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Guatemala
28.08.20

Guatemala: Nuevas medidas ejecutivas desmantelan el estado de derecho y revierten la lucha contra la impunidad

En contra de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz de 1996, el pasado 31 de julio, la Presidencia de Guatemala derogó mediante tres Acuerdos Gubernativos, tres instituciones que trabajaban para la protección de los derechos humanos en el país centroamericano. Se trata de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia (SAA) y la Secretaría de la Paz (Sepaz). En su sustitución, se creará la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh), bajo su cargo y el de distintos ministros.

De manera muy preocupante, las tres instituciones se han visto forzadas a dejar de ejercer sus funciones sin que la Copadeh haya entrado todavía en funcionamiento y con la sombra de la duda sobre cómo se hará el traspaso de funciones. Por el instante, los archivos, documentación y registros de la Copredeh, la Sepaz y la SAA han sido transferidos a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), organismo creado con anterioridad a la derogación de las tres instituciones.

Como siempre, las más afectadas por la eliminación de dichas instituciones son las personas en una situación de mayor vulnerabilidad: las víctimas del conflicto armado interno; las comunidades rurales e indígenas históricamente perseguidas, discriminadas y desalojadas de sus tierras ancestrales; los y las activistas y defensoras de derechos humanos y los operados judiciales que persisten en hacer su trabajo de manera independiente y honesta.

A modo de ejemplo, la Secretaría de Asuntos Agrarios contaba con más de 4000 expedientes de conflictividad, incluidos desalojos de sus tierras a comunidades campesinas e indígenas. También la Sepaz dejará de gestionar las solicitudes de resarcimiento de las víctimas y supervivientes del conflicto armado interno.

Por último, la eliminación de la Copredeh implica, tras años de negligencias, el abandono definitivo del proceso de elaboración de la política pública para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de agosto de 2014. Además, la totalidad de los expedientes de medidas cautelares de ciudadanos en riesgo, especialmente personas defensoras de derechos humanos, y la tramitación de los casos ante los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos que tenía bajo su cargo, se encuentran ahora pendientes de clasificación en la Segeplan. Asimismo, la Copredeh era la institución encargada, desde sus oficinas regionales, del monitoreo la situación en las distintas cárceles del país, en una grave situación de emergencia penitenciaria, y más aún en el actual contexto de COVID19, como publicábamos hace unos meses.

Desafortunadamente, estas medidas no cogen por sorpresa a organizaciones defensoras de derechos en Guatemala como UDEFEGUA, parte de nuestra Red SOS Tortura. Desde la toma de posesión del cargo el pasado enero, el presidente Alejandro Giammattei ha recurrido de forma constante a la aplicación de estados de excepción o sitio en distintos municipios del país, marcados por la violencia y la criminalidad, pero también por los conflictos agrarios en el contexto de macroproyectos de empresas mineras y cementeras. Se ha ido instalando una lógica de militarización en esos municipios y en el conjunto del país que, con la pandemia y el decreto del Estado de calamidad pública el 5 de marzo del año en curso, se ha agudizado.

Efectivamente, en nuestra última Misión Internacional al país el pasado mes de febrero, para evaluar la implementación de las recomendaciones formuladas al Estado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, desde la OMCT comprobamos con alta preocupación el avance de diversas acciones para debilitar el estado de derecho y las graves carencias de interlocución con las organizaciones de la sociedad civil.

Estos hechos ocurren en un contexto de persecución y alerta creciente respecto la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Este mismo mes el agrónomo francés, Benoit Pierre Amédée, de Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras, que trabajaba en apoyo de los derechos sobre la tierra en el altiplano maya de Guatemala, era asesinado[1]. En un país donde la tortura, la violencia y el racismo siguen siendo problemas estructurales, acciones como esta deterioran todavía más las garantías para el desarrollo del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y debilitan los avances realizados en la lucha contra la impunidad y por la justicia social en el país.

Por todo lo anterior, la OMCT insta a las autoridades guatemaltecas a asegurar el resguardo adecuado de los archivos y documentación bajo potestad de las tres instituciones y a garantizar la continuidad de la labor y objetivos de las mencionadas instituciones, considerando su papel central en la protección y promoción de la paz y los derechos humanos en el país, en particular de las personas y comunidades más afectadas por el conflicto armado interno. Es crucial garantizar la permanencia de una institucionalidad de derechos humanos fuerte e independiente en la que se articulen esfuerzos con las organizaciones de las sociedad civil y se fomente el diálogo con las mismas.

Para más información, contacte a:

Iolanda Jaquemet, Directora de Comunicaciones, ij@omct.org, +41(0) 79 539 4106

[1] Véase Pronunciamiento Conjunto del Observatorio y UDEFEGUA, publicado el 12 de agosto de 2020.

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