Perú: Nueva ley de Amnistía amenaza el derecho a la justicia

El 9 de julio de 2025, la Comisión Permanente del Congreso del Perú aprobó en segunda votación con 16 votos a favor y 11 en contra, el proyecto de Ley 7549/2023-CR, que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y Comités de Autodefensa denunciados, investigados o procesados por hechos relacionados con las operaciones contra el terrorismo cometidas entre 1980 y 2000. La iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya Manrique, del partido Honor y Democracia y exmilitar retirado, espera su promulgación por la presidenta Dina Boluarte para entrar en vigor.

Esta norma también incluye una medida para beneficiar a militares, policías e integrantes de los comités que tengan más de 70 años y que cuenten con sentencias firmes o que se encuentren en trámite de ejecución por delitos cometidos durante este período.

Entre 1980 y 2000, el Perú vivió un conflicto armado interno en el que murieron o desaparecieron alrededor de 69,000 personas, con la mayoría de las víctimas personas campesinas quechuablantes, muchas de las cuales cuales ahora estarían viendo en riesgos procesos de acceso a la justicia por los que han luchado en los últimos 40 años.

Organizaciones de la sociedad civil peruanas han denunciado que esta medida podría afectar a 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos en curso, que incluye casos sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violación sexual y masacres. En conjunto con familiares las organizaciones pedirán a los jueces realizar los controles de convencionalidad correspondientes y no aplicar la norma en caso de ser promulgada por la presidenta.

Previó a su aprobación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó al Estado del Perú a abstenerse de aprobar amnistías graves por violaciones a los derechos humanos, y recordó que la prohibición de otorgar amnistías en casos que involucran graves violaciones a los derechos humanos es una obligación de derecho internacional reconocida en el sistema interamericano desde 1992, también señalado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Barrios Altos vs Perú.

Anteriormente, en 2024 el Perú había promulgado la Ley 32107, la cual declaró prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. En este contexto el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, el Sr. Volker Türk, junto con expertos de la ONU, advirtieron que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no deben ser objeto de amnistías ni de prescripciones, dado que su imprescriptibilidad constituye una norma de ius cogens y forma parte del derecho internacional consuetudinario. Además, subrayaron que dicha prescripción pone en riesgo los derechos de las víctimas.

La OMCT lamenta que el Estado peruano persista en promover iniciativas legislativas que favorecen la impunidad, violan el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y contradicen obligaciones asumidas en el marco del derecho internacional.

Además, la OMCT muestra su preocupación de que esta iniciativa se suma a otras propuestas legislativas aprobadas recientemente como la Ley APCI que marcan un grave retroceso democrático y debilitan la defensa de derechos humanos en el país.

Hacemos un llamado urgente al Poder Ejecutivo del Perú a frenar esta iniciativa, y a la comunidad internacional a expresar su solidaridad con las víctimas y sus familias ante esta medida que supone un grave retroceso para la garantía de sus derechos.