Guatemala: “Vinieron hombres armados a buscarme a mi tribunal”

¿Por qué decidió hacerse jueza?

Dedicarse a la justicia es una vocación, no una opción profesional cualquiera. Escogí dedicarme a la justicia y en aquel momento el tema de la corrupción no estaba en el radar. El año en la escuela de estudios judiciales estaba diseñado para prepararnos para la carrera judicial, pero nunca se habló de la corrupción ni de las repercusiones que podía tener en nuestro futuro trabajo.

¿Cómo y cuándo se dio cuenta de la corrupción que existe en el sistema judicial de Guatemala?

Desde los primeros meses en el cargo, me pude dar cuenta que dentro del juzgado había situaciones rayanas en la corrupción. Algunos abogados trataban de ser amables con los funcionarios judiciales, por ejemplo llevando un regalo para su cumpleaños, pero a mí me parecía que no era correcto que un funcionario judicial recibiese ningún tipo de prebenda por hacer un trabajo al que está obligado. También detecté muchos retrasos en las resoluciones, y comprendí que al menos un tercio del personal estaba prácticamente extorsionando a los usuarios del sistema para provecho personal.

Comencé a ver y a entender que había abogados que cometían y eran cómplices de fraude para robar propiedades. Tomé las medidas necesarias para limpiar mi propio juzgado de funcionarios corruptos, para poder confiar en el personal con el que trabajaba.

Pedí a otros jueces que compartiesen sus experiencias y, juntos, comenzamos a analizar la situación y lo que significaba ser juez en Guatemala en aquel momento. Encontramos muchos casos graves de intimidación, hostigamiento y violencia que sucedían desde hacía más de diez años. ¡Algunos jueces incluso temían ser envenenados o atacados por su propio personal! Trabajábamos en entornos muy difíciles.

Empecé a hacer denuncias al régimen disciplinario e inicié un programa para promover la transparencia en el sistema judicial.

¿Cuáles fueron las consecuencias personales de señalar así la corrupción?

En mi caso, conté con el apoyo de la corte cuando informé de estos problemas, así que al inicio tuve un nivel de protección que me permitía seguir realizando mi trabajo.

Sin embargo, al incrementar el número de denuncias al régimen disciplinario contra abogados que cometían fraude y corrupción, aumentó drásticamente el nivel de las amenazas. En varias ocasiones vinieron carros blindados y hombres armados a buscarme a mi tribunal para dejar claro que estaba cruzando una línea. Cuando los abogados recurrían mis denuncias en un juzgado civil, estaba obligada a repetir las acusaciones de corrupción en un contexto público, sin que los acusados corriesen el riesgo de ser encarcelados ni sufrir ninguna otra sanción penal.

¿Nos puede dar más detalles sobre su decisión de salir de Guatemala? ¿Cómo se incrementó el riesgo hasta el punto de sentir que esto era necesario?

El riesgo realmente comenzó a intensificarse en 2014. Los grupos que tenían interés en controlar las cortes manipulaban los listados de postulación para incluir candidatos ajenos a la justicia y con claros vínculos con el crimen organizado. Quienes habían defendido a narcotraficantes estaban ahora en los listados para ser magistrados de los que se había excluido a jueces con experiencia, y esto nos parecía muy preocupante.

Yo era parte de un instituto que promovía la transparencia y hubo importantes figuras políticas que amenazaron con iniciar procedimientos penales en mi contra para intentar desacreditarme. Cuando realmente me vi obligada a tomar la decisión de salir junto con mi familia del país fue cuando me amenazaron con acusarme del delito de sedición. Solo tuve unas semanas para tomar la decisión y salir.

Ha hablado del trabajo en la judicatura más como una vocación que como una decisión profesional. ¿Qué consecuencias personales tuvo verse forzada a dejar su profesión?

Tuve que poner fin a mi relación con el organismo judicial, lo cual fue muy difícil para mí. Inicialmente, hice uso de ciertas leyes que protegen la función judicial y que me permitían mi alejarme de mi cargo sin perder la calidad de carrera judicial. Al principio me otorgaron permisos para retirarme de la judicatura sin sueldo durante varios meses, y finalmente me concedieron una excedencia por el plazo máximo de cinco años. Este año ha finalizado ese plazo y he tenido que retirarme definitivamente del organismo judicial.

A pesar de estas dificultades personales y de la terrible situación de la justicia en Guatemala, yo sigo animando a los jóvenes interesados en el derecho a que estudien. A ellos les diría que amplíen sus horizontes, que se centren en promover cambios dentro de las propias instituciones. Creo que todos tenemos la capacidad de incidir en nuestro mundo, en nuestro entorno, pero debemos mantenernos siempre apegados a la ética. Si mantienen su honestidad, lograrán actuar de manera correcta en cualquier contexto, por muy complicado que sea.