Alerta: Covid-19: Es urgente levantar restricciones prohibiendo visitas en cárceles
09.05.22
Informes

Covid-19: Llamado urgente a levantar restricciones prohibiendo visitas en lugares de detención


Declaración pública conjunta

Ginebra, 9 de mayo de 2022

A medida que la incidencia de la Covid-19 y el número de muertes sigue disminuyendo en la mayoría de las regiones del mundo, las medidas y restricciones de salud pública se están relajando a un grado sin precedentes. Sin embargo, la realidad es muy diferente en los lugares de detención. Las restricciones siguen afectando a más de 11 millones de personas recluidas en instituciones penitenciarias, afirman hoy organizaciones de defensa de los derechos humanos y personas expertas.

Una nueva investigación realizada por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) indica que medidas que restringen el ejercicio básico de derechos han sido adoptadas, en muchos casos, sin tener en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y han contado con una supervisión judicial muy limitada. En países como Honduras, Togo, Uganda y Nepal, por nombrar sólo algunos, restricciones de carácter general a visitas presenciales y al acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los lugares de detención se han prolongado durante largos períodos de tiempo. Como resultado, miles de personas privadas de libertad, incluidos más de 250000 niños y niñas privados de libertad y muchas personas más detenidas en instituciones no vinculadas al sistema de justicia penal, no han podido ver a su familia durante dos años.

El proceso de investigación y metodología incluyeron insumos de más de 70 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y personas expertas en los ámbitos de la lucha contra la tortura, detención, salud y niñez. Hoy, pedimos que se tomen medidas urgentes para revertir el aislamiento y el sufrimiento que siguen padeciendo muchas personas privadas de libertad en todo el mundo desde que se declaró la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020.

Si bien la preservación de la salud de las personas detenidas, en entornos confinados y a menudo superpoblados, debe ser una prioridad absoluta, las respuestas deben guiarse por un enfoque basado en los derechos humanos. La igualdad de acceso a la vacuna de la Covid-19, la equidad en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como la necesidad de garantizar la salud mental y emocional y el bienestar de las personas recluidas en los lugares de detención son cruciales.

Las restricciones a las visitas motivadas por la pandemia han tenido un gran impacto en la salud mental y el bienestar emocional de las personas detenidas y sus familias, como se desarrolla en nuestra nueva Nota de Orientación "Rompiendo los muros del aislamiento: Garantizar el contacto con las familias de las personas privadas de libertad en un mundo con Covid-19". Las restricciones que implican la suspensión y la reducción de las visitas también se han aplicado a la niñez privada de libertad, a pesar de la existencia de normas y directrices internacionales que afirman la necesidad de que los niños y niñas mantengan los vínculos sociales y, en particular, el contacto presencial con sus familiares y estructuras de apoyo.

Muchas de estas restricciones y protocolos vigentes no han sido comunicados a las personas detenidas ni a sus familias. De hecho, aunque la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia crucial de la información en tiempos de crisis, en nuestra nueva Nota de Orientación "Romper los muros del silencio: El acceso a la información de los detenidos en un mundo con Covid-19" sacamos a la luz la falta de datos oficiales, o el suministro de datos poco fiables o manipulados, sobre los casos de Covid-19, las tasas de infección, el estado de salud, las muertes de personas privadas de libertad y la cobertura de vacunación, entre otros asuntos de interés público.

La falta de acceso a la información y el aislamiento colectivo al que se siguen enfrentando las personas privadas de libertad en muchos países, que precedieron a la pandemia de la Covid-19 pero que se han agravado desde entonces, tienen graves implicaciones para el cumplimiento de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Además, la falta de transparencia y el aislamiento respecto de las familias y del mundo exterior son factores de riesgo cruciales para el aumento de las tensiones y la violencia en los centros de detención.

