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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: ratificación o adhesión Estado parte desde el 5 enero, 1990. Estado parte en el Protocolo Facultativo de la Convención (OPCAT) desde el 9 junio, 2008
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Guatemala

De un vistazo

La tortura en Guatemala es un problema estructural, resultado de relaciones económicas y sociales desiguales, favorecidas por los patrones endémicos de discriminación contra grupos vulnerables como las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades rurales y las personas con discapacidades. Muchas acciones desarrolladas recientemente por el Gobierno refuerzan este contexto, agravando las violaciones de derechos y, por lo tanto, fragilizando el Estado Democrático. Las mayores dificultades que obstaculizan el correcto cumplimiento de la Convención contra la Tortura han sido reiteradas en varias ocasiones por el Comité contra la (Tortura: la persistente inadecuación de la tipificación del delito de tortura con lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención favorece la impunidad y se une a un debilitado Mecanismo de Prevención a la Tortura y a la falta de independencia judicial, que favorece la impunidad. Además se mantiene un sistema carcelario en crisis; y un uso excesivo y represivo de la fuerza dirigido a la población civil, como, por ejemplo, los desalojos forzados de mucha comunidades en beneficio de grandes empresas . La situación de los defensores de derechos humanos, por tanto, es alarmante.

Desde finales de 2018, la OMCT viene realizando un trabajo minucioso de monitoreo de la implementación de las recomendaciones presentes en el último informe de revisión al Estado de Guatemala. De la mano de sus organizaciones socias, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (UDEFEGUA) y la Plataforma Internacional contra la Impunidad, ha realizado distintas misiones de preparación y seguimiento en Guatemala, acompañando la presentación de informes ante el Comité CAT, como por ejemplo, el informe de 2020 sobre la situación de malos tratos que viven las personas privadas de libertad en el país carcelaria para visibilizar la situación inhumana y degradante en que se encuentran, especialmente en un contexto como el de la pandemia provocada por la COVID-19. Desde la OMCT se ha apoyado también la tramitación de casos emblemáticos como el de Hogar Seguro, así como a las y los defensores de derechos humanos que día a día ponen sus vidas en peligro para garantizar que el disfrute de los derechos humanos sea una realidad en Guatemala.

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