Argentina: Situación de las personas privadas de la libertad entre el punitivismo, la sobrepoblación y la violencia institucional

Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023, la Argentina atraviesa un escenario de regresión de derechos que puede observarse en el desmantelamiento de políticas sociales, acompañamiento a víctimas de la violencia, políticas de memoria, verdad y justicia, entre otras cosas.

Este desmantelamiento de políticas es acompañado por la represión en protestas, el aumento del uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la persecución a través de formas de violencia digital a periodistas y personas opositoras al gobierno. En este contexto, se observa una expansión de prácticas violentas en los espacios de encierro (especialmente la tortura y los malos tratos) acompañado de un endurecimiento de la vida penitenciaria. Ello va de la mano con reformas punitivas tanto a nivel legislativo como administrativo que tienen como impacto un aumento de los niveles de encarcelamiento, reducción de las garantías constitucionales y mayor discrecionalidad para el uso de la privación de la libertad.

Organizaciones de la sociedad civil han documentado y plasmado en un informe alternativo que han presentado al Comité contra la Tortura con enfoque en cinco temas principales: el aumento del punitivismo a través de cambios normativos regresivos; sobrepoblación y condiciones inhumanas de detención; régimen de alto perfil/alto riesgo; la tortura y los malos tratos en los centros de internación para personas con discapacidad psicosocial; y las limitaciones en el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Lea aquí el informe presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Civil de Familiares de Detenidxs (ACIFaD), ANDHES (Tucumán y Jujuy), La red de organizaciones Abrir la Prisión (Santa Fe), Red por los Derechos Humanos en Contextos de encierro (Córdoba) y Asociación de Penalistas Litigantes Independientes (APLI), Asociación contra la Violencia Institucional (AVI), Xumek (Mendoza), con el apoyo de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).