Perú: Congreso profundiza sus ataques para someter a la institución encargada de investigar los delitos

Las organizaciones internacionales firmantes alertamos nuevamente del uso abiertamente instrumental del sistema de control político para someter, esta vez, al Ministerio Público, y del alto riesgo que ello puede significar para la lucha contra el crimen organizado afianzado dentro de los poderes políticos, e incluso, para la integridad de las elecciones generales que se realizarán en el país en abril de 2026.

La denuncia constitucional sostiene que los fiscales aprobaron una norma reglamentaria que supuestamente contraviene la Ley 32130, promulgada en octubre de 2024, diseñada para debilitar la capacidad del Ministerio Público y trasladar facultades esenciales de investigación a la Policía Nacional, subordinada al Poder Ejecutivo. Dicha norma ignora deliberadamente que la Constitución peruana es categórica al establecer que corresponde al Ministerio Público “conducir desde su inicio la investigación del delito” (art. 159.4).

La Ley 32130 es solo una pieza más de un paquete de medidas aprobadas por el Congreso,ampliamente calificadas como normas “pro-crimen”, que han socavado de manera sistemática la capacidad de la Fiscalía para enfrentar a las redes de criminalidad organizada. Este grave ataque institucional ocurre en un contexto especialmente alarmante: de los 130 congresistas, 54 cuentan con investigaciones previas, 63 tienen indagaciones preliminares y 10 enfrentan denuncias constitucionales sobre diversos temas. En lugar de fortalecer el Estado de derecho, el Congreso parece decidido a blindarse e impedir el avance de investigaciones que lo involucran directamente.

La tramitación de esta denuncia constitucional y la inminente inhabilitación de la fiscal Espinoza, que será decidida por el Pleno del Congreso, constituye un ataque frontal a la independencia del Ministerio Público peruano, que ocurre meses después de que Espinoza solicitara la disolución del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, en aplicación de la Ley de Partidos Políticos.

Este tipo de medidas no son solo actos de retaliación, también buscan abrir la puerta al procesamiento de operadores de justicia por el sistema penal, en este caso, por delitos como abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato e instigación a la usurpación de funciones, en un evidente intento de criminalizar y amedrentar a quienes cumplen funciones esenciales de control del poder. El mismo patrón ya fue utilizado contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos en junio de 2023.

En paralelo, la Junta Nacional de Justicia también ha jugado un papel clave en el cerco institucional contra la Fiscalía, al suspender preventivamente a Espinoza en un proceso disciplinario con diversas irregularidades. A pesar de que un juez ordenó su reposición mediante una medida cautelar, la Junta no solo ha desobedecido la decisión judicial, sino que ha respondido denunciando penalmente al magistrado y demandando al Poder Judicial en una demanda competencial en la que aduce una invasión de sus competencias, en una escalada de confrontación institucional que tiene pocos precedentes en la región.

El Perú transita un proceso de acelerado deterioro democrático. Desde 2023, el Congreso viene utilizando sus prerrogativas para capturar y paralizar al sistema de justicia, desmantelar la lucha contra la criminalidad organizada y perseguir a altos funcionarios que intentan cumplir su mandato constitucional.

La gravedad de esta situación exige una respuesta solidaria y coordinada de la comunidad internacional. Hacemos un llamado urgente a los organismos multilaterales, a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y a los gobiernos democráticos de la región para que adopten medidas inmediatas y necesarias para impedir que el Perú avance hacia un deterioro irreversible de su institucionalidad democrática.

Firmantes:

• Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
• Robert F. Kennedy Human Rights
• Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
• Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)