La OMCT y las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas firmantes hacen un llamado urgente a los Estados y, en particular, a las autoridades penitenciarias y otras autoridades de lugares de privación de libertad a:

- Respetar el principio de no discriminación cuando se levanten o suavicen las restricciones relacionadas con la Covid-19. Las restricciones en los lugares de detención deben alinearse con la eliminación gradual de las restricciones para la población general. Todas las restricciones injustificadas que vulneren derechos humanos deben ser levantadas inmediatamente;

- Garantizar el derecho a comunicarse con el mundo exterior y a recibir visitas periódicas: las restricciones al contacto con la familia, que es un derecho básico que garantiza la dignidad y el bienestar de las personas detenidas y protege el derecho a no ser torturado ni sometido a otros malos tratos, deben estar previstas en la ley, adoptarse sólo cuando sea estrictamente necesario (cuando no existan alternativas menos perjudiciales), tener una duración limitada y estar sujetas a revisión judicial periódica;

- Garantizar el acceso a todos los lugares de privación de libertad de los/as abogados/as, de los mecanismos nacionales de prevención (MNP) y de otros órganos de control y monitoreo independientes, incluidas las OSC, así como el personal médico, con todos los protocolos sanitarios y de seguridad necesarios;

- Satisfacer el derecho de las personas privadas de libertad a recibir información fiable, precisa y actualizada;

- Adoptar y dar a conocer un protocolo sobre emergencias, que incluya los pasos a seguir, en caso de emergencia (que podría ser una nueva variante de Covid-19 o una emergencia diferente) para: garantizar la transparencia (conferencias de prensa periódicas, boletines, acuerdo con el MNP, etc.); prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y garantizar el acceso a mecanismos de denuncia independientes; garantizar un contacto cercano y frecuente de las personas detenidas con el mundo exterior, particularmente sus familias y abogados/as;

- Las personas privadas de libertad que hayan sido sometidas al aislamiento de sus familias y redes sociales deben tener derecho a medidas compensatorias, incluyendo mediante la consideración del acceso a medidas de liberación anticipada y condicional. El acceso a los servicios de salud mental es primordial y debe garantizarse y ampliarse para las personas detenidas y sus familias.

Llamamos a las organizaciones de la sociedad civil y al movimiento contra la tortura a:

- Unirse a este llamado urgente para el levantamiento de las políticas de cierre, basándose en las razones de salud, derechos humanos, seguridad y gobernanza penitenciaria expuestos en las nuevas Notas de Orientación;

- Seguir promoviendo estrategias, incluyendo estrategias de incidencia, de comunicación y de litigio, para oponerse al afianzamiento de restricciones injustificadas y promover el aumento de la transparencia en administraciones penitenciarias tradicionalmente opacas;

- Participar en los espacios disponibles de los organismos internacionales, especialmente mediante la presentación de informes alternativos a los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas, para proporcionar detalles sobre el impacto de la pandemia y las restricciones adoptadas en los lugares de detención y para impulsar un plan de preparación y respuesta basado en los derechos humanos ante un nuevo brote de Covid-19 o emergencia.

Pedir a personas del mundo académico y expertas/as:

- Seguir evaluando el impacto de las políticas de cierre sobre la salud y la integridad personal de las personas privadas de libertad, incluyendo su derecho a no ser torturadas o sometidas a otros malos tratos; identificar las respuestas de mitigación y reparación más urgentes y apropiadas; emitir recomendaciones para las futuras fases de la pandemia de la Covid-19, incluyendo una eventual transición de una etapa pandémica a una endémica, y en el contexto de las agendas de reforma a largo plazo.

Puede consultar nuestras Notas de orientación en:

Inglés: Guidance Note no. 1; Guidance Note no. 2.

Francés: Note d'orientation no. 1; Note d'orientation no. 2.

Español: Nota de orientación no. 1; Nota de orientación no. 2.

Ruso: Pекомендательная записка no 1; Pекомендательная записка no 2.

Portugués: Nota de orientação no. 1; Nota de orientação no. 2.

