El Salvador: Expresamos preocupación ante la CIDH por la delicada situación que están enfrentando defensoras y defensores de derechos humanos

De acuerdo con el Informe de Agresiones contra Personas Defensoras y Periodistas: Análisis de Casos 2024 de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, para ese año hubo un total de 533 casos de agresión contra personas y colectivos que defienden derechos humanos, el registro más alto y más violento de los últimos cuatro años, equivalente a un aumento del 135,84 % en comparación con el año 2023. Asimismo, el Registro de Agresiones de la IM-Defensoras, muestra un incremento continúo del número de agresiones contra mujeres defensoras y sus organizaciones durante los últimos años, pasando de 205 incidentes en 2023 a 960 solo en el primer semestre de 2025, entre ellos se identifican tendencias como la aparición de nuevos tipo de agresión (desalojo, expulsión de la comunidad, confiscación de bienes, limitación o ataques por reunirse y manifestarse pacificamente, desplazamiento forzado o violencia física) -, el incremento de agresiones cometidas por actores estatales, el carácter reiterado de las agresiones en contra de algunas organizaciones específicas; y el incremento de hasta un 200% de violencia y rastreo digital.

De la persistencia y agravamiento de esta situación dan cuenta las recientes detenciones y criminalización de destacadas personas defensoras de derechos humanos y abogados como Fidel Zavala, Ruth López Alejandro Henríquez y Enrique Anaya, y el pastor Jose Ángel Pérez; así como el incremento exponencial de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que se han visto forzados al exilio ante la persecución y el riesgo a ser también objeto de detención y criminalización. Al respecto, cifras de las organizaciones indican que, de las 130 personas exiliadas durante los últimos 5 años, cerca de la mitad han salido en el transcurso del último mes (junio de 2025). Datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registran la salida de al menos 25 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas.

Como causas de esta situación, las organizaciones destacan la aprobación de reformas legislativas, como la reciente “Ley de agentes extranjeros” entre otras, que restringen el derechos a defender derechos e, incluso, pueden ser utilizadas para criminalizar a quienes ejercen esa labor; así como la prolongación, por más de tres años, del Régimen de excepción en cuyo marco, además de múltiples violaciones de derechos humanos contra la población –las cuales han sido reiteradamente denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional– también se ha incrementado la vulnerabilidad y el riesgo de criminalización de quienes defienden derechos. Este contexto se traduce en un clima de terror y graves impactos a nivel psicosocial tanto para las personas defensoras, periodistas, organizaciones como para la sociedad en general.

Vale la pena recordar que, en un país con enormes desigualdades, en el cual persiste la violencia machista y no se garantizan derechos fundamentales como los sexuales y reproductivos o el derecho al agua o a un ambiente sano, la labor de quienes defienden derechos humanos ha sido y es fundamental, tanto para denunciar las violaciones como para acompañar a las víctimas en su demanda de verdad y justicia.

Frente a la insistencia del Gobierno salvadoreño en señalar y estigmatizar a quienes defienden derechos humanos, las organizaciones reafirman que la labor que realizan estas personas y organizaciones, contribuye a mejorar las condiciones de vida y de acceso derechos en El Salvador. Por ello, las restricciones y criminalización a esta labor supone dejar en situación de indefensión, vulnerabilidad e incertidumbre a una gran parte de la población. Igualmente, la labor de periodistas y medios de comunicación independientes es vital para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, y generar, en ésta, una opinión libre e informada que permita avanzar hacia una convivencia pacífica y democrática.

Las organizaciones convocantes finalizaron su participación en la audiencia solicitando al a CIDH que recomiende al Estado derogar el régimen de excepción y las reformas legales que lo acompañan, que cese la estigmatización, vigilancia, persecución y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas; que se desista de la detención arbitraria y el uso malicioso del sistema jurídico contra Fidel Zavala, Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Enrique Anaya; que se deje sin efecto la Ley de Agentes Extranjeros, y mientras eso no ocurra, que su aplicación no sea utilizada para castigar a las voces críticas y finalmente, que exhorte a El Salvador a garantizar el retorno seguro de quienes han tenido que salir por temor a la criminalización, sin represalias contra esas personas o sus familias.