Misión de Parlamento Europeo/DROI a Guatemala Febrero 2016: Briefing conjunto de organizaciones de la sociedad civil
Algunos datos generales sobre Guatemala
· Guatemalasigue teniendo uno de los índices más altos de muertes violentas en el mundo.Aunque en 2014 se registró una disminución en el número de homicidios comparadocon 2013, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) reportó 5.924muertes violentas (un promedio de 16 homicidios por día), se registró unaumento de homicidios del 8,8% en la capital.[1]
· Desde 2009 seviene constatando un descenso de la impunidad en casos de amenazas contra lavida. Sin embargo continúa siendo alta en casos de violencia contra personas defensorasde derechos humanos. Es importante destacar el papel de la CICIG y sucoordinación con la Fiscal General y su Oficina en la lucha contra la impunidaden las distintas tramas de corrupción que han afectado a numerosasinstituciones públicas.
· Guatemalaencabeza algunos de los peores indicadores sociales del continente americano encuanto a pobreza y desigualdad, con un índice Gini de 0,628. Así la mitad de laniñez guatemalteca menor de 5 años padece desnutrición crónica[2] y el número de personas ensituación de hambre supera los 3 millones, siendo la población indígena ycampesina la mayor afectada. Pese a que la mortalidad por desnutrición llevadisminuyendo progresivamente en los últimos años, en 2014 todavía representabanuna tasa del 9.1[3]. La imposición de un modelo económicodependiente y orientado a la expulsión de la población indígena y campesina delmedio rural con el objetivo de implantar proyectos agrícolas y extractivos, ensu mayoría enfocados a la exportación, tiene efectos devastadores sobre susderechos, especialmente sobre el derecho a una alimentación adecuada, elderecho a la consulta previa, libre e informada y el acceso a la tierra y otrosrecursos naturales. La persecución de las personas defensoras de DDHH, especialmente de los derechoseconómicos, sociales, culturales y ambientales que se oponen a estos proyectos,también es motivo de preocupación.[4]
· Las revelacionesde la CICIG sobre estructuras de corrupción e impunidad dentro del Estadoayudaron a crear una nueva coyuntura de participación y protesta ciudadana apartir de abril de 2015. En esta nueva coyuntura fue notable el liderazgo deestudiantes universitarios como un nuevo actor en el escenario político ytambién los pueblos indígenas y sectores campesinos, que lograron aprovechar estanueva coyuntura para posicionar sus demandas históricas de democratización delas instituciones del Estado. Para los próximos años hay buenas condicionespara fortalecer la movilización e incidencia de las organizaciones de lasociedad civil – organizaciones de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes – queestán bien posicionadas para aprovechar el rechazo a la corrupción y la aperturapara renovar y democratizar las instituciones del Estado. Durante dichasmovilizaciones la ciudadanía hizo una serie de reclamaciones como la renunciadel entonces Presidente, Otto Pérez Molina, y la cancelación de las elecciones,que finalmente se celebraron entre septiembre y octubre de 2015. Otto PérezMolina finalmente dimitió y actualmente se encuentra en prisión a la espera deser juzgado por corrupción. Al nuevo Gobierno le corresponderá atender a losllamados de la ciudadanía sobre cambios en la ley electoral y de partidos políticos,en la ley de servicio civil, en la leyde contrataciones del Estado e incluso en la propia Constitución. Entre lasdemandas del movimiento social está también la organización de una AsambleaConstituyente Popular y Plurinacional con participación de los pueblosindígenas y movimiento social para discutir cambios a la Constitución.
