México: Una abogada indígena amuzga y defensora de derechos humanos privada de libertad por participar en varios movimientos sociales

Kenia Inés Hernández Montalván es una abogada y defensora indígena amuzga, de ascendencia afromexicana, madre y principal responsable de dos hijos, que está injustamente privada de su libertad desde hace más de 5 años. Después de conocer las desigualdades en las que vivían las mujeres de su comunidad, decidió estudiar la carrera de derecho para apoyarlas, dedicándose a la defensa del territorio en Guerrero, defendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, y apoyando la causa de los presos políticos. Kenia fue co-fundadora del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero (MOLPPEG), además de fundar el Colectivo Libertario Zapata Vive, en el que realizaba trabajos con los jóvenes de la costa guerrerense.

Dada su labor de defensa, Kenia recibió diversas amenazas, algunas de ellas provenientes de grupos armados de la región de la Costa Chica en Guerrero, forzándola a dejar su territorio en septiembre de 2019, siendo beneficiaria y hasta el momento de su privación de la libertad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Persecución y repetidas detenciones

El 7 de junio de 2020, Kenia Hernández fue detenida en el Estado de México, y vinculada a proceso por un delito de “robo con violencia” que no cometió, en el contexto de una manifestación pública. Posteriormente fue puesta en libertad con medida cautelar de presentación periódica.

El 18 de octubre de 2020, fue detenida nuevamente, sin recibir orden judicial ni conocer los motivos de su detención, por la comisión del supuesto delito de “robo con violencia” en el contexto de una manifestación pública en la caseta La Hortaliza, Estado de México. Luego de 6 días de la segunda detención, le fue ejecutada la orden de aprehensión por el supuesto delito federal de ataque a las vías generales de comunicación en Acapulco, Guerrero.

Durante los siguientes años, la Policía de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE, entidad descentralizada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México) le fue acusando y con esto sumando distintas causas por el mismo delito, por lo que actualmente enfrenta nueve procesos en su contra por un delito sistemáticamente empleado en México para criminalizar la protesta.

Las causas penales en su contra comparten que las acusaciones, independientemente del delito imputado, se enmarcan en actos de protesta y manifestación pública.

Historia de malos tratos

Durante estos más de cuatro años, la defensora de derechos humanos ha estado en cuatro distintos penales del Estado de México y en el Centro Federal Femenil de Reinserción Social 16 (CEFERESO Nº 16 en Morelos), siendo este último lugar, un penal de máxima seguridad, donde realizó 2 huelgas de hambre solicitando mejoras en las condiciones de reclusión, toda vez que manifestó condiciones contradictorias a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), y en donde se han registrado desde el 2022, 19 muertes en custodia en dicho CEFERESO.

En enero de 2024 fue trasladada al penal de Ecatepec, Estado de México, por motivos de vinculación familiar, después de una larga insistencia por parte de su equipo jurídico y familiares, no obstante, el 30 de mayo de 2024 fue agredida físicamente por internas del penal, razón por la cual fue trasladada para proteger su integridad personal al penal de Nezahualcóyotl Sur, Estado de México, donde se encuentra actualmente.

La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México, donde las personas defensoras a menudo son objeto de represalias y amenazas, como la fabricación de cargos, por ejercer su labor. De acuerdo con el equipo jurídico de la abogada, el delito del que se le acusa múltiples veces no es considerado grave, por lo que se ha buscado lograr un acuerdo integral reparatorio con CAPUFE. 

Un caso de injusticia

El caso de Kenia Hernández es un ejemplo del hostigamiento que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México, marcado por un uso indebido del derecho penal para judicializar a las personas defensoras, así como por la criminalización de la protesta social. Además, los procesos judiciales contra Kenia Hernández han estado marcados por irregularidades. Por ejemplo, se le ha negado la participación presencial en sus audiencias, el derecho a la interpretación en idioma amuzgo y, además, se ha impedido que su familia pueda visitarla en varias ocasiones. 

“Durante el tiempo en que he sido privada de mi libertad, he sido víctima de malos tratos, discriminación, violencia física y psicológica”, denunciaba Kenia ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2024.

Es por eso que pedimos la acumulación de todos los asuntos para lograr un acuerdo reparatorio que permita obtener su libertad, así como garantizar su seguridad e integridad física y el bienestar psicológico de la defensora y su familia.

¡Únase a nosotros para pedir la liberación de Kenia Hernández!