Informe anual 2020
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Mujeres

En todo el mundo, la Covid-19 ha afectado a las mujeres de manera desproporcionada. Según las Naciones Unidas, más de 240 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia en 2020. Las medidas de confinamiento que no tuvieron en cuenta cuestiones de género forzaron a millones de mujeres a confinarse en sus casas con parejas abusivas. Se separó a las víctimas de sus sistemas de apoyo y de otros recursos, y distintos países del mundo constataron un aumento en las cifras de violencia doméstica, incluyendo violencia sexual, embarazos no deseados y feminicidios. Sin embargo, en lugar de reforzar el trabajo con mujeres en situación de riesgo, los servicios sociales y los refugios se vieron forzados a centrarse en hacer frente a la pandemia, y se redujeron incluso más los pocos recursos disponibles para las víctimas de violencia de género.

En la mayoría de los países, la policía, el poder judicial y los servicios psicosociales no habían logrado hacer frente a la violencia contra las mujeres ni siquiera antes de 2020, y la pandemia no hizo más que acentuar el problema: la policía dejó de investigar casos de violencia contra las mujeres y los tribunales cancelaron audiencias y pospusieron sentencias.


La policía dejó de investigar casos de violencia contra la mujer y los tribunales cancelaron audiencias o pospusieron decisiones.

En 2020 aumentó la concienciación sobre las condiciones de privación de libertad en los centros penitenciarios. Los medios de comunicación informaron de las nocivas consecuencias de la pandemia para los presos y distintos países liberaron a personas privadas de libertad. Sin embargo, en pocas ocasiones pudieron las presas beneficiarse de estas medidas positivas. Permanecieron encarceladas y se les continuó negando el acceso a artículos de higiene esenciales. Solamente los hombres pudieron acceder a las instalaciones para organizar reuniones en línea, privándose así a las mujeres de ver a sus hijos. La ausencia de enfoques que tuviesen en cuenta las cuestiones de género en el contexto de las medidas de lucha contra la Covid-19 exacerbó las precarias condiciones de privación de libertad a las que se somete a las mujeres, y es probable que se continúen viendo sus efectos perjudiciales a largo plazo.

Con el objetivo de abordar el aumento de violencia contra las mujeres en 2020, la OMCT reunió a ocho organizaciones asiáticas que conocen bien el asunto para investigar y hacer trabajo de incidencia sobre las mujeres y tortura en la región. Además, la OMCT realizó una misión en Latinoamérica y elaboró un informe sobre la situación de extrema precariedad de las 153 mujeres y los 13 menores privados de libertad en la deteriorada prisión de Quetzaltenango, en Guatemala.

En Burundi, las fuerzas del orden utilizan desde hace tiempo la violación como arma política contra mujeres y hombres para acallar las opiniones discrepantes. Junto con un socio local, la OMCT lanzó en noviembre y diciembre una campaña de redes sociales y proporcionó apoyo a varias supervivientes a través del Fondo para Víctimas de Tortura.

En 2020 también logramos grandes victorias:

  • Después de casi siete años de privación de libertad en México, Mónica Esparza fue finalmente puesta en libertad en marzo. La OMCT y el Centro Prodh, miembro de la red en México, llevaban años haciendo campaña en favor de la liberación de Mónica, a quien la policía había sometido a detención arbitraria, violación y tortura, además de torturar a su marido ante ella hasta matarlo. Este caso emblemático está lejos de ser un caso aislado: la violación y otras formas de tortura perpetradas por agentes estatales son extremadamente frecuentes en México.
  • Spravedlivost, miembro de la red de la OMCT en Kirguistán, logró una victoria histórica en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) cuando en noviembre los miembros del comité declararon al Estado culpable de prácticas de tortura y malos tratos contra una mujer privada de libertad. Establecieron que el hecho de que las instalaciones de privación de libertad no satisficiesen las necesidades específicas de las mujeres constituía discriminación, de conformidad con el artículo 1 de la Convención CEDAW. Respetar la dignidad y la privacidad de las mujeres privadas de libertad debe ser prioritario para el personal de los centros penitenciarios.
    La OMCT ha presentado un informe amicus curiae en el marco de este caso en el que se ponen de relieve las obligaciones en virtud del derecho internacional en el contexto de las mujeres privadas de libertad.

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Historia: Anésie y Delia

Anésie tenía solamente 18 años cuando Burundi se vio asediado por la violencia. Unas semanas después de que secuestrasen y matasen a su padre, miembro de la oposición, la policía secuestró a Anésie cuando volvía del colegio y la violó en grupo. Cuando los médicos le dijeron que estaba embarazada, Anésie intentó suicidarse con veneno. Su familia las envió a ella y a su madre (víctima también de una violación por razones políticas) al extranjero para protegerlas. Anésie tuvo que dejar los estudios y trabajar para poder mantener a su hija, que tiene ahora cuatro años, pero gracias a la OMCT ha podido abrir una pequeña tienda.

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