Alerta: Nuevo informe revela patrones de tortura en las rutas migratorias en África
Colombia
27.03.19
Intervenciones urgentes

Campaña de estigmatización de la defensa de derechos humanos y de la protesta social en el marco de la Minga del Suroccidente

LLAMADO URGENTE - ELOBSERVATORIO

COL 001 / 0319 / OBS 030

Restricción al derecho de expresión y reunión/

Estigmatización / Uso excesivo de la fuerza /

Amenaza de criminalización

Colombia

27 de marzo de2019

El Observatoriopara la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto dela Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita suintervención urgente ante la siguiente situación en Colombia.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con grave preocupacióninformación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) sobre lacampaña de estigmatización de la defensa de derechos humanos y de la protestasocial y las amenazas de criminalización en contra de personas defensoras porsu participación en la protesta social en demanda de un mayor respeto de variosderechos humanos denominada “Minga por la defensa de la vida, la democracia, elterritorio, la justicia y la paz”[1] en elSuroccidente de Colombia.

Según la información recibida, desde el10 de marzo de 2019, fecha en que inició la jornada de protesta social, laMinga viene siendo objeto de estigmatización por parte de altos mandos de laFuerza Pública[2],Senadores[3] yotros funcionarios públicos como el Ministro de Defensa de Colombia, quieneshan manifestado ante medios de comunicación y redes sociales que la jornada deprotesta está infiltrada por grupos disidentes de la antigua guerrilla de lasFARC[4].Esta situación dio lugar a que usuarios de redes sociales hayan abierto un hashtag denominado #MingaDeLasFarc, lo que ha exacerbado expresiones de odio y muertecontra los manifestantes, situación que pone en grave riesgo la vida eintegridad física de las personas que participan de las protestas, y de susprincipales voceros y líderes y lideresas de las organizaciones que hanpromovido la jornada.

Adicionalmente, el 19 de marzo de 2019,el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció a los mediosde comunicación que estudia la apertura de investigaciones penales contra losmanifestantes por varios delitos, entre ellos los de obstrucción de víapública, secuestro y por la participación de menores durante la jornada deprotesta.

Según la misma información, el derecho ala protesta social está siendo restringido por las acciones combinadas[5]entre el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), el Escuadrón Móvil deCarabineros (EMCAR) de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, quienesvienen haciendo un uso excesivo eindiscriminado de la fuerza incluyendo: usode armas no convencionales para dirimir la protesta, levantar los lugares deconcentración y dormida y despejar las vías bloqueadas por los manifestantes,además de acciones de intimidación permanentes incluyendo el sobrevuelo deaviones militares y dones sobre los puntos de concentración y dormida. En eldesarrollo de estas acciones, ha habido disparos de armas de fuego de corto ylargo alcance contra los manifestantes, uso de gases lacrimógenos lanzadosdirectamente a sus rostros y cuerpos, disparos con cartuchos recargados, y usode golpes con objetos contundentes que han dejado más de 50 personas heridas,algunas de gravedad, entre ellos a varias personas defensores de derechoshumanos relacionados con la tierra y el territorio de comunidades indígenas ycampesinas.

Además, se han registrado ataques contra la libertad deprensa por parte del ESMAD. El 16 de marzo en horas de la mañana, elcomunicador William Becerra fueagredido y detenido arbitrariamente. El comunicador se encontraba cubriendo elpunto de concentración del Cairo y el Tunel, en el municipio de Cajibío, y fueagredido por agentes del ESMAD quienes lo tiraron al piso, lo golpearon, ledecomisaron su celular y cámara fotográfica, lo montaron en una camioneta y lotrasladaron arbitrariamente hasta la estación de policía en donde luego de untiempo fue dejado en libertad ante la exigencia de los organismos de derechoshumanos y del personero municipal de este municipio.

El Observatorio lamenta la muerte de 8personas el pasado 21 de marzo de 2019 en una explosión ocurrida en zona ruraldel municipio de Dagua, departamento Valle del Cauca en hechos que están aúnpor esclarecer, así como la muerte del patrullero de la Policía Boris AlexanderBenítez, ocurrida sobre la vía Panamericana el 19 de marzo de 2019 e insta alas autoridades competentes a realizar una investigación pronta e imparcial.