Situación de defensores ydefensoras de Derechos Humanos
· Apesar del marco jurídico, político e institucional vigente, la labor de las ylos defensores de DDHH se ha convertido en una actividad de riesgo que llevaimplícita la difamación, criminalización y persecución. En el período 2000-2014se registraron 4.252 agresiones directas contra defensores y defensoras, de lascuales un 42% tuvo lugar en los últimos tres años, especialmente en el marco demegaproyectos extractivos y de monocultivo.[5] Entreenero y junio de 2015 se registraron 337 agresiones contra personas defensoras,y en el año 2014 se produjeron un total de 805[6]. Espreciso destacar que aquellas personas que defienden los derechos de lospueblos indígenas y los derechos ambientales son especialmente perseguidos. En cuestiones de género, las mujeres defensorasrepresentaron el 53% de las víctimas de agresiones en el primer semestre de2015. A pesar de ciertos avances,persiste un alto nivel de impunidad en los casos de asesinatos de personasdefensoras y según la CICIG aún existen deficiencias en las investigaciones delMinisterio Público y en el enjuiciamiento en casos de agresiones contradefensores y defensoras.[7]
· Para las defensoras y defensores del derechoa la tierra, la situación es muy crítica y se ve agravada por cuestionesestructurales que generan conflicto en el país: la falta de una reforma agrariaprevista en los Acuerdos de Paz, la re-militarización y el manejo deficiente dela conflictividad social con medidas criminalizadoras como la "Ley deTúmulos", la discriminación estructural en contra de los pueblosindígenas, la desigualdad y la pobreza o la violación sistemática del derecho ala consulta, que es considerada por la Corte de Constitucionalidad como novinculante. En particular, las comunidades que se han movilizado en defensa de los derechos humanos, como las deSanta Cruz Barillas, La Puya o San Rafael de lasFlores y Mataquescuintla, han sido objeto de una política represiva, con elrecurso a mecanismos como Estados de Sitio nojustificados y desalojos violentos[8].
· Lacriminalización de la protesta social es un fenómeno amplio, observado en todaAmérica Latina, perpetrado por actores estatales y no estatales, y consiste enla utilización del sistema penal para deslegitimar, desmovilizar y debilitar elmovimiento por la defensa de los DDHH, como por ejemplo por medio de laacusación sin pruebas contra personas defensoras por delitos que no hancometido. Laspersonas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y medioambientalesson quienes más sufren la persecución y criminalización por su firme oposicióna los proyectos económicos a gran escala. Si bien, la coyuntura social ypolítica de 2015 y la llamada “Primavera Democrática” demostraron que el Estadosí permite la protesta social, también demostraron que esto es posible sólo condeterminados sectores, siendo muy distinta la reacción del Estado cuando lasprotestas y movilizaciones son en contra de los proyectos de gran interéseconómico estatal.
· Comoreacción a los obstáculos que representa la defensa de los DDHH para losintereses de sectores corporativos, se han generado campañas de desprestigio encontra de los y las defensoras, cuya labor también es cuestionada sinfundamento por autoridades del Estado.
· Guatemala cuenta con una serie de mecanismos estatalespara llevar a cabo acciones dereconocimiento y protección de las y losdefensores de derechos humanos: La Procuraduría de DDHH (PDH); la Instancia deAnálisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos, La ComisiónPresidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de DerechosHumanos (COPREDEH); la Unidad de Derechos Humanos de la División Especializadade Investigaciones Criminales (DEIC); el Plan/Programa de Protección delPeriodista en Guatemala etc. Sin embargo, ninguno de ellos se ha revelado comoeficaz, teniendo en cuenta los datos de agresiones a defensores y defensoras deDDHH. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIDH) en lasentencia del caso Defensor de DerechosHumanos y Otros c. Guatemala, ordenó al Estado guatemalteco implementar unapolítica pública para la protección de las y los defensores con laparticipación de las personas directamente vinculadas con las medidas deprotección garantizando un abordaje integras e institucional de la protección,además de una dotación suficiente de recursos humanos y financieros. El Estadoaún no ha cumplido con lo dispuesto en la Sentencia.
En virtud a ello, lerecomendamos que inste a las autoridades de Guatemala a:
- Cumplir con lasentencia de la CtIDH del caso Defensorde Derechos Humanos y otros c. Guatemala, a través de la implementación “unapolítica pública efectiva para la protección de las y los defensores dederechos humanos” y la creación de mecanismos eficaces de proteccióngarantizando en cualquier circunstancia su integridad física y psicológica.
– Derogar la « Ley detúmulos » que abre la puerta a la prohibición de manifestaciones que se llevena cabo en el legítimo ejercicio del derecho de reunión y manifestación.
