Es tiempo de liberar a todas las personas defensoras de derechos humanos y poner fin a su prolongada detención

La detención arbitraria sigue siendo una de las herramientas más comunes y crueles utilizadas por autoridades que ejercen prácticas represivas para silenciar a quienes ejercen pacíficamente el derecho a defender los derechos humanos y para desmantelar a la sociedad civil. Esto intencionalmente fomenta deliberadamente un clima de miedo, creando un profundo efecto disuasorio que desalienta el trabajo legítimo y esencial de activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, así como de la ciudadanía que busca organizarse, reunirse y expresarse, para que el Estado rinda cuentas frente al cumplimiento del Estado de derecho y las obligaciones de derechos humanos. Las personas defensoras de derechos humanos son sistemáticamente objeto de cargos fabricados, juicios injustos y del uso indebido de leyes antiterroristas y de seguridad nacional, que violan flagrantemente las normas internacionales de derechos humanos.

En los últimos años se ha observado el uso persistente de la detención preventiva prolongada y del encarcelamiento de larga duración contra personas defensoras de derechos humanos, que a menudo son mantenidas en condiciones abusivas y degradantes. Muchas enfrentan torturas, malos tratos y abusos, y algunas han muerto en prisión mientras cumplían sus condenas. En 2021, el informe “Estados en negación: la detención a largo plazo de los defensores de derechos humanos” (A/76/143) de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos documentó la tendencia a imponer penas de prisión de diez años o más. Desde 2024, los datos recopilados por la plataforma SOS-Defenders sobre defensores detenidos arbitrariamente en todo el mundo han confirmado la persistencia y gravedad de la detención prolongada como un problema global en aumento. Solo en 2024, SOS-Defenders documentó 93 nuevos casos de detención arbitraria de defensores de derechos humanos en 11 países piloto.

Durante el mismo año, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) documentó numerosos casos de defensores que cumplen condenas de 10 años o más en todo el mundo. Por mencionar solo algunos: en Nicaragua, la cadena perpetua impuesta a los activistas indígenas Ignacio Celso Lino, Argüello Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robins Zacarías por defender el territorio ancestral Mayangna; en Togo, los siete años de detención preventiva y la condena de 10 años impuesta al empresario y defensor de derechos humanos Aziz Goma por haber dado refugio a jóvenes manifestantes; en Tailandia, los cinco años de hostigamiento judicial y la sentencia de más de 29 años de prisión contra el activista prodemocracia Arnon Nampa; en Marruecos, los quince años de detención de los periodistas saharauis El Bachir Khadda y Mohamed Lamin Haddi; en Bielorrusia, la condena a 14 años y nueve meses de prisión contra la defensora de derechos humanos Marfa Rabkova, del Centro de Derechos Humanos “Viasna”, tras las elecciones presidenciales de 2020.

Este abuso de poder destruye vidas, modos de vidas, familias y comunidades. Fomenta un clima de miedo que impide a las personas defensoras realizar su labor legítima y esencial, y disuade a otras de ejercer el derecho a defender los derechos humanos. Este es el caso de Túnez, donde la sociedad civil y los defensores están siendo perseguidos por las autoridades. Terre d’Asile Tunisie es una de las muchas organizaciones cuyo trabajo está siendo criminalizado, y cuyos miembros Cherifa Riahi y Mohamed Joo permanecen detenidos arbitrariamente sin juicio desde mayo de 2024. Tales represalias violan claramente las normas internacionales de derechos humanos consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Convención Americana de Derechos Humanos y, a menudo, la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Hoy, los mecanismos y titulares de mandatos regionales e internacionales de derechos humanos firmantes, junto con el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, expresamos nuestra profunda preocupación por la tendencia mundial de la detención preventiva prolongada y el encarcelamiento de larga duración de personas defensoras de derechos humanos. Instamos a todos los Estados a tomar medidas concretas para combatir esta situación.

Firmantes:

Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Gina Romero, Relatora Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre los Defensores Ambientales en el marco del Convenio de Aarhus

Prof. Rémy Ngoy Lumbu, Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Punto Focal sobre Represalias y Punto Focal sobre la Independencia del Poder Judicial en África

Roberta Clarke, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora Especial sobre los defensores de los derechos humanos y los operadores de justicia.