El Observatorio recuerda su preocupaciónpor la crisis del derecho a defender derechos humanos en Colombia en uncontexto en el que al menos 172 personas defensoras, incluyendo líderessociales, fueron asesinadas en 2018 según datos de la Defensoría del Pueblo.Además, el Observatorio reitera la preocupación expresada en el Informepublicado en mayo de 2018[6] enel que se identifica como una de las causas para la vulnerabilidad de laspersonas defensoras en Colombia el hecho de que siga persistiendo un ambienteque estigmatiza y criminaliza el ejercicio del derecho a la protesta social,así como un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad delEstado.

El Observatorio muestra su preocupaciónpor las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la Minga en elSuroccidente de Colombia y hace un llamado urgente al Estado colombiano a tomarmedidas que prevengan la materialización del riesgo inminente a la vida, integridad física ylibertad de los más de 20.000 campesinos, indígenas, afrodescendientes ypobladores que se encuentran ejerciendo el derecho a la protesta social. ElObservatorio reitera que la defensa de derechos humanos es legítima y larespuesta debería ser el diálogo abierto por parte de las más altas autoridadesde la República.


Acciónsolicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Colombia instándolasa:

i. Ponerfin a todo tipo de amenazas, actos de hostigamiento, criminalización y campañade desprestigio en contra de todas las personas que ejercen su libertad dereunión pacífica, así como de todos los defensores y defensoras de derechoshumanos en el país;

ii. Implementarel Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a laprotesta pacífica, contemplado en la resolución 1190 de 2018 del Ministerio delInterior, e instalar las mesas de seguimiento al ejercicio de la protesta socialcomo espacios de coordinación entre la institucionalidad y sociedad civil parala plena observación de los estándares internacionales en materia detratamiento a la protesta social y regulación de la Fuerza Pública en elcontexto de la protesta social;

iii. Protegery respetar los derechos humanos de quienes participan en la “Minga por ladefensa de la vida, la democracia, el territorio, la justicia y la paz” einstaurar en el menor tiempo posible un diálogo abierto e incluyente entre elPresidente de la República de Colombia y voceros y voceras de la Minga por la defensa de la vida, la democracia, el territorio, lajusticia y la paz, en el departamento del Cauca;

iv. Llevar acabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva eimparcial en torno a los hechos ocurridos y en específico sobre el uso excesivode la Fuerza Pública, las personas heridas, muertas y demás accionesviolatorias de los derechos humanos;

v. Adoptarde manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad yla integridad física y psicológica de todos los manifestantes del movimiento dela “Minga por la defensa de la vida, la democracia, el territorio, la justiciay la paz, y de todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia;

vi. Asegurarla aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de losDerechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembrede 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;

vii. Demanera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertadesfundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales dederechos humanos ratificadas por Colombia.

Direcciones:

· Sr. Iván Duque Márquez,Presidente de la República de Colombia. contacto@presidencia.gov.co

· Sra. Nancy Patricia Gutiérrez, Ministra delInterior. Email: servicioalciudadano@mininterior.gov.co/ notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co

· Sr. Lorenzo Guillermo Botero Nieto, Ministro deDefensa Nacional.E-mail: usuarios@mindefensa.gov.co

· Sr. Néstor Humberto Martínez, Fiscal General dela Nación. Email contacto@fiscalia.gov.co,denuncie@fiscalia.gov.co

· Sr. Carlos Alfonso Negret, Defensor Nacionaldel Pueblo. E-mail: secretaria_privada@hotmail.com,defensoria@defensoria.org.co

· Sr. Francisco RobertoBarbosa Delgado, Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y AsuntosInternacionales. E-mail (Secretaría):  marthazorrilla@presidencia.gov.co

· Sr. Diego Fernando Mora Arango, Director de la UnidadNacional de Protección. Email: correspondencia@unp.gov.co

· Sra.Beatriz Londoño Soto, Embajadora-Representante Permanente de Colombia ante lasNaciones Unidas en Ginebra. E-mail: donu.suiza@cancilleria.gov.co

· S.E.Sr. Sergio Jaramillo Caro, Jefe de Misión ante la Unión Europea.Email: ebruselas@cancilleria.gov.co

· Sr. Alberto Brunori, Representante en Colombiadel Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E-mail: oacnudh@hchr.org.co

Por favor, escriban también alas Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.

***

Ginebra-Paris, 27 demarzo de 2019

Agradecemos que nosinformen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamadoen su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores deDerechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por laOrganización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivointervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contralos defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambosmiembros de ProtectDefenders.eu, elMecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementadopor sociedad civil internacional.

