de Florida por el homicidio del taxista Richard Phillips. La noche del 19 de noviembre de 1997 Rebecca salió con un antiguo amigo del colegio y con su primo de 18 años de edad, Clifton Gilchrist. Tomaron un taxi todos juntos. Clifton –que solía ir armado – llevaba consigo una pistola. El taxista recibió un disparo, muriendo seis días más tarde. Antes de ser procesada, Rebecca fue enviada a un reformatorio para ser trasladada después a una celda aislada en la prisión de Bay County. Actualmente, se encuentra en la cárcel de mujeres de Lowell.
La OMCT considera que estos dos casos de encarcelamiento de delincuentes juveniles (así como otros no mencionados) suponen una violación de las normas internacionales de los derechos del niño, concretamente del artículo 37(a) de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual prohíbe la aplicación de la “prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación(…) por delitos cometidos por menores de 18 años”. Asimismo, el artículo 37(b) de dicha Convención solicita a los Estados que apliquen penas de cárcel a un niño o individuo de edad inferior a los 18 años (art.1), "tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda".
La OMCT cree que el encarcelamiento en el corredor de la muerte así como la cadena perpetua sin posibilidad de liberación supone tortura o tratamiento cruel, inhumano y degradante, algo que prohíben las Tratados Internacionales ratificados por Estados Unidos cuando se trata de individuos particularmente vulnerables como los niños (que se hallan en una etapa crítica de su desarrollo). Los niños condenados a la pena de muerte o a cadena perpetua están sujetos a trastornos psicológicos graves y su desarrollo emocional suele verse profundamente afectado.
Aplicación de procedimientos propios de adultos a delincuentes juveniles
Lee Boyd Malvo y John Allen Muhammad fueron detenidos el 24 de octubre de 2002 en un área de descanso. Son sospechosos de los varios disparos producidos en Washington y que acabaron con la vida de 10 personas e hirieron a otras tres el pasado octubre. Malvo fue llevado ante un tribunal ordinario y así, el 22 de enero de 2003, fue procesado por las autoridades de Virginia por 3 cargos, como si de un adulto se tratara. Dichos cargos incluían el asesinato de más de una persona en un intervalo de tres años, el asesinato como acto terrorista y el uso de armas durante la perpetración del delito. Este auto de procesamiento muestra que reúne los requisitos legales para ser condenado a la pena de muerte, pues el estado de Virginia no fija una edad mínima a partir de la cual pueden aplicarse este tipo de penas a los delincuentes juveniles.
Cada vez son más los niños a los que se les juzga como adultos en Estados Unidos por cometer un delito grave. De hecho, se cree que algunos delitos son tan graves que ni siquiera entran dentro de la jurisdicción juvenil, encargada de promover la reintegración de los niños y su participación constructiva en la sociedad.
La OMCT muestra una gran preocupación por esta tendencia de uso reciente. Señala, además, que los niños a los que se les juzga como adultos están sujetos a castigos que no buscan su reinserción, como la pena de muerte o la cadena perpetua.
Según el artículo 40(3) de la Convención sobre los Derechos del Niño, “los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes(…)”.
Como consecuencia, la OMCT exige a las autoridades estadounidenses la abolición de la pena de muerte y la cadena perpetua en el caso de delitos cometidos por individuos de edad inferior a los 18 años, además, la derogación de las normas que permiten que los niños sean juzgados como adultos.
La OMCT solicita en concreto que las autoridades estadounidenses conmuten las sentencias aplicadas a Lionel Tate, a Rebecca Falcon y a otros jóvenes a los que se les ha condenado a cadena perpetua sin libertad condicional además de las sentencias aplicadas a 79 delincuentes juveniles que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte. La OMCT solicita asimismo que Estados Unidos se comprometa a que Lee Boyd Malvo y todos los otros menores de edad que hayan cometido un delito grave sean juzgados como niños y no como adultos.