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Níger está situado en la encrucijada de las rutas migratorias de África y es una importante plataforma de tránsito para miles de migrantes del África subsahariana que se dirigen al Magreb y a Europa. Por otro lado, la crisis que asola actualmente el Sahel en materia de seguridad ha tenido considerables consecuencias humanitarias, conducentes a desplazamientos masivos de población. La lucha contra el grupo terrorista Boko Haram ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Del mismo modo que los grupos armados no estatales torturan a civiles y a miembros de las fuerzas de seguridad, se ha denunciado ampliamente que también el Estado utiliza la tortura tanto contra presuntos terroristas como contra civiles.
Asimismo, las personas migrantes que cruzan las fronteras nigerinas para llegar a Europa a través de Libia o Argelia están expuestas a sufrir tortura a manos de múltiples actores, incluidas las fuerzas de seguridad, además de traficantes y pasadores de fronteras. La sociedad civil culpa a las leyes y políticas antimigratorias aprobadas desde 2015 con el apoyo de la Unión Europea de promover la práctica de la tortura y los malos tratos, incluido el tráfico ilícito de migrantes en el desierto.
Níger tardó 20 años en presentar por fin, en noviembre de 2019, su informe inicial al Comité contra la Tortura (CAT). En esa ocasión, quedó claro que sus marcos legislativo e institucional contra la tortura están incompletos. El Código Penal no define ni penaliza claramente la tortura. La legislación antiterrorista y antimigratoria da a entender que, en determinadas circunstancias, podría justificarse o tolerarse la tortura. La OMCT llevó a cabo en octubre de 2019 una misión de observación e incidencia en Níger, en la que se mantuvieron reuniones con migrantes en Agadez junto con las organizaciones asociadas Alternative Espaces Citoyens (AEC) y Collectif des organisations de Défense des Droits de l'Homme et de la Démocratie (CODDHD). El resultado fue un informe alternativo al CAT que contribuyó a que Niamey introdujera cambios inmediatos al final del año, entre ellos la aprobación de una ley que define y penaliza la tortura y de otra que establece un mecanismo nacional de prevención.