HSN Palais Wilson CAT68
Informe anual 2020
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Comité contra la Tortura

La pandemia de COVID-19 ha afectado enormemente al trabajo de los órganos creados en virtud de los tratados de las Naciones Unidas, cuyos expertos independientes monitorean cómo aplican los Estados los tratados que protegen nuestros derechos más básicos: el derecho a no sufrir tortura, el derecho a la libertad de expresión y de reunión, y los derechos de la infancia y las mujeres, entre otros muchos.

En 2020, se pospusieron o se redujeron casi todos los periodos de sesiones programados para los órganos de los tratados, incluyendo los del Comité contra la Tortura (CAT), cuyos miembros no pudieron reunirse en Ginebra y decidieron suspender parte del trabajo anual planificado.

Simultáneamente, se constató un aumento de la tortura y los malos tratos con el telón de fondo del colapso de los sistemas de protección a causa de la COVID-19. En muchos casos, los tribunales y los órganos nacionales de lucha contra la tortura solamente funcionaban a medio gas, mientras que al mismo tiempo se obstaculizaba el monitoreo de casos de tortura por parte de grupos de defensa de los derechos humanos. Empeoró incluso más el ya reducido cumplimiento de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes por parte de los Estados y se redujo la rendición de cuentas por casos de tortura. Esto afectó de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables como las mujeres, los menores, las personas migrantes y refugiadas, y las personas sin hogar, pobres y marginalizadas.

En julio, la OMCT recalcó en su intervención en una sesión virtual del CAT que es se necesita del liderazgo de expertos antitortura en este contexto de aumento de la tortura y otros malos tratos. En 2020 se acentuó la violencia doméstica durante los confinamientos y aumentó la violencia en situaciones de privación de libertad, puesto que, en el marco del cumplimiento de los toques de queda y la reducción del contacto social, la brutalidad policial no hizo más que crecer.

A pesar de que el CAT no examinó ningún país en 2020, continuó trabajando en otros aspectos del ciclo de presentación de informes. Desde la OMCT trabajamos con nuestros socios para mostrar las realidades nacionales a los expertos gracias a los ocho informes que elaboramos, y continuamos monitoreando la aplicación de las observaciones finales adoptadas anteriormente por el CAT en varios países.

Una respuesta conjunta de los grupos de derechos humanos

En octubre, la OMCT y TB-Net, una plataforma compuesta por varios grupos de defensa de los derechos humanos entre los que se encuentra la OMCT, lideraron la redacción de una carta conjunta firmada por 523 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. En ella se instaba a los órganos de derechos humanos creados en virtud de los tratados de la ONU y a la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU a continuar en el ejercicio de sus funciones, tal y como establecen sus mandatos.

Aunque en 2020 el sistema de órganos de derechos humanos creados en virtud de los tratados de la ONU no estuvo prácticamente operativo, se había programado para ese año una revisión de dichos órganos. El objetivo de este proceso intergubernamental de revisión era sopesar medidas adicionales para garantizar que el sistema funcione de manera efectiva. En un contexto de recortes de derechos humanos y de socavación de los sistemas multilaterales, la OMCT y otras organizaciones de la sociedad civil intensificaron su respuesta colectiva para proteger y reforzar el sistema de órganos de derechos humanos creados en virtud de los tratados de la ONU realizando dos grandes contribuciones conjuntas en julio:

Propuesta de la sociedad civil para reforzar el sistema de órganos de creados en virtud de los tratados de la ONU

Documento conjunto de ONG con otras 27 organizaciones de la sociedad civil


Kenya: “No se escucharon nuestras voces cuando más lo necesitábamos”

El examen del CAT de Kenya estaba programado para 2020, pero se pospuso a 2021. Un nuevo aplazamiento ha retrasado ahora el examen a 2022. Este testimonio de la sección de Kenya de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), miembro de la OMCT, pone de relieve las repercusiones que tiene este aplazamiento sobre la protección de las personas más vulnerables.

La respuesta de las autoridades de Kenya ante el incremento de casos de COVID-19 dio lugar a un aumento de la tortura y otros malos tratos en todo el país. Hemos constatado que:

  • el aumento de la brutalidad policial ocasionó muertes (incluso de niñas y niños) y desapariciones forzadas. Solamente hasta julio de 2020, se contabilizaron 157 casos de personas asesinadas por la policía o desaparecidas (13 más que durante todo 2019); en la mayor parte de los casos, hombres jóvenes de asentamientos informales;
  • desde el inicio de la pandemia, hubo un aumento del 35,8% en los casos de violencia sexual y de género, tal y como ya afirmó el Presidente del Tribunal Supremo de la República de Kenya el 2 de abril de 2020;
  • no se priorizó el acceso a la atención y los servicios sanitarios adecuados para las personas en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad, como las personas privadas de libertad o el elevado número de personas que viven en zonas muy saturadas y pobres o en campamentos de refugiados, de migrantes y de desplazados internos.


Simultáneamente, las medidas sanitarias como las restricciones de viaje impidieron casi totalmente que las instancias nacionales e internacionales pudiesen escuchar a las víctimas y a la sociedad civil. En consecuencia, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) pospuso en dos ocasiones el examen de Kenya, lo cual supone un grave problema, ya que se está ampliando la brecha de rendición de cuentas a costa de la población del país. Por este motivo, para Kenya el liderazgo del CAT es ahora más necesario que nunca para:

    • mantener al Estado de Kenya a raya enviando periódicamente consejos o directrices que aborden las violaciones de derechos humanos constitutivas de tortura y tratos crueles y degradantes;
    • recordar que los términos como “necesidad”, “emergencia nacional” u “orden público” no pueden usarse para justificar la tortura ni los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
    • priorizar las voces de las víctimas y garantizar que los Estados rindan cuentas;
    • garantizar la comunicación con la sociedad civil, puesto que cada vez se ve más socavado su espacio para defender derechos en el contexto nacional