- Respetar el debidoproceso y garantizar los principios de legalidad y proporcionalidad en laaplicación del derecho penal, en especial en casos iniciados contra personasdefensoras.
Derechos de las mujeres
· En 2014 sereportaron 774 casos de muertes violentas de mujeres. En 2014 se produjo unamejora considerable en la condena por feminicidio, pasando de 779 sentenciasdictadas en 2013 a 1400 en 2014, y se consiguió una cobertura de juzgadosespecializados en feminicidio en 11 departamentos. Sin embargo no todas lasmujeres tiene asegurado el acceso a la justicia especializada, particularmentela mujeres de zonas rurales. Igualmente persisten deficiencias en el abordajede la violencia contra las mujeres en la jurisdicción ordinaria, donde enmuchas ocasiones no se incluye una perspectiva de género en las investigacioneso predominan los estereotipos discriminatorios, afectando gravemente a laseguridad jurídica de las mujeres y a su derecho a la tutela judicial efectiva.[9]
En virtud a ello, le recomendamosque inste a las autoridades de Guatemala a:
- Garantizar el acceso de todas lasmujeres a la justicia especializada sobre violencia contra las mujeres.
- Garantizar que las autoridadesjudiciales e investigadoras aplican un enfoque de género en las investigacionesy procesamiento de los delitos de violencia contra las mujeres.
Derechos de los pueblos indígenas
· La protecciónde los pueblos indígenas, de sus tierras y el respeto a sus tradiciones están reconocidospor la Constitución[10], sin embargo no sonrespetados. La promoción de un modelo dedesarrollo basado en la explotación de los recursos naturales a través demegaproyectos extractivos, como la minería, hidroeléctricas o monocultivos, enbeneficio del sector empresarial nacional y extranjero es contrario a la visiónde desarrollo de las comunidades indígenas, campesina y otras poblacionesrurales. Ese modelo de desarrollo ocasiona el acaparamiento de los recursosnaturales en un país densamente poblado, limitando su acceso y control porparte de las comunidades, con los consecuentes impactos en sus derechos humanosy la conflictividad. Además en la mayoría de los casos se da un incumplimientosistemático del deber estatal de consultar con la comunidades afectadas por losmegaproyectos, de manera previa, libre e informada, de acuerdo con loestablecido en el Convenio Nº 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidassobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 63 del Decreto12-2002 del Código Municipal.
· Es precisodestacar que en muchas ocasiones son empresas de inversión europea las queestán involucradas en las violaciones cometidas contra los pueblos indígenas ylas personas que defienden los derechos humanos, especialmente en el contextode los megaproyectos. Un ejemplo es la empresa española Hidralia Santa Cruz, enBarillas/Huehuetenango.
En virtud a ello, le recomendamosque inste a las autoridades de Guatemala a:
-Respetar los derechos de lospueblos indígenas, en particular el derecho a la consulta previa, libre einformada recogido en el Convenio Nº169 de la OIT, ratificado por el Estado deGuatemala.
- Adoptar medidas legislativas y decualquier otra índole para garantizar el fortalecimiento de los mecanismos desupervisión de las actividades de las empresas transnacionales a través de lassiguientes medidas: asegurando que las empresas domiciliadas en su territorio ojurisdicción estén obligadas a realizar evaluaciones de impacto en los derechoshumanos de sus proyectos de inversión; monitoreando y haciendo cumplirregularmente su debida diligencia en materia de derechos humanos con laparticipación significativa de la población y las comunidades afectadas,incluyendo a los defensores del derecho a la tierra.
- Adoptar políticas nacionales queposibiliten un acceso a la tierra justo, que garanticen su tenencia y querespeten escrupulosamente la protección de los derechos sobre la tierra noescritos, tradicional o consuetudinaria, que ha de protegerse debidamente,evitando los desalojos como medida cautelar. Para ello será necesario llevar acabo la reforma agraria prevista en los Acuerdos de Paz. Revisar el tipo penalde usurpación, reconduciendo la mayor parte de las disputas por posesión haciala vía civil, evitando criminalización de las comunidades campesinas eindígenas.
