Informe anual 2020
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Belarús

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casos documentados de tortura

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detenciones

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personas defensoras de derechos humanos aún privadas de libertad por motivos políticos

En 2019, la práctica generalizada de la tortura y una feroz represión contra la sociedad civil de Belarús indignaron tanto al país como a la esfera internacional. La crisis de derechos humanos se intensificó en 2020, exponiendo la crueldad de las autoridades nacionales, así como la fuerza de la ciudadanía de Belarús y la capacidad de movilización masiva en oposición a la tortura.

Tras las irregularidades de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, cientos de miles de personas tomaron las calles para protestar pacíficamente y reivindicar un cambio político y social. La respuesta del gobierno en funciones fue extremadamente brutal: durante los tres primeros días de protestas se detuvo a unos 7000 manifestantes; y entre el 9 y el 14 de agosto, el mundo fue testigo de graves casos de tortura contra personas privadas de libertad, una práctica que tenía por objeto intentar evitar más manifestaciones, obtener información o simplemente castigar a las víctimas por su activismo civil. Los testimonios personales de Vitaly Prokopiev, Nikita Shpakovsky y Anna Soroka exponen las crueles políticas que aplica Belarús contra su propia ciudadanía.

Tras las irregularidades de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, cientos de miles de personas tomaron las calles para protestar pacíficamente y reivindicar un cambio político y social.

Desde el otoño de 2020 el gobierno también ha incrementado sus ataques contra la sociedad civil, especialmente contra las personas defensoras de derechos humanos. Hasta la fecha, al menos seis personas defensoras continúan encarceladas o bajo arresto domiciliario por motivos políticos. Se trata de Marfa Rabkova, coordinadora de servicios de voluntariado en el centro de derechos humanos Viasna, Tatsiana Lasitsa y Andrey Chapuk, voluntarios de Viasna, Siarhei Drazdouski y Aleh Hrableuski, director y asesor jurídico de la Oficina para los Derechos de las Personas con Discapacidad, respectivamente, y Leanid Sudalenka, abogado de la oficina de Viasna en Gómel.

Asimismo, se ha declarado a varias personas defensoras de derechos humanos “testigos en investigaciones penales” o se les ha prohibido viajar. Muchas de ellas se han visto forzadas a huir del país a causa de los registros y las detenciones, pero las que se han quedado y continúan luchando por la justicia se arriesgan a diario a que las detengan. También ha habido acusaciones penales contra muchas organizaciones de derechos humanos, como nuestro socio Viasna.

La OMCT ha apoyado enormemente a sus socios en Belarús, Viasna y el Comité Internacional para la Investigación de la Tortura, y ha aumentado su incidencia internacional en materia de rendición de cuentas por delitos de tortura y de protección de personas defensoras de derechos humanos que sufren ataques. El Parlamento Europeo adoptó en septiembre una resolución sobre Belarús que incluía datos proporcionados por la OMCT.

Se puede obtener más información sobre este tema en nuestro briefing 100 days of ongoing human rights crisis.

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