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El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas, con tácticas represivas como palizas, humillación en público, restricciones de viaje o despidos del puesto de trabajo. Son frecuentes los procesamientos y sentencias condenatorias de miembros de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas por delitos contra la seguridad del Estado. Algunas de estas personas son sometidas a detención por breves periodos, sin orden judicial, en virtud de ambiguos conceptos penales como “peligrosidad social predelictiva”, que justifican la imposición de medidas de seguridad, restricciones de la libertad de circulación, vigilancia intrusiva, agresión física y otros actos de intimidación y hostigamiento. Se recurre a menudo a la detención para impedir la participación en marchas o en reuniones pacíficas para hablar de política. Hay numerosas denuncias de uso de métodos de coercitivos e incluso tortura durante los interrogatorios, en particular privación del sueño, reclusión en régimen de aislamiento y exposición a cambios bruscos de temperatura. Estas prácticas fueron documentadas en un informe presentado al Comité contra la Tortura (CAT) en el último examen de Cuba ante este órgano en 2012. La OMCT hace seguimiento de la represión de los defensores y defensoras de los derechos humanos y pide que se ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por sus opiniones políticas.