Lista de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil firmantes:


Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Helsinki Citizens’ Assembly – Vanadzor - Armenia

ACAT Italia, Azione dei Cristiani per l’abolizione della tortura - Italia

Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) - Chad

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) - Camerún

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) - Camerún

Adam Bodnar, Profesor de Derecho, SWPS University of Social Sciences and Humanities (miembro del Covid-19 Crisis Action Group de la OMCT) - Polonia

Addameer Prisoner Support and Human Rights Association - Palestina

Advocacy Forum - Nepal

AdvocAid - Sierra Leone

Africa End Sexual Harassment Initiative (AESHI) - Kenia

Al Mezan Center for Human Rights - Palestina

Alliance pour l'Universalité des Droits Fondamentaux (AUDF ONG)- República Democrática del Congo

Alternative Espace Citoyens (AEC) - Níger

Antigone - Italia

Asociación Irídia - Centro para la Defensa de los Derechos Humanos - España

Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) - España

Association for Human Rights in Central Asia (AHRCA), Uzbekistán / Francia

Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS) - Mali

Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) - Marruecos

Beladi Organization for Human Rights - Libia

Bulgarian Helsinki Committee, Bulgaria

Camilo Eduardo Umaña Hernández, Profesor de Derecho, Universidad Externado de Colombia - Colombia

Centre for Human Rights and Democracy in Africa (CHRDA) - Camerún

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina

Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, Universidade Federal de Minas Gerais - Brasil

Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación a las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT) - Honduras

Changement Social Bénin - Benín

Children’s Fund of Kazakhstan - Kazajistán

Civil Society in the Penal System Association (CİSST) -Turquía

COFAVIC - Venezuela

Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT) - Togo

Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) - Perú

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) - Honduras

Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP) - Colombia

Committee Against Torture - Rusia

Conectas Direitos Humanos - Brasil

Cross Cultural Foundation - Tailandia

Documenta AC - México

Egyptian Commission for Rights and Freedoms - Egipto

FIACAT – Federación Internacional de las ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)

Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) - Tunisia

Gabinete de Assessoria Jurídicas às Organizações Populares (GAJOP) - Brasil

Human Rights Alert (HRA) - India

Human Rights Association (İHD) -Turquía

Human Rights Center - Georgia

Human Rights Organization of Nepal (HURON) - Nepal

Hungarian Helsinki Committee (HHC) – Hungría

Independant Medico-Legal Unit (IMLU) - Kenia

Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) - Bolivia

KontraS - Indonesia

Libyan Crime Watch - Libia

Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) - Tunisia

Medical Action Group,Inc - Filipinas

Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH) - Costa de Marfil

Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona - España

Odhikar - Bangladesh

Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) - Tunisia

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte - México

Pastoral Social – Caritas. Diócesis de San Pedro Sula - Honduras

Physicians for Human Rights

Prisoners' Rehabilitation and Welfare Action (PRAWA) - Nigeria

Promo LEX Association – República de Moldavia

Public Organization “Human Rights Center”- República de Tayikistán

Public Verdict Foundation, Rusia

Dr. Ranit Mishori, Profesora de Medicina Familiar a Georgetown University y Senior Medical Advisor a Physicians for Human Rights (miembro del OMCT Covid-19 Crisis Action Group) – Estados Unidos

Rede Justiça Criminal - Brasil

Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) - Senegal

Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique Centrale (REDHAC) - Camerún

Reseau pour la Migration et le DEVeloppement (REMIDEV)- Senegal

SALAM DHR - Bahrein

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) - Uruguay

Sociedad de Profesionales por la Dignidad y Justicia - Guatemala

Solidarity Centre - Kenia

SOS Information Juridique Multisectorielle (SOS IJM Asbl) - República Democrática del Congo

SUARAM - Malasia

Susanna Marietti, coordinadora general, Antigone – Italia (miembro del Covid-19 Crisis Action Group de la OMCT)

Tawergha Youth Organization - Libia

Uju Agomoh PhD, Directora Ejecutiva, PRAWA

Una Ventana a la Libertad – Venezuela

United Against Torture Coalition (UATC) - Filipinas

Xumek - Argentina

Youth for Human Rights Documentation (YHRD) - India

The Kenyan Section of the International Commission of Jurists (ICJ Kenya) - Kenia

Esta declaración ha sido discutida y acordada por parte del Grupo de Acción para la Crisis de la Covid-19 de la OMCT, un ente asesor compuest ode personas expertas en los campos de la privación de libertad, prevención de la tortura, sistema de justicia penal, salud, derechos de la niñez, derechos de las mujeres y personas defensoras de derechos humanos. Para más detalles, consulte nuestras Notas de Orientación.


Para obtener información adicional, por favor contacte a:

Iolanda Jaquemet

ij@omct.org

+41 79 539 41 06

(Encargada de Comunicaciones)

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