Perú: Exigimos un alto a la violencia en contra de manifestantes

El pasado 15 de octubre de 2025 se registraron manifestaciones en distintas ciudades en el Perú, principalmente en la Ciudad de Lima, como resultado del descontento social consecuencia de las acciones y leyes impulsadas por el Congreso del Perú, así como tras la reciente destitución de la expresidenta la Sra. Dina Boluarte - el pasado 10 de octubre de 2025 - y el nombramiento de José Jerí como presidente interino.

Durante esta protesta la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció el asesinato con arma de fuego de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años, padre de un niño de 9 años, tras recibir un impacto de bala en el tórax, además de reportar al menos 20 personas heridas y 17 detenidas.

La Fiscalía de la Nación ha iniciado investigaciones por presuntas lesiones ocasionadas por disparos de perdigones de goma, y se encuentra evaluando responsabilidades en el uso excesivo de la fuerza. Además, informó el inicio de la investigación preliminar contra los responsables del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz, a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo.

La OMCT expresa su profunda preocupación por estos hechos, que constituyen una grave violación al ejercicio del derecho a la protesta social, y al derecho a la vida e integridad de las personas manifestantes, derechos humanos garantizados tanto por la Constitución Política del Perú como por los tratados internacionales de los que el Estado peruano es parte.

Recuerda, además, las recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación tras su visita al Perú en 2023. En ellas, el Relator llamó al Estado a atender las causas profundas detrás de las manifestaciones, especialmente poniendo fin a la corrupción y garantizando el ejercicio democrático. Además, pidió garantizar entornos seguros y no discriminatorios para ejercer el derecho de reunión pacífica. Y pidió detener las prácticas criminalizadoras en contra de quienes deciden protestar.

En reiteradas ocasiones, la OMCT ha señalado su profunda preocupación por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el Perú, la cual ha estado caracterizada por el debilitamiento y la cooptación institucional, y la aprobación de normativas contrarías a los estándares internacionales de derechos humanos, como la “Ley de Amnistía” que afecta directamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo acciones de las fuerzas policiales y armadas.

Frente a este preocupante escenario y ante estos nuevos actos de represión rechazamos categóricamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de la fuerza pública y recordamos que toda intervención policial debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por lo que, exigimos que se realicen investigaciones prontas, independientes, transparentes para identificar y sancionar a los autores responsables de estas violaciones.

Además, reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas afectadas y sus familiares, y urgimos al Estado peruano a garantizar su acceso a la justicia, la atención médica y el acompañamiento legal, así como a la reparación por los daños causados. Más aún, hacemos un llamado para que el avance en las investigaciones del asesinato de Eduardo Ruiz resulte en la pronta sanción de las personas responsables.