Ecuador: Violaciones a derechos humanos y riesgo para la comunidad de San Martín en Sucumbíos

De acuerdo con información documentada, entre el 1 y el 6 de marzo de 2026 se habrían ejecutado operaciones militares en el marco de la denominada operación “Exterminio Total”, orientada presuntamente al combate de estructuras vinculadas al narcotráfico. Dichas operaciones se desarrollaron en las inmediaciones de la comunidad de San Martín, integrada por 27 familias campesino-mestizas, e incluyeron el uso de bombardeos aéreos, la quema de viviendas, detenciones arbitrarias, actos de tortura, así como amenazas y hostigamientos contra población civil campesina.

En particular, se reporta la detención de al menos cinco trabajadores rurales por parte de efectivos militares, sin orden judicial, sin situación de flagrancia y sin observancia de las garantías mínimas del debido proceso. Cuatro de estas personas habrían sido sometidas a interrogatorios bajo coacción, incluyendo actos de tortura, y trasladadas por vía aérea hasta la ciudad de Lago Agrio. Posteriormente, fueron liberadas sin formulación de cargos y bajo amenazas de muerte, con el propósito de inhibir la denuncia de los hechos. Estas conductas configuran, prima facie, graves vulneraciones a la integridad personal, la libertad personal y las garantías judiciales, prohibidas de manera absoluta por el derecho internacional de los derechos humanos.

Adicionalmente, líderes comunitarios denunciaron actos de intimidación y amenazas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, lo que ha generado un riesgo real e inminente para la seguridad de las personas denunciantes y de la comunidad en su conjunto. De igual manera, los días 10 y 17 de marzo se registraron nuevos sobrevuelos de helicópteros en la zona, lo que ha aumentado la percepción de riesgo y temor en la población.

Los hechos han sido denunciados ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. La Defensoría del Pueblo respondió con diligencias tardías, disponiendo una visita in situ recién para el 22 de abril, sin establecer medidas de protección adecuadas. La Fiscalía respondió abriendo una investigación por tortura y ordenando diligencias que no tendrían en cuenta las condiciones geográficas y socioeconómicas de la población ni darían respuesta a la investigación sobre la quema y el bombardeo de las viviendas. Por su parte, el Ministerio del Interior se limitó a remitir la información a la Policía Nacional y al Ministerio de Gobierno. La respuesta institucional evidencia deficiencias sustantivas en la adopción de medidas de protección, en la debida diligencia investigativa y en la garantía de acceso a la justicia. Resulta particularmente preocupante la ausencia de acciones orientadas a investigar los presuntos bombardeos y la destrucción de bienes civiles.

El Ministerio de Defensa no ha respondido formalmente a la comunidad. En su lugar, ha confirmado públicamente la realización de este operativo militar y de los bombardeos en la provincia de Sucumbíos, con apoyo internacional, incluida la cooperación del gobierno de los Estados Unidos, sin que exista información pública suficiente que permita verificar el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, distinción y precaución en el uso de la fuerza.

Cabe resaltar que la frontera norte del Ecuador —en particular las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi— ha sido históricamente afectada por dinámicas asociadas al conflicto armado colombiano y a la presencia de economías ilegales transnacionales. El incremento de la militarización en la región ha generado riesgos significativos para la población civil, especialmente en zonas rurales con una presencia institucional limitada. Asimismo, se reportan antecedentes de operativos similares en la misma zona, lo que sugiere la existencia de patrones reiterados de actuación de las Fuerzas Armadas contra la población civil durante operativos de seguridad en zonas rurales.

En este contexto, la comunidad de San Martín y las comunidades aledañas enfrentan un riesgo inminente de nuevas incursiones militares, amenazas contra sus líderes, represalias por las denuncias presentadas, así como afectaciones a su integridad física y psicológica. También enfrenta restricciones a la movilidad, a la comunicación y al libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Todo ello constituye un escenario real de riesgo colectivo que exige atención urgente.

Recordamos que el uso de las fuerzas militares en tareas de seguridad interna debe ser excepcional, subordinado y complementario, y regirse estrictamente por controles civiles, así como por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, en el marco de las operaciones militares, los Estados están obligados a respetar los principios de distinción y precaución, adoptando todas las medidas necesarias para salvaguardar a la población civil.

En este sentido, el uso de bombardeos aéreos en zonas aledañas a comunidades campesinas, aunado a la destrucción de bienes civiles y medios de subsistencia, evidencia afectaciones directas a la población civil y la ausencia de advertencias previas. Esta situación suscita graves preocupaciones respecto del cumplimiento, por parte del Estado ecuatoriano, de las obligaciones que le imponen el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A su vez, el uso indiscriminado de la fuerza resulta incompatible con los estándares interamericanos en la materia, incluidos los criterios establecidos en la Resolución No. 1/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre crimen organizado y derechos humanos en las Américas.

En atención a la gravedad de los hechos y al riesgo inminente identificado, la OMCT insta al Estado ecuatoriano a:

1. Adoptar de manera inmediata medidas efectivas de protección para la comunidad de San Martín, en particular para sus líderes y personas denunciantes, garantizando su vida, integridad personal y seguridad.
2. Realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre los hechos denunciados, incluyendo detenciones arbitrarias, actos de tortura, bombardeos y destrucción de bienes civiles, asegurando la identificación, juzgamiento y sanción de todos los responsables.
3. Garantizar el acceso efectivo a la justicia y la participación informada de las víctimas, considerando las condiciones geográficas, culturales y socioeconómicas de la comunidad afectada.
4. Proporcionar información completa, veraz y transparente sobre las operaciones militares realizadas, incluyendo su fundamento jurídico, reglas de enfrentamiento y mecanismos de supervisión civil.
5. Adoptar medidas de reparación integral que incluyan restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.
6. Adoptar medidas para prevenir la repetición de hechos similares y asegurar que las Fuerzas Armadas actúen sólo de manera excepcional, bajo estrictos controles civiles y respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y protección de la población civil.

Finalmente, la OMCT exhorta a la comunidad internacional a mantener un monitoreo activo sobre la situación en la región y a requerir al Estado ecuatoriano el cumplimiento estricto de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La situación de la comunidad de San Martín configura un escenario de riesgo colectivo que demanda una respuesta estatal urgente, integral y conforme a derecho.