Para contactar alObservatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

· E-mail: Appeals@fidh-omct.org

· Tel. y fax: OMCT: + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

· Tel. y fax: FIDH: + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80

[1] La Minga, es unamovilización social iniciada el 10 de marzo de 2019 en la que participandiversas comunidades indígenas, campesinas, urbanas y rurales convocadas por organizaciones sociales y étnicas de lospueblos indígenas y afrodescendientes, de comunidades campesinas y sectoressociales, sindicales y populares, principalmente de los departamentos del Cauca, Huila, Caldas, Valle del Cauca, Putumayo,Antioquia y Chocó. Las comunidades instalaron una Mesa Central de Diálogo yNegociación y exigen la presencia del Presidente de la República Iván DuqueMárquez para tratar directamente con él varios aspectos que afectan el goce desus derechos, entre ellos los siguientes temas: a) Asesinato y criminalizaciónde líderes y lideresas sociales; b) El compromiso del actual gobierno con elcumplimiento de acuerdos hechos en anteriores movilizaciones; c) La adopción demedidas regresivas en materia de derechos humanos; d) El reconocimiento de loscampesinos como sujetos de derechos; e) La defensa del territorio, f) El desmontedel paramilitarismo; y g) La defensa de la paz en Colombia.

[2] El 16de marzo de 2019 el comandante de la policía del Cauca en una entrevista dada amedios de comunicación indicó que la Minga estaba infiltrada por gruposdisidentes de la antigua guerrilla de las FARC. Algunos registraron así lanoticia: "En realidad el sector estáinfluenciado por el grupo armado organizado residual Frente Sexto, de lasantiguas FARC, y de la columna móvil Jacobo Arenas, también como disidentes”. Véase:https://www.efe.com/efe/america/portada/investigan-si-disidencias-de-las-farc-estan-infiltradas-en-protestas-indigenas/20000064-3926952

[3] Por ejemplo, el senadorCarlos Felipe Mejía, desde su cuenta de Twitter @CARLOSFMEJIA,con fecha 16 de marzo de 2019, afirmó que: Claramenteson criminales los que usan explosivos y atentan contra la comunidad y el libretránsito de la carretera. Aquí no hay ninguna protesta social, esto es obra dela #MingaDeLasFarc”. En otro tuit dice: La criminalidad disfrazada de protesta social, todo elpeso de la justicia contra estos bandidos y contra quienes los instigan acausar estos daños”. #MingaDeLasFarc https://www.cric-colombia.org/portal/denuncia-publica-sobre-las-acusaciones-realizadas-por-el-senador-carlos-felipe-mejia-en-contra-de-la-minga-del-suroccidente/

[4] http://www.diariodelcesar.com/archivos/15242

[5] En el marco de dichos operativos, las comunidades han reportado que dellado del ESMAD y EMCAR, de la Policía y Ejército, han visto hombres vestidos decivil portando armas de largo alcance.

[6] Véase el informe demisión de investigación del Observatorio, mayo de 2018: “COLOMBIA: No Hay Pazpara las personas defensoras”, 2018: http://www.omct.org/files/2018/05/24862/informe_colombia.pdf @font-face { font-family: Wingdings;}@font-face { font-family: "Cambria Math";}@font-face { font-family: Calibri;}@font-face { font-family: Tahoma;}@font-face { font-family: "";}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: "Calibri", sans-serif; }p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader { margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: "Calibri", sans-serif; }p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: "Calibri", sans-serif; }span.MsoFootnoteReference { vertical-align: super; }a:link, span.MsoHyperlink { color: blue; text-decoration: underline; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: rgb(149, 79, 114); text-decoration: underline; }p { margin: 14pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman", serif; }p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph { margin: 0cm 0cm 10pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: "Calibri", sans-serif; }p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst { margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: "Calibri", sans-serif; }p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle { margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: "Calibri", sans-serif; }p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast { margin: 0cm 0cm 10pt 36pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: "Calibri", sans-serif; }span.FootnoteCharacters { vertical-align: super; }p.Standard, li.Standard, div.Standard { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif; }p.Titre21, li.Titre21, div.Titre21 { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; break-after: avoid; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif; }p.Pieddepage1, li.Pieddepage1, div.Pieddepage1 { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif; }p.En-te, li.En-te, div.En-te { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif; }p.Cuadrculamedia1-nfasis21, li.Cuadrculamedia1-nfasis21, div.Cuadrculamedia1-nfasis21 { margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman", serif; }span.HeaderChar { font-family: "Calibri", sans-serif; }span.FooterChar { font-family: "Calibri", sans-serif; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { }ol { margin-bottom: 0cm; }ul { margin-bottom: 0cm; }

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