Derecho a la alimentación[11]
· A pesar de ladiversidad de planes y políticas para abordar el hambre, más de tres millonesde guatemaltecos ven vulnerado su derecho a una alimentación adecuada, siendolos más afectados los menores, las mujeres y la población indígena y campesina.La falta de coordinación institucional y el enfoque de los problemasestructurales contribuyen a la dificultad para erradicar el hambre y ladesnutrición. Un ejemplo de esta grave situación es el caso de Camotán, en elque en abril y mayo de 2013, un juez del Departamento de Zacapa condenó alEstado de Guatemala como responsable por la violación del derecho a una alimentaciónadecuada, el derecho a la vida, a la salud, a la educación y la vivienda de 3niños y 2 niñas. En dichas sentencias se ordenó a las instituciones del Estadoa llevar a cabo una serie de medidas para reparar el daño causado, que hastaahora no han sido implementadas.[12]
· Hay una faltade acceso y control de los recursos naturales por parte de las poblacionesrurales e indígenas. La expansión de monocultivos agroindustriales como palmaafricana o caña de azúcar y otros proyectos extractivos desplaza a laagricultura a pequeña escala y las poblaciones rurales e indígenas se venprivadas del acceso a la tierra y por lo tanto de sus medios de subsistencia.Además la contaminación del agua y de la tierra que generan estos proyectos tienenun impacto negativo en la salud, la vida y la soberanía alimentaria de lascomunidades.
En virtud a ello, le recomendamosque inste a las autoridades de Guatemala a:
- Promover políticas y mecanismos deacceso a la tierra y control de los recursos naturales orientados a garantizarla soberanía alimentaria, respetando las características propias de lascomunidades eintegrando una perspectiva de género que amplíe la justicia y lasustentabilidad de dichas políticas.
- Reconocer y abordar el problemadel hambre y la desnutrición como un problema de interés nacional, atacando lascausas estructurales e históricas desde una perspectiva de derechos humanos.
-Asegurar la coordinación y elfortalecimiento de las Instituciones del Estado para garantizar la coherencia yeficacia de los programas y planes destinadas a erradicar el hambre y ladesnutrición.
-Garantizar la correcta y completaimplementación de las sentencias que reconocen la responsabilidad del Estado enla violación del derecho a la alimentación de los 5 menores en Camotán.
Independencia de la justicia
· En 2014 sellevaron a cabo los procesos de selección de altas autoridades judiciales acargo de las Comisiones de Postulación, que se destacaron por la ausencia decriterios objetivos y transparentes para evaluar los méritos de capacidad,idoneidad y honorabilidad de los candidatos. Las recomendaciones del AltoComisionado de Naciones Unidas para los DDHH, de la Relatora Especial sobre laindependencia de los magistrados y abogados y de la CIDH para prevenir estasituación no fueron tomadas en consideración, como tampoco lo fueron lasdirectrices interpretativas emitidas por la Corte de Constitucionalidad, queestaban en línea con los estándares internacionales. Se registró una serie deataques y amenazas en contra de jueces y fiscales involucrados en casos de altoimpacto, así como también campañas en medios de comunicación y redes sociales,descalificando su labor.
En virtud a ello, le recomendamosque inste a las autoridades de Guatemala a:
- Revisar de manera integral elmarco jurídico y constitucional para garantizar la independencia de lajusticia, de acuerdo con los estándares internacionales.
- Garantizar que jueces, fiscales yoperadores de justicia pueden desarrollar su trabajo en condiciones delibertad, en particular aquellos involucrados en casos de violaciones dederechos humanos.
Justicia transicional
· Desde lacondena y posterior anulación del ex general y antiguo Jefe del Estado EfraínRíos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad, en 2013, la reaperturadel juicio por genocidio se ha estado postponiendo, siempre bajo la amenaza deposibles amnistías. La edad avanzada de Ríos Montt y su deteriorado estado desalud, pueden contribuir a que el nuevo juicio nunca tenga lugar.
