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México
16.12.22

México: "Los defensores de los derechos de los migrantes acusados de tráfico de personas"

Josué Hildegardo Gómez Guzmán es defensor de los derechos de los migrantes en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de México. Nos habla de su difícil labor de ayuda a los migrantes en un país donde su trabajo puede considerarse un delito.

¿Cómo se involucró en la defensa de los derechos de los migrantes en México?

Todo empezó cuando mi primo desapareció en la peligrosa ruta migratoria hacia Estados Unidos. Eso fue lo que me hizo interesarme por la migración. Primero fui voluntario en un albergue para migrantes en Oaxaca y después en un proyecto para ayudar a personas que solicitaban asilo.

¿Cómo es un día normal para usted?

Los martes, miércoles y jueves visitamos centros de detención, conocidos como "estaciones de inmigración". Tenemos una lista de personas a las que planeamos visitar, que elaboramos basándonos en las personas que se ponen en contacto con nosotros y en la información que recibimos de otras organizaciones.

Nuestra función consiste en comprobar que las personas están detenidas en las estaciones, proporcionarles información sobre su detención, los procesos de regularización y asilo y, por último, ayudarles a presentar una solicitud para uno de estos procedimientos si así lo desean. Si detectamos alguna violación grave de los derechos en lo que respecta a las condiciones de detención, les preguntamos a los detenidos si desean presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

¿A qué retos y obstáculos se enfrenta en su trabajo?

Existe una falta total de información sobre el procedimiento de solicitud de asilo para las personas detenidas. Se supone que las autoridades nacionales deben proporcionar esta información, pero rara vez están presentes en las estaciones de inmigración. Así que esta tarea queda en manos de las organizaciones de la sociedad civil. Pero nuestra capacidad es limitada. De una población total de 960 personas en las estaciones de inmigración, sólo podemos atender a unas 15-20 por visita.

Informamos a los detenidos de que si solicitan asilo deben ser puestos en libertad en unos 15 días, que es lo que ordena la ley. El problema es que las autoridades engañan a los migrantes diciéndoles que pueden permanecer detenidos hasta cinco meses para disuadirles de solicitar asilo. Llegados a este punto, la gente suele decidir

no seguir adelante con su solicitud de protección por miedo a quedar detenidos durante un periodo prolongado.

Otro obstáculo al que nos enfrentamos son los permisos necesarios para acceder a los centros de detención. A menudo son difíciles de conseguir. Nuestro permiso nos permite entrar en la comisaría de 10 a 14 horas todos los días. Al entrar, cachean a nuestro personal de forma desproporcionada, especialmente las mujeres. A menudo tenemos que esperar mucho tiempo a que el personal de la comisaría nos traiga a las personas que están en nuestra lista, por lo que queda muy poco tiempo para hablar con ellas.

Todo esto limita nuestra labor como defensores.

Además de en los centros de detención, ustedes también trabajan en espacios públicos y con caravanas de migrantes. ¿La hostilidad de las autoridades también afecta a este trabajo?

Por supuesto. Las autoridades criminalizan a los defensores de los derechos de los migrantes acusándonos de tráfico de personas e intentan impedir físicamente que lleguemos hasta ellos. La policía ya ha detenido a miembros del personal de organizaciones colaboradoras bajo sospecha de tráfico de personas.

En términos más generales, la situación general de seguridad en México limita el alcance geográfico de nuestro trabajo y nos pone en mayor riesgo. Debido a las políticas migratorias militarizadas, los migrantes utilizan espacios clandestinos para evitar los puestos de control, por lo que nuestra labor de acompañamiento se desarrolla en lugares más hostiles, peligrosos y violentos.

De cara al futuro, ¿qué apoyo necesitan usted y otros defensores de los derechos de los migrantes en México?

El Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado es ineficaz, y su presupuesto se ha visto recortado en repetidas ocasiones. Debe reforzarse y mejorarse, incluyendo acciones preventivas, investigación de incidentes y un mecanismo que garantice la rendición de cuentas de los responsables.

Queremos que las políticas migratorias militarizadas se sustituyan por procedimientos de regularización y acceso efectivo al asilo. Intentar contener u obstaculizar a los migrantes sólo hace que transiten por zonas más clandestinas, aumentando los riesgos para ellos y para quienes les acompañamos.

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