· El 1 defebrero de 2016 tiene previsto comenzar el juicio oral por el caso de violenciasexual, esclavitud doméstica y esclavitud sexual contra un grupo de mujeresmaya Q'eqchí de la comunidad Sepur Zarco, en el límite entre Alta Verapaz eIzabal, en 1982 durante el conflicto armado interno. El Caso Sepur Zarco esemblemático porque enfoca la violencia sexual como arma de sujeción en elconflicto armado.
· El pasado 6de enero de 2016, las autoridades guatemaltecas arrestaron a 18 militares dealto rango, acusados de crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzosas.Entre ellos se encuentran los generales retirados, Benedicto Lucas García yManuel Antonio Callejas y Callejas, conocidos por haber ostentado cargos deresponsabilidad durante el conflicto armado y estar involucrados en diversastramas de corrupción. Los crímenes por los que se les acusa se cometieron comoparte de las operaciones militares que se llevaron a cabo en la base de Cobán,entre 1981 y 1988, incluidos actos que formaron parte del genocidio Maya Achi. Lasorganizaciones de la sociedad civil hemos recibido positivamente esta noticia yreconocemos la voluntad y el trabajo desarrollado por los operadores dejusticia, especialmente al Ministerio Público y a la Fiscal General. Del mismomodo resaltamos la necesidad de que se desarrolle un proceso con respeto a laimparcialidad y la independencia judicial, garantizando el debido proceso y laseguridad de todas las partes en el mismo.
En virtud a ello, le recomendamosque inste a las autoridades de Guatemala a:
- Fortalecer los juzgados ytribunales competentes para investigar y juzgar los casos de violaciones dederechos humanos en el marco del conflicto armado y perseguir a los autores detales violaciones de tal forma que las mismas no queden impunes, y garantizarque la interpretación de la legislación nacional sea coherente con el principiode inadmisibilidad de amnistías en caso de graves violaciones de derechoshumanos reconocido a nivel internacional.
-Garantizar la independenciajudicial y el respeto por los principios del debido proceso y el Estado deDerecho.
- Establecer las medidas necesariaspara garantizar la integridad física de las víctimassobrevivientes, de las familias, las comunidades y los colectivos que lasdefienden y acompañan, y de los operadores de justicia como fiscales yquerellantes, a fin de impedir que los hoy imputados puedan utilizar susvínculos con las autoridades y los poderes fácticos para amedrentar o procurarimpunidad.
Tortura y Condiciones en las cárceles[13]
· A pesar de lacreación de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), laomisión de asignación de recursos financieros apropiados y suficientes en elpresupuesto nacional se traduce en su falta de operatividad efectiva. Además noexiste un registro nacional de víctimas de tortura.
· Pese a lasentencia de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala[14] que llama a adecuar latipificación del crimen de tortura a lo dispuesto en los estándares regionalese internacionales, como han destacado también las Observaciones Finales del Comitéde la ONU contra la Tortura[15], hay un excesivo retrasoen la presentación de proyectos de ley sobre el tema.
· Lascondiciones en las cárceles son muy preocupantes y constituyen muy a menudotrato cruel, inhumano y degradante. El alto grado de hacinamiento en loscentros de privación de libertad es debido, entre otros factores, a la ausenciade medidas adecuadas indispensables para un tratamiento justo de los reclusos,y a la insuficiente utilización de medidas sustitutivas asociada con el uso dela prisión preventiva como principal recurso (y no el último como debería serpara garantizar el respeto efectivo de los derechos de las personas sometidas acualquier forma de detención o prisión, como lo disponen los estándaresinternacionales, entre los cuales los previstos en las Reglas de Tokio).Además, hay insuficiencia de medidas apropiadas, incluidas las de carácterfinanciero, para la adecuación de centros de privación de libertad yalternativos de menores, centros para mujeres, y para la protección y eltratamiento apropiado de las personas recluidas con enfermedad mental, así comopara fortalecer los recursos en materia de supervisión de dichos centros.
En virtud a ello, le recomendamos que inste a las autoridades deGuatemala a:
- Fortalecer los recursos financieros para poner en operatividad efectivael Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y crear un registro devíctimas de tortura en el país.
- Presentar proyectos de ley para adecuar la tipificación del crimen detortura a lo dispuesto en los estándares regionales e internacionales, segúnla sentencia de la Corte de Costitutionalidad y las recomendaciones delComité contra la Tortura de la ONU.
- Establecer medidas adecuadas y recursos humanos y financieros para untratamiento justo de los reclusos, inclusive para la creación de centros dereclusión específicos y apropriados para menores, mujeres y personas conenfermedad mental. Además, utilizar medidas sustitutivas a la cárcel rechazandoel abuso de la prisión preventiva como principal recurso, como lo disponenlos estándares internacionales, entre los cuales los previstos en las Reglasde Tokio.
[1] OACNUDH en Guatemala.Informe deActividades de la Oficina en Guatemala para 2014: http://www.ohchr.org.gt/documentos/informes/InformeAnual2014(esp).pdf
[2] UNICEF, 2010.
[3] Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.gob.gt/index.php/estadisticas/tema-indicadores
[4] Informe de la Tercera Misión Internacional sobre el Derecho a unaAlimentación Adecuada y la Situación de loas y los Defensores de DerechosHumanos en Guatemala, 2015. http://www.cifcaeu.org/wp-content/uploads/2015/10/informemdaa_completo.pdf
[5] Ibíd.
[6] Informe anual El Acompañante, UDEFEGUA 2015 e Informe Semestral Enero-Junio2015 http://udefegua.org/wp-content/uploads/2015/08/2015-Informe-semestral-UDEFEGUA.pdf
[7] OACNUDHen Guatemala.Informe de Actividades de la Oficina en Guatemala para 2014: http://www.ohchr.org.gt/documentos/informes/InformeAnual2014(esp).pdf
[8] Observatorio para la Protección de Defensores deDerechos Humanos (OMCT-FIDH), Informe: Máspequeños que David. La lucha de los defensores y defensoras de derechos humanosen Guatemala, http://www.omct.org/files/2015/02/23002/v1.2_w_es_rpprtguatemala_obs15.pdf, junto con el documental disponible aquíhttps://www.youtube.com/watch?v=SXr0Ml0freo. Véase también el Informe Anual 2014 delObservatorio “No tenemos miedo”.Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollodesenfrenado, disponible aquí https://wearenotafraid.org/es/.
[9] OACNUDH en Guatemala.Informe de Actividades de laOficina en Guatemala para 2014: http://www.ohchr.org.gt/documentos/informes/InformeAnual2014(esp).pdf
[10] Artículos 66-70 de la Constitución de la República de Guatemala.
[11] Entre noviembre y diciembre de 2014, las organizaciones internacionales ActAlliance EU, CIDSE, CIFCA, FIAN, REL-UITA y La Via Campesina realizaron la IIImisión internacional de verificación sobre el Derecho a la Alimentación y lasituación de defensores/as de DDHH en Guatemala. Para más información alrespecto puede encontrar el informe completo de la misión enhttp://www.cifcaeu.org/wp-content/uploads/2015/10/informemdaa_completo.pdfy su resumen ejecutivo http://www.cifcaeu.org/wp-content/uploads/2015/10/resumen-ejecutivo_mdaa.pdf
[12] Para más información ver el Informe de la Misión de Derecho a laalimentación http://www.cifcaeu.org/wp-content/uploads/2015/10/informemdaa_completo.pdfy el Informe de FIAN de monitoreo de cumplimiento de las Sentencias de Camotán http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/Guatemala_Informe_Monitoreo_Camotan_s.pdf
[13] Ver el Comunicado de Prensa Conjunto de OMCT yUDEFEGUA a conclusión de la Misión Internacional de seguimiento para evaluar laimplementación de las recomendaciones formuladas al Estado por el Comité contrala Tortura de las Naciones Unidas en su informe CAT/C/GTM/CO/5-6 de 24 de juniode 2013, disponible aquí: http://www.omct.org/es/monitoring-protection-mechanisms/statements/guatemala/2014/11/d22894/
[14] Expediente 1822-2011, sentencia del 17 de julio de 2012.
[15] Ver Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sextocombinados de Guatemala, aprobadas por el CAT en su 50° periodo de sesiones(6-31 de mayo de 2013), disponibles en: http